Por un Trabajo Digno, es un proyecto de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT, iniciado en el año 2006 gracias a la financiación de la Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MISSM), y desde el año 2007 también cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE), en el marco de los distintos Programas Operativos (“P.O. Lucha contra la discriminación 2007-2013”, “P. O. de Inclusión Social y de la Economía Social 2014-2020” y “Programa de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza 2021-2027 FSE+”). Este proyecto de sensibilización, tiene como objetivo prevenir la discriminación en el acceso y permanencia en el empleo así como promover la igualdad de trato en el ámbito laboral entre las personas nacionales de terceros países y la población autóctona. Entre sus acciones: sensibilizar a la sociedad mediante el Boletín Por un Trabajo Digno; informar a los trabajadores y trabajadoras sobre sus derechos y obligaciones en el ámbito laboral, elaborando y difundiendo material informativo específico; y realizar campañas de sensibilización contra la discriminación y los prejuicios como la campaña #TrabajoLibreDeBulos; dedicando siempre una especial atención a las mujeres trabajadoras extranjeras no comunitarias, así como a las personas de nacionalidad extracomunitaria que se encuentran en situación de riesgo de pobreza o exclusión.

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Nueva guía del Consejo de Europa para reforzar la protección de mujeres y niñas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo

Un instrumento práctico para autoridades nacionales

El Consejo de Europa ha publicado una nueva guía práctica destinada a ayudar a las autoridades nacionales a proteger a las mujeres y niñas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo.
El documento ofrece orientaciones concretas para la aplicación de los estándares europeos de derechos humanos y de igualdad de género, reforzando el cumplimiento de los compromisos asumidos por los Estados miembros.

Enfoque basado en derechos humanos y perspectiva de género

La guía promueve un enfoque integral de derechos humanos que combine la protección frente a la violencia de género, la no discriminación y el acceso efectivo a la justicia.
El texto recuerda que las mujeres y niñas migrantes enfrentan vulnerabilidades específicas, tanto durante el tránsito como tras su llegada, y destaca la necesidad de integrar la perspectiva de género en todas las fases de las políticas migratorias y de asilo.

Medidas clave para los Estados

Entre las principales recomendaciones, el Consejo de Europa insta a los Estados a:

  • Garantizar la identificación temprana de víctimas de violencia o trata, con mecanismos sensibles al género.
  • Facilitar el acceso a servicios de apoyo y protección, incluidos refugios seguros y atención sanitaria y psicológica.
  • Eliminar obstáculos jurídicos y administrativos que limiten la protección internacional de mujeres y niñas.
  • Formar al personal público -incluidas las autoridades migratorias, policiales y judiciales- en la detección de riesgos y en la aplicación de medidas de protección.
  • Asegurar la participación de las mujeres migrantes y refugiadas en el diseño y evaluación de las políticas que les afectan.

Herramienta complementaria a los estándares internacionales

La guía se apoya en instrumentos del propio Consejo de Europa, como el Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres, y en estándares del Comité Europeo de Derechos Sociales y de la Comisión de Igualdad de Género (GEC).
También refuerza la cooperación con organismos internacionales como ONU Mujeres, ACNUR y la OIM, en la promoción de políticas coordinadas de protección y empoderamiento.

Prioridad política: la seguridad y dignidad de las mujeres migrantes

El Consejo de Europa subraya que proteger a las mujeres y niñas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo no es solo un deber humanitario, sino un imperativo jurídico y político para todos los Estados miembros.
La guía pretende servir de referencia práctica para las administraciones nacionales, garantizando que las políticas migratorias y de asilo respeten la igualdad de género, los derechos humanos y la dignidad de todas las personas, sin discriminación.

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