Ambos sindicatos consideran el reglamento incompleto y unilateral, rompiendo con el consenso tripartito en torno a la política de migración laboral
UGT y CCOO llevaban meses reivindicando la necesidad de abrir de nuevo la mesa de Diálogo Social, ya que el consenso entre Interlocutores sociales y Gobierno en las materias que tienen que ver con el mercado de trabajo es necesario para lograr un equilibrio entre los intereses económicos y empresariales y los derechos de trabajadoras y trabajadores. Una mesa para abordar de forma tripartita cambios en el reglamento de la ley de extranjería y adaptarlo a la realidad actual, tanto en lo que se refería al Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, como otros elementos básicos como las autorizaciones excepcionales. Asimismo, la aprobación de la reforma laboral supuso una severa disfunción en el ámbito de extranjería, caracterizado por la vinculación de los permisos a contratos temporales de trabajo que dejó obsoleto el reglamento.
Pese a esto, CCOO y UGT recuerdan que el Gobierno llevaba ya tiempo explotando la vía abierta por el Partido Popular, con la Ley de apoyo a emprendedores, para atender peticiones de sectores empresariales y económicos, eludiendo así los controles básicos de la normativa de extranjería y ahondando en la creación de una vía privilegiada para las grandes empresas y trabajadores y trabajadoras con determinadas cualificaciones, y horadando de esta manera los principios tripartitos acordados en el marco del Dialogo Social.
Para ambas organizaciones, la reforma que se ha aprobado hoy en Consejo de Ministros es precipitada e incompleta, precipitada por no haberse producido un marco real de negociación en el ámbito del diálogo social como si se produjo en 2004 y 2011 mientras que se ha impulsado un procedimiento dirigido por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, destinado a satisfacer de manera casi inmediata las supuestas necesidades de sectores laborales que dicen requerir incorporación urgente de personas migrantes.
En este sentido, es un flaco favor el que hace este Ministerio a la cohesión del mercado de trabajo español cuando, en lugar de apostar por mejorar las condiciones de trabajo de sectores precarizados -y muchas veces indignos- se les facilita una “mano de obra subsidiaria” para colmar sus lagunas.
El Ministerio de Trabajo no debería avalar esta reforma.
UGT y CCOO tampoco entienden el silencio del Ministerio de Trabajo y Economía Social ante una reforma que en la práctica vuelve inútil la gestión de las ofertas de empleo, poniendo en cuestión la propia utilidad de los servicios públicos de empleo. Pero menos aún, que cuando este Ministerio hace bandera de que en este país la falta de cobertura de determinados puestos de trabajo está determinada por las condiciones de empleo, permita que, con determinadas figuras introducidas en la modificación, esos mismos puestos si puedan ser cubiertos por trabajadores y trabajadoras inmigrantes, sin importar, en este caso, cuales sean las condiciones.
Para CCOO y UGT, hay una serie de aspectos a valorar en la reforma, como la modificación del arraigo laboral, el social y el nuevo por colaboración con la administración laboral, pero quedan totalmente deslucidos por los elemento que, desde un punto de vista de fondo ambos sindicatos rechazan, como es la transformación de la autorización de estancia para extranjeros y extranjeras por motivos de estudios en una suerte de autorización para trabajar por causa de formación, que supone pervertir la figura del estudiante extranjero y transformarlos en un pre trabajador o trabajadora sin importar el promocionar o facilitar la fuga o drenaje de cerebros desde los países de origen y, de paso, volviendo inútil la consideración de la situación nacional del empleo, porque los trabajadores ya se encontrarán aquí.
Además, ambas organizaciones consideran sospechosa la figura del arraigo por motivos de formación, que supuestamente permitirá el acceso a la documentación a través de una formación previa en España y dirigida a satisfacer lagunas laborales de determinados sectores; y la figura más importante, como es la determinación de la situación nacional de empleo a través del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, sufre una “reforma interruputus”, puesto que no se abarca una reforma meditada en su totalidad de los elementos que deben configurar un mecanismo ágil, eficaz y realista para evaluar las necesidades reales del mercado de trabajo español. Lo que se hace, en la práctica, es invalidarlo con la posibilidad de que la Comisión Delegada de Asuntos Económicos introduzca las ocupaciones que quiera en el mismo, obviamente a petición de sectores económicos y empresariales y al margen de las organizaciones sindicales.
Por ello, UGT y CCOO llamamos a retomar el diálogo social efectivo en materia migratoria, que desde 2004 ha permitido el desarrollo de una política efectiva basada en el diálogo con los interlocutores sociales.
