El Informe Anual 2024 del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes alerta de tasas más altas de paro, temporalidad y precariedad entre las personas de origen extranjero
Las personas de origen extranjero continúan enfrentando condiciones más precarias y desiguales en el mercado laboral español, según recoge el capítulo “Situación sociolaboral de la población de nacionalidad y de origen extranjero” del Informe Anual 2024 sobre la situación de las personas migrantes y refugiadas en España, elaborado por el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes (FISI).
Este capítulo ha sido redactado por la Comisión de Empleo e Igualdad de Oportunidades del Foro, presidida por UGT, e integrada por representantes del Ministerio de Políticas Territoriales, la FEMP, las entidades Ibn Battuta, Asociación Rumiñahui, Red Transnacional de Mujeres, Pachamama (Asociación de Mujeres Empresarias Iberoamericana) y las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME. El contenido ha sido consensuado por todas sus vocalías.
Una inserción laboral marcada por la inestabilidad
En este capítulo se constata que, a pesar de la mejora general de los indicadores del empleo en 2023, la población extranjera sigue sufriendo tasas más altas de paro y temporalidad que la población nacional, y que supone el 12,2 % del total de afiliaciones a la Seguridad Social (dato a diciembre de 2023), un porcentaje inferior al de años anteriores. A pesar del crecimiento económico y de la recuperación del empleo, este colectivo ocupa con frecuencia los puestos de menor cualificación en sectores estructuralmente más vulnerables, con mayor rotación, peores salarios y condiciones laborales más frágiles.
Entre los sectores con mayor peso de empleo inmigrante figuran la agricultura, la construcción, el transporte, la hostelería y el trabajo doméstico. El informe también señala que la sobrecualificación y la infrautilización de las capacidades y competencias son fenómenos habituales, especialmente entre personas extranjeras con estudios medios o superiores.
También se advierte de una presencia creciente de personas extranjeras en el trabajo autónomo como forma de inserción laboral, en muchos casos motivada por la dificultad de acceder al mercado laboral por cuenta ajena.
Otro de los aspectos destacables es la dificultad para acceder a mecanismos de mejora del empleo, como la formación profesional o la promoción interna, lo que agrava la brecha entre trabajadores nacionales y extranjeros.
Mujeres migrantes: doble discriminación y mayor precariedad
Así mismo, se dedica una especial atención a la situación de las mujeres inmigrantes, que enfrentan una doble desigualdad por razón de género y origen. Estas mujeres están sobrerrepresentadas en sectores con baja protección laboral y alta informalidad, como el empleo doméstico y los cuidados no regulados.
El texto recoge que las tasas de paro y temporalidad entre mujeres extranjeras son superiores tanto a las de las mujeres nacionales como a las de los hombres extranjeros, lo que las sitúa en una posición de mayor vulnerabilidad económica y social. El informe destaca que más del 55 % de las mujeres extranjeras ocupadas trabaja en solo tres ramas de actividad: empleo del hogar, comercio y hostelería, sectores con alta rotación, informalidad y baja remuneración.
Asimismo, el informe alerta de que las mujeres migrantes tienen menos acceso a las políticas activas de empleo y a los recursos específicos de inserción laboral. Además, muchas de ellas se ven excluidas de los procesos de formación y promoción, lo que impide mejorar su empleabilidad y condiciones laborales.
La Comisión y subraya la importancia de diseñar estrategias interseccionales que combinen el enfoque de género con el enfoque migratorio, así como de reconocer la experiencia y las cualificaciones adquiridas en sus países de origen.
Un llamado a reforzar la igualdad de oportunidades
Desde la Comisión de Empleo e Igualdad de Oportunidades del Foro se insiste en la necesidad de avanzar hacia políticas públicas que garanticen el acceso igualitario al empleo de calidad, el reconocimiento de competencias profesionales adquiridas en los países de origen y la lucha contra la discriminación en el ámbito laboral.
También se considera clave mejorar la producción de datos desagregados por sexo y origen, con el fin de visibilizar de forma más precisa las desigualdades existentes y orientar políticas eficaces.
