Por un Trabajo Digno, es un proyecto de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT, iniciado en el año 2006 gracias a la financiación de la Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MISSM), y desde el año 2007 también cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE), en el marco de los distintos Programas Operativos (“P.O. Lucha contra la discriminación 2007-2013”, “P. O. de Inclusión Social y de la Economía Social 2014-2020” y “Programa de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza 2021-2027 FSE+”). Este proyecto de sensibilización, tiene como objetivo prevenir la discriminación en el acceso y permanencia en el empleo así como promover la igualdad de trato en el ámbito laboral entre las personas nacionales de terceros países y la población autóctona. Entre sus acciones: sensibilizar a la sociedad mediante el Boletín Por un Trabajo Digno; informar a los trabajadores y trabajadoras sobre sus derechos y obligaciones en el ámbito laboral, elaborando y difundiendo material informativo específico; y realizar campañas de sensibilización contra la discriminación y los prejuicios como la campaña #TrabajoLibreDeBulos; dedicando siempre una especial atención a las mujeres trabajadoras extranjeras no comunitarias, así como a las personas de nacionalidad extracomunitaria que se encuentran en situación de riesgo de pobreza o exclusión.

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Unión europea: análisis comparativo de las leyes antidiscriminación en 2024

Una red legal para la igualdad

La Red Europea de Expertos Jurídicos en Igualdad de Género y No Discriminación presentó un exhaustivo informe que analiza la legislación sobre no discriminación en los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Este estudio, basado en información actualizada a 1 de enero de 2024, destaca los avances, desafíos y disparidades existentes en la protección legal frente a la discriminación.

Motivos protegidos contra la discriminación

Las directivas europeas prohíben la discriminación por motivos de origen racial o étnico, religión o creencias, discapacidad, edad y orientación sexual. Sin embargo, la forma en que cada Estado transpone estas normas varía notablemente:

  • Algunos países adoptan leyes generales de igualdad.
  • Otros dispersan la normativa en diferentes textos legales (laborales, penales o administrativos).
  • Existen diferencias en el reconocimiento de formas de discriminación interseccional o por asociaciones.

Diferencias en la definición y aplicación

Aunque todos los Estados han transpuesto las directivas, persisten discrepancias significativas:

  • No todos los países definen claramente los motivos protegidos.
  • Algunos sistemas requieren reformas para adaptarse al concepto europeo de discapacidad.
  • Las definiciones legales de religión o creencia siguen siendo limitadas o ambiguas.

Acceso a la justicia y mecanismos de defensa

El informe subraya la importancia de garantizar el acceso efectivo a la justicia para las víctimas de discriminación:

  • Se analizan los obstáculos procesales, la carga de la prueba, la protección frente a represalias y la disponibilidad de sanciones efectivas.
  • Destaca el papel crucial de los organismos de igualdad, cuya eficacia varía ampliamente entre países.

Acciones positivas y excepciones permitidas

La legislación permite medidas específicas para promover la igualdad real (acciones positivas), así como excepciones limitadas al principio de igualdad de trato, por ejemplo, en fuerzas armadas o en requisitos profesionales legítimos.

Evaluación y cumplimiento normativo

Algunos países han iniciado procesos de revisión de sus marcos normativos, mientras que otros enfrentan procedimientos de infracción por parte de la Comisión Europea por una transposición incorrecta o incompleta.

Conclusión: una Europa con avances y retos compartidos

El informe concluye que, pese a los avances, persisten desigualdades en la aplicación del derecho antidiscriminatorio en la UE. Se requieren esfuerzos coordinados, supervisión activa y una apuesta decidida por la igualdad como pilar fundamental del proyecto europeo.

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