Por un Trabajo Digno, es un proyecto de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT, iniciado en el año 2006 gracias a la financiación de la Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MISSM), y desde el año 2007 también cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE), en el marco de los distintos Programas Operativos (“P.O. Lucha contra la discriminación 2007-2013”, “P. O. de Inclusión Social y de la Economía Social 2014-2020” y “Programa de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza 2021-2027 FSE+”). Este proyecto de sensibilización, tiene como objetivo prevenir la discriminación en el acceso y permanencia en el empleo así como promover la igualdad de trato en el ámbito laboral entre las personas nacionales de terceros países y la población autóctona. Entre sus acciones: sensibilizar a la sociedad mediante el Boletín Por un Trabajo Digno; informar a los trabajadores y trabajadoras sobre sus derechos y obligaciones en el ámbito laboral, elaborando y difundiendo material informativo específico; y realizar campañas de sensibilización contra la discriminación y los prejuicios como la campaña #TrabajoLibreDeBulos; dedicando siempre una especial atención a las mujeres trabajadoras extranjeras no comunitarias, así como a las personas de nacionalidad extracomunitaria que se encuentran en situación de riesgo de pobreza o exclusión.

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Protección de los derechos de mujeres y niñas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo

Recomendaciones del Consejo de Europa

El Consejo de Europa ha publicado una guía para la implementación de la Recomendación CM/Rec (2022)17, centrada en la protección de los derechos de mujeres y niñas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo. El documento aborda la discriminación de género, la violencia contra las mujeres y las dificultades de acceso a servicios esenciales, destacando la importancia de medidas específicas para garantizar su seguridad y bienestar. Responde directamente a las necesidades urgentes detectadas en Ucrania y en toda Europa.

Garantía de derechos y acceso a servicios esenciales

El Consejo de Europa subraya que las mujeres y niñas migrantes enfrentan múltiples formas de discriminación y vulnerabilidad, lo que requiere medidas específicas para garantizar su acceso a:
  • Información y asistencia jurídica.
  • Servicios de salud, incluyendo atención ginecológica y reproductiva.
  • Protección frente a la violencia de género y la trata de seres humanos.
  • Procesos de asilo y regularización con enfoque de género.
El informe destaca la necesidad de sensibilizar a las autoridades y de aplicar un enfoque interseccional para evitar que factores como la nacionalidad, la condición migratoria o el idioma sean barreras para el ejercicio de sus derechos.

Protección especial para mujeres en situación de vulnerabilidad

El documento recalca la necesidad de medidas diferenciadas para mujeres embarazadas, madres solteras, niñas no acompañadas, personas mayores y con discapacidad, quienes enfrentan mayores riesgos de violencia, exclusión y explotación. Los menores de edad, en particular las niñas, deben recibir protección reforzada para garantizar su acceso a educación, apoyo psicológico y espacios seguros. En este sentido, el informe insta a los Estados a garantizar la reunificación familiar y a prevenir la institucionalización prolongada de los niños migrantes.

Medidas contra la violencia de género y la trata

El Consejo de Europa enfatiza la importancia de prevenir y sancionar la violencia de género, estableciendo refugios especializados y servicios de apoyo para mujeres víctimas de violencia, abuso y explotación. También recomienda que los países faciliten permisos de residencia autónomos para mujeres que han sido víctimas de trata o violencia intrafamiliar, evitando su deportación a entornos inseguros.

Conclusión y recomendaciones

El informe establece que la protección de mujeres y niñas migrantes debe ser un pilar fundamental en las políticas de asilo e integración. Para ello, recomienda:
  1. Garantizar recursos y acceso a servicios esenciales sin discriminación.
  2. Capacitar a funcionarios y profesionales en enfoque de género.
  3. Crear sistemas de protección específicos para víctimas de violencia y trata.
  4. Incluir a las mujeres migrantes en el diseño de políticas públicas.
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