Por un Trabajo Digno, es un proyecto de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT, iniciado en el año 2006 gracias a la financiación de la Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MISSM), y desde el año 2007 también cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE), en el marco de los distintos Programas Operativos (“P.O. Lucha contra la discriminación 2007-2013”, “P. O. de Inclusión Social y de la Economía Social 2014-2020” y “Programa de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza 2021-2027 FSE+”). Este proyecto de sensibilización, tiene como objetivo prevenir la discriminación en el acceso y permanencia en el empleo así como promover la igualdad de trato en el ámbito laboral entre las personas nacionales de terceros países y la población autóctona. Entre sus acciones: sensibilizar a la sociedad mediante el Boletín Por un Trabajo Digno; informar a los trabajadores y trabajadoras sobre sus derechos y obligaciones en el ámbito laboral, elaborando y difundiendo material informativo específico; y realizar campañas de sensibilización contra la discriminación y los prejuicios como la campaña #TrabajoLibreDeBulos; dedicando siempre una especial atención a las mujeres trabajadoras extranjeras no comunitarias, así como a las personas de nacionalidad extracomunitaria que se encuentran en situación de riesgo de pobreza o exclusión.

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UGT reclama impulsar los derechos laborales y sociales de las trabajadoras del hogar

Con motivo del 30 de marzo, la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores reclama al Gobierno el inicio de la mesa de Diálogo Social con el fin de impulsar la equiparación de derechos en materia laboral y de seguridad social de este colectivo, así como agilizar los trámites para la ratificación del Convenio 189 de la OIT sobre trabajo decente para las trabajadoras domésticas.

La exclusión de la prevención de riesgos laborales, la extinción del contrato sin causa alguna, la no consideración del trabajo nocturno o las dificultades de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social son algunos de los elementos que caracterizan a una actividad en la que más del 95% de las personas afiliadas a la Seguridad Social son mujeres.

En este sentido, en su informe “Trabajar cuidando”, UGT recuerda que España concentra el 29,1% del total del empleo doméstico de los países de la Unión Europea. En cuanto al total del empleo en España, el trabajo del personal doméstico supone el 2´7% del total de empleos de nuestro país, muy por encima de la media de la Unión, situada en un 0´9%; y somos el duodécimo Estado miembro de la Unión en gasto en familia e infancia por habitante, 349 euros, que representan el 5´4% del gasto total en protección social por habitante.

El sindicato recuerda que la pandemia ha tenido efectos devastadores para el trabajo doméstico, ya que la ocupación descendió en 93.000 personas entre el primer y segundo trimestre de 2020. Una tendencia que, sin duda, puede relacionarse con la permanencia de mujeres trabajadoras de otras actividades en los ERTE de suspensión total o parcial, la pérdida del empleo y con la mayor prevalencia de las mujeres en el teletrabajo, lo que ha creado el efecto sustitución de las tareas desarrolladas por trabajadoras del hogar a tiempo parcial por mujeres que trabajan en otra actividad mientras cuidan (teletrabajo o suspensión parcial) o que no pueden trabajar y asumen las responsabilidades de cuidado.

Además, el informe relaciona el elevado nivel de empleo como personal doméstico en España con la falta de una cobertura pública de necesidades sociales; y se detiene en la disminución de la ocupación en esta actividad desde el año 2020, al regresar las mujeres trabajadoras de otras actividades a sus hogares como consecuencia de los ERTE, el teletrabajo o el despido. Las diferencias por razón de sexo llegan también a las trabajadoras del hogar que trabajan más a tiempo parcial y cobran menos que los hombres.

Por ello, UGT reclama la apertura de la mesa de Diálogo Social para impulsar los derechos de este colectivo y denuncia, asimismo, que la discriminación indirecta por razón de sexo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que existe en el caso de la prestación desempleo, se extiende a otros aspectos de la regulación de este trabajo.

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