Por un Trabajo Digno, es un proyecto de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT, iniciado en el año 2006 gracias a la financiación de la Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MISSM), y desde el año 2007 también cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE), en el marco de los distintos Programas Operativos (“P.O. Lucha contra la discriminación 2007-2013”, “P. O. de Inclusión Social y de la Economía Social 2014-2020” y “Programa de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza 2021-2027 FSE+”). Este proyecto de sensibilización, tiene como objetivo prevenir la discriminación en el acceso y permanencia en el empleo así como promover la igualdad de trato en el ámbito laboral entre las personas nacionales de terceros países y la población autóctona. Entre sus acciones: sensibilizar a la sociedad mediante el Boletín Por un Trabajo Digno; informar a los trabajadores y trabajadoras sobre sus derechos y obligaciones en el ámbito laboral, elaborando y difundiendo material informativo específico; y realizar campañas de sensibilización contra la discriminación y los prejuicios como la campaña #TrabajoLibreDeBulos; dedicando siempre una especial atención a las mujeres trabajadoras extranjeras no comunitarias, así como a las personas de nacionalidad extracomunitaria que se encuentran en situación de riesgo de pobreza o exclusión.

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La OIM alerta del aumento de los riesgos migratorios en América Latina y el Caribe entre 2025 y 2028

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha publicado el informe Prospectiva Estratégica: Panorama Multipaís de América Latina y el Caribe 2025-2028, un análisis que identifica las principales tendencias que marcarán la movilidad humana en la región durante los próximos años.

El documento advierte del impacto creciente del crimen organizado, el endurecimiento de las políticas migratorias, el aumento de las deportaciones y la mayor exposición a fenómenos meteorológicos extremos como factores determinantes de las dinámicas migratorias futuras.

La OIM identifica cinco tendencias que condicionarán la movilidad humana en la región

El informe recoge cinco grandes tendencias que, según la OIM, influirán de forma significativa en la migración y el desplazamiento en América Latina y el Caribe entre 2025 y 2028: el aumento de la violencia vinculada al crimen organizado, las nuevas realidades económicas, los cambios en las políticas migratorias, el incremento de la migración inversa y las deportaciones, y la mayor exposición a riesgos climáticos.

Para responder a este escenario, la organización plantea la necesidad de reforzar los sistemas institucionales, impulsar políticas migratorias basadas en derechos, fortalecer los programas de reintegración y mejorar los sistemas de protección y preparación ante desastres.

Más de 78 millones de personas migrantes residen actualmente en las Américas

La OIM señala que las dinámicas migratorias de la región están evolucionando rápidamente y recuerda que actualmente residen en las Américas 78,7 millones de personas migrantes internacionales. Estados Unidos continúa siendo el principal destino migratorio tanto a nivel regional como global.

El informe destaca además que entre 2024 y 2025 más de 1,2 millones de personas atravesaron la selva del Darién en Panamá, principalmente personas venezolanas, colombianas y ecuatorianas. Asimismo, advierte del aumento de la migración inversa tras los cambios en la política migratoria estadounidense de enero de 2025.

En relación con el desplazamiento interno, el documento recoge que en 2024 se registraron aproximadamente 14,5 millones de desplazamientos internos en las Américas. Más del 60% de los desplazamientos vinculados a conflictos y violencia se produjeron en Haití.

El crimen organizado y la violencia continúan impulsando el desplazamiento

Uno de los principales factores analizados por la OIM es el aumento de la violencia vinculada al crimen organizado en distintos países de la región. El informe indica que las tasas de homicidio en América Latina y el Caribe son ocho veces superiores a la media mundial y que las redes criminales continúan ampliando su control territorial y económico.

El documento destaca especialmente la situación de Ecuador, donde los homicidios intencionales aumentaron un 47% durante el primer semestre de 2025, así como el incremento de la violencia de los cárteles en México y la expansión de grupos armados en Colombia. También alerta del crecimiento de la minería ilegal y de sus efectos sobre comunidades indígenas y rurales.

La OIM advierte de que estas dinámicas incrementarán los riesgos de trata de personas, violencia sexual, reclutamiento forzado y desplazamiento, especialmente entre las poblaciones más vulnerables.

La inestabilidad económica y los recortes humanitarios agravan la vulnerabilidad social

El informe señala que América Latina afronta un escenario económico marcado por desigualdades persistentes, desempleo juvenil, informalidad laboral y reducción del financiamiento humanitario internacional. Aunque el crecimiento regional del PIB se mantiene estable, la OIM alerta de que las vulnerabilidades sociales continúan aumentando.

Entre los casos analizados, el documento destaca la elevada informalidad laboral en Ecuador, la vulnerabilidad económica de Costa Rica ante posibles aranceles estadounidenses y la contracción económica e hiperinflación en Venezuela. También advierte de que los recortes en financiación humanitaria podrían dejar sin apoyo esencial a millones de personas migrantes y desplazadas.

La OIM subraya además que la precariedad económica y la falta de alternativas laborales pueden favorecer nuevas migraciones, el aumento de la pobreza y estrategias de supervivencia que incrementan los riesgos de explotación.

La región afronta un endurecimiento de las políticas migratorias

El informe recoge que diversos países de América Latina están adoptando políticas migratorias más restrictivas, especialmente tras los cambios impulsados por Estados Unidos en enero de 2025. Entre las medidas señaladas figuran el refuerzo de controles fronterizos, la ampliación de las deportaciones expeditas y la reactivación de políticas como “Permanecer en México”.

La OIM advierte de que estas medidas podrían aumentar la migración irregular y empujar a más personas hacia rutas de alto riesgo, donde crecen los peligros de violencia, secuestro, explotación y abusos.

El aumento de las deportaciones incrementa la presión sobre los países de origen y tránsito

El informe identifica un crecimiento de la migración de retorno y de las deportaciones en distintos países de la región. Ecuador recibió 2.000 personas deportadas desde Estados Unidos entre enero y marzo de 2025, mientras que más de 10.000 personas venezolanas habían retornado hasta mediados de año mediante vuelos de repatriación.

La OIM señala que esta situación está aumentando la presión sobre servicios sociales y sistemas de acogida ya sobrecargados, especialmente en materia de vivienda, salud y empleo. El documento alerta también del incremento de la estigmatización y de las dificultades de reintegración para las personas retornadas.

Los fenómenos meteorológicos extremos serán un factor creciente de desplazamiento

La OIM advierte de que los fenómenos meteorológicos extremos tendrán un impacto cada vez mayor sobre la movilidad humana en la región. El informe recoge inundaciones, sequías, incendios forestales, deslizamientos de tierra y aumento del nivel del mar como algunos de los principales riesgos climáticos identificados.

Entre los ejemplos analizados, el documento menciona las inundaciones registradas en Ecuador y Colombia durante 2025, las amenazas climáticas que afectan al Canal de Panamá y el desplazamiento de comunidades indígenas en distintas zonas de América Latina.

La organización considera que estos fenómenos incrementarán el desplazamiento interno, agravarán la inseguridad alimentaria y aumentarán la presión sobre las ciudades y los sistemas de protección social.

La OIM apuesta por reforzar la prospectiva y la cooperación regional

El informe concluye que la gestión de la movilidad humana en América Latina requerirá una respuesta coordinada entre gobiernos, organizaciones internacionales, sociedad civil, academia y sector privado. La OIM plantea reforzar los sistemas de alerta temprana, ampliar los ejercicios de prospectiva regional y fortalecer las capacidades de planificación y respuesta ante futuras crisis migratorias y humanitarias.

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