Por un Trabajo Digno, es un proyecto de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT, iniciado en el año 2006 gracias a la financiación de la Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MISSM), y desde el año 2007 también cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE), en el marco de los distintos Programas Operativos (“P.O. Lucha contra la discriminación 2007-2013”, “P. O. de Inclusión Social y de la Economía Social 2014-2020” y “Programa de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza 2021-2027 FSE+”). Este proyecto de sensibilización, tiene como objetivo prevenir la discriminación en el acceso y permanencia en el empleo así como promover la igualdad de trato en el ámbito laboral entre las personas nacionales de terceros países y la población autóctona. Entre sus acciones: sensibilizar a la sociedad mediante el Boletín Por un Trabajo Digno; informar a los trabajadores y trabajadoras sobre sus derechos y obligaciones en el ámbito laboral, elaborando y difundiendo material informativo específico; y realizar campañas de sensibilización contra la discriminación y los prejuicios como la campaña #TrabajoLibreDeBulos; dedicando siempre una especial atención a las mujeres trabajadoras extranjeras no comunitarias, así como a las personas de nacionalidad extracomunitaria que se encuentran en situación de riesgo de pobreza o exclusión.

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La OCDE destaca el papel de las ciudades en la inclusión de las personas migrantes

Un nuevo informe subraya que reducir las desigualdades en empleo, educación y vivienda es clave para aprovechar la contribución de la población de origen migrante al desarrollo urbano.

Las personas con origen migrante desempeñan un papel cada vez más importante en la economía, la demografía y la cohesión social de las ciudades europeas. Sin embargo, continúan enfrentándose a obstáculos en ámbitos como el empleo, la educación, la vivienda o el acceso a servicios básicos. Así lo señala la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el informe Impulsar el crecimiento inclusivo en las ciudades para las personas con origen migrante, que analiza los principales retos y las políticas locales desarrolladas en ciudades de la Unión Europea y de la OCDE.

La población migrante es esencial para la vitalidad económica de las ciudades

Según la OCDE, las personas nacidas en el extranjero se concentran especialmente en las áreas urbanas. En el conjunto de la OCDE, el 62% de la población nacida fuera del país reside en grandes áreas metropolitanas, frente al 45% de la población nacida en el propio país. En las ciudades de la Unión Europea representaban en 2024 cerca del 20% de la fuerza laboral urbana.

El informe destaca que la inclusión efectiva de las personas migrantes no solo constituye una cuestión de igualdad de oportunidades, sino también una inversión estratégica para afrontar el envejecimiento demográfico, cubrir necesidades de mano de obra y reforzar la competitividad de las ciudades.

Persisten importantes desigualdades en el mercado laboral

A pesar de su creciente presencia en las ciudades europeas, las personas de nacionalidad extracomunitaria siguen registrando peores indicadores laborales.

En 2024, la tasa de empleo de las personas nacionales de terceros países en la Unión Europea era del 63%, frente al 76,2% de las personas nacionales del país y el 77,6% de la ciudadanía comunitaria residente en otro Estado miembro. Asimismo, la tasa de desempleo de las personas extracomunitarias alcanzaba el 12,3%, más del doble que la de las personas nacionales (5,2%).

La OCDE señala además que las personas migrantes tienen una mayor presencia en empleos temporales, trabajo a tiempo parcial involuntario y situaciones de sobrecualificación laboral. Esta última afecta especialmente a las mujeres migrantes, que presentan tasas de sobrecualificación superiores a las de los hombres migrantes y muy por encima de las registradas entre la población nacida en el país.

Las mujeres migrantes afrontan barreras adicionales

El informe incorpora una perspectiva de género al señalar que las mujeres migrantes suelen enfrentarse a obstáculos específicos para su inclusión social y laboral.

Entre ellos figuran las dificultades para acceder a formación, la asunción desigual de responsabilidades de cuidados, menores tasas de participación laboral y una mayor exposición a situaciones de explotación laboral. La OCDE destaca que, pese a que las mujeres migrantes presentan de media niveles educativos superiores a los de los hombres migrantes, sus resultados laborales continúan siendo peores.

El documento subraya también la situación de especial vulnerabilidad de las mujeres refugiadas y de las familias monoparentales encabezadas por mujeres, para las que recomienda medidas específicas de apoyo.

La vivienda continúa siendo uno de los principales factores de exclusión

La OCDE identifica el acceso a una vivienda adecuada y asequible como uno de los principales desafíos para las personas con origen migrante.

En el conjunto de la OCDE, aproximadamente una de cada cinco personas nacidas en el extranjero destina más del 40% de su renta disponible al pago del alquiler. Además, el hacinamiento residencial afecta con mucha mayor frecuencia a los hogares de origen migrante que a los hogares nativos.

El informe advierte de que las dificultades de acceso a la vivienda favorecen la segregación residencial y limitan las oportunidades educativas, laborales y sociales de las personas migrantes, contribuyendo a la reproducción de desigualdades en el ámbito urbano.

Las ciudades españolas aparecen como ejemplos de buenas prácticas

La OCDE recoge diversas experiencias desarrolladas en ciudades españolas para favorecer la inclusión social y económica de las personas con origen migrante.

En Barcelona, el informe destaca el Plan de Choque contra la Segregación Escolar, una iniciativa que combina financiación específica, cuotas basadas en criterios de renta, reserva de plazas para alumnado vulnerable y reformas en los procesos de admisión escolar. Según la organización, estas medidas han contribuido desde 2018 a reducir la segregación escolar un 23% en educación infantil, un 16% en educación primaria y un 26% en educación secundaria obligatoria.

En Fuenlabrada, la OCDE pone en valor un modelo de integración financiado por la iniciativa Urban Innovative Actions de la Unión Europea. El proyecto implica directamente al tejido empresarial mediante los denominados Business Challenge Labs, espacios en los que las empresas colaboran en el diseño de itinerarios formativos breves adaptados a vacantes reales. Más de un centenar de empresas han participado en esta iniciativa orientada a facilitar el acceso al empleo de personas con origen migrante y otros colectivos vulnerables.

El informe también reconoce la participación de representantes de Fuenlabrada en los trabajos, talleres e intercambios de experiencias que han contribuido a la elaboración de las recomendaciones de la OCDE sobre crecimiento inclusivo e integración de personas migrantes en las ciudades.

Por su parte, Bilbao aparece citada como ejemplo de participación de las comunidades migrantes en el diseño de políticas públicas. La ciudad incorporó a la comunidad ucraniana a su consejo local de inmigración, favoreciendo la implicación directa de las personas migrantes en los procesos de decisión municipales.

Además, la OCDE destaca la utilización de cláusulas sociales en la contratación pública municipal de Bilbao para promover la diversidad entre proveedores y favorecer la inclusión y la interculturalidad como criterios de valoración en los contratos públicos.

La inclusión favorece el crecimiento económico y la innovación

La OCDE concluye que la inclusión efectiva de las personas con origen migrante genera beneficios económicos y sociales para el conjunto de las ciudades.

Según el informe, un aumento del 10% en la proporción de población migrante se asocia, de media, con un incremento del 0,15% del PIB regional per cápita. Asimismo, un aumento del 10% en el número de personas migrantes se relaciona con un crecimiento del 1,2% de las exportaciones y del 2,5% de las importaciones regionales.

La organización considera que aprovechar plenamente estas contribuciones requiere reforzar las políticas de educación, empleo, vivienda y acceso a servicios, así como garantizar una coordinación efectiva entre administraciones y actores locales para avanzar hacia ciudades más inclusivas, cohesionadas y resilientes.

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