El séptimo volumen de la serie “La integración funciona” analiza cómo organizan los países de la OCDE sus políticas de integración. El informe concluye que disponer de medidas de empleo, educación o participación no es suficiente: también hacen falta responsabilidades claras, una financiación estable, coordinación institucional y una participación efectiva de los agentes sociales y de las organizaciones de personas migrantes.
Las políticas de integración no dependen únicamente de las medidas que se aprueban, sino también de quién las diseña, cómo se financian y qué instituciones se encargan de aplicarlas. Esta es la idea central de “Gobernanza de la integración”, el séptimo volumen de la serie “La integración funciona” de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El informe compara las experiencias de los países miembros y examina cómo se reparten las responsabilidades entre ministerios, administraciones regionales y entidades locales. También analiza la participación de la sociedad civil, las empresas, los sindicatos y las organizaciones de personas migrantes, así como los sistemas de financiación, seguimiento y evaluación.
La cuestión afecta cada vez a una parte mayor de la población. En 2024, los países de la OCDE recibieron 6,2 millones de nuevos inmigrantes permanentes y la tasa media de empleo de la población migrante alcanzó el máximo histórico del 71 %. Sin embargo, la organización advierte de que los avances pueden resultar difíciles de mantener cuando las actuaciones están fragmentadas o dependen de programas temporales.
Las políticas de integración atraviesan numerosos ámbitos
La integración no corresponde a una única administración ni puede limitarse a medidas específicas para la población migrante. Está relacionada con el empleo, la educación, la vivienda, la sanidad, los servicios sociales y la participación en la sociedad.
De los 35 países que respondieron al cuestionario de la OCDE, 24 cuentan con una estrategia nacional de integración. No obstante, el informe subraya que la existencia de una estrategia o de una ley no garantiza por sí sola mejores resultados.
Los sistemas funcionan con mayor eficacia cuando los objetivos están claramente definidos y cada institución conoce sus responsabilidades. También es necesario que las políticas sectoriales sean coherentes entre sí y que los servicios generales puedan adaptarse a una población diversa.
La OCDE diferencia entre la coordinación horizontal, que conecta a los distintos ministerios y ámbitos de actuación, y la vertical, que relaciona a las administraciones nacionales, regionales y locales. La falta de correspondencia entre las competencias, los recursos y la capacidad de decisión puede provocar duplicidades, vacíos en la atención o diferencias territoriales.
España concibe la integración como un proceso en dos direcciones
El informe sitúa a España entre los países que plantean la integración desde un enfoque basado en los derechos, la igualdad de oportunidades, la participación y la lucha contra la discriminación. Este modelo entiende la integración como un proceso en dos direcciones: no exige únicamente la adaptación de las personas migrantes, sino también que las instituciones y los servicios públicos respondan a la diversidad de la población.
España dispone de una estrategia transversal que abarca ámbitos como el empleo, la educación, la vivienda, la salud y la participación social. Sin embargo, no cuenta con una única ley que reúna y ordene toda la política de integración.
Los objetivos se recogen en documentos estratégicos y se desarrollan mediante políticas sectoriales, programas específicos y acuerdos de cooperación entre administraciones. Este sistema aporta flexibilidad, pero su funcionamiento depende especialmente de una coordinación sólida y de una capacidad administrativa suficiente.
Las comunidades autónomas tienen amplias competencias en política social y son responsables de organizar y prestar buena parte de los servicios de integración. La OCDE incluye a España entre los países con mayor autonomía regional en esta materia. Las comunidades desarrollan sus propios planes dentro de los marcos nacionales y participan en plataformas de coordinación con la Administración General del Estado.
La participación debe ir más allá de la prestación de servicios
La OCDE destaca que la integración mejora cuando las políticas incorporan el conocimiento de quienes trabajan directamente con las personas migrantes. Para ello, la participación de las organizaciones sociales, las empresas, los sindicatos y las entidades dirigidas por personas migrantes debe producirse tanto en el diseño de las medidas como en su aplicación.
España cuenta con el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes como órgano permanente de consulta. Además, las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel importante en la enseñanza del idioma, el acceso al empleo y la prestación de servicios sociales, generalmente mediante subvenciones o contratos con las administraciones autonómicas y locales.
El informe también resalta la función de los interlocutores sociales en la integración laboral. Las organizaciones sindicales y empresariales pueden contribuir mediante la negociación colectiva, la orientación sobre derechos laborales, los programas de empleo y el diálogo con las administraciones.
Sin embargo, la participación pierde eficacia cuando se limita a consultas puntuales o cuando las organizaciones intervienen únicamente como prestadoras de servicios. Para que sea estable, la OCDE considera necesarios unos cometidos claramente definidos, canales regulares de diálogo y financiación suficiente.
Las convocatorias de corta duración y las exigencias administrativas complejas suelen favorecer a las organizaciones de mayor tamaño. Esto puede dejar fuera a entidades pequeñas o dirigidas por personas migrantes, aunque dispongan de un conocimiento cercano de las comunidades y de las barreras que encuentran.
Financiación estable, evaluación y capacidad de adaptación
La financiación de la integración procede habitualmente de múltiples presupuestos y programas. Además de las partidas específicas, intervienen recursos destinados al empleo, la educación, la vivienda y la protección social. En los países de la Unión Europea, el Fondo de Asilo, Migración e Integración y el Fondo Social Europeo Plus tienen un papel relevante.
Esta diversidad permite actuar en distintos ámbitos, pero dificulta conocer cuánto se invierte en integración y si los recursos llegan a los territorios y grupos que más los necesitan. La OCDE alerta también del riesgo de que los programas sostenidos con financiación europea pierdan continuidad al finalizar cada periodo presupuestario.
El informe reclama que las decisiones se apoyen en datos administrativos, encuestas y evaluaciones periódicas. La información desagregada por sexo resulta especialmente importante para identificar obstáculos que pueden permanecer ocultos, como las dificultades de acceso de las mujeres migrantes a los programas de empleo por falta de servicios de cuidado.
Aunque la mayoría de los países recopila información sobre los resultados de sus políticas, las evaluaciones siguen siendo irregulares y no siempre influyen en las decisiones posteriores. Para la OCDE, el reto ya no consiste solamente en disponer de datos, sino en utilizarlos para corregir las medidas, reasignar recursos y extender las iniciativas que funcionan.
La conclusión del informe es que una buena organización institucional no sustituye a unas políticas adecuadas, pero condiciona decisivamente sus resultados. La integración requiere objetivos a largo plazo, coordinación entre administraciones y una participación real de las personas migrantes y de los agentes que intervienen en los centros de trabajo y en la vida social.