La población de origen migrante impulsó el crecimiento del empleo y contribuyó a ampliar el potencial económico de España durante 2025. Así lo recoge el Consejo Económico y Social de España (CES) en su Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral. España 2025, que destaca el papel estructural de la inmigración ante el envejecimiento de la población, aunque advierte de que las personas migrantes siguen afrontando importantes desigualdades y obstáculos para su plena inclusión.
El Consejo Económico y Social de España ha publicado la Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral. España 2025, aprobada por su Pleno el 27 de mayo de 2026. El documento analiza la evolución de la economía, el empleo, las relaciones laborales, las condiciones de vida y la protección social e incorpora, como tema destacado, los impactos económicos, laborales y sociales de los cambios demográficos.
La economía española creció un 2,8 % en 2025 y volvió a situarse, por quinto año consecutivo, por encima de la media de la Unión Europea. Entre los factores que explican este comportamiento, el CES señala el aumento de la población inmigrante, la creación de empleo, la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la llegada de turismo extranjero y por un mejor aprovechamiento de los recursos productivos.
La población de origen migrante supera el 21 % del empleo
El mercado de trabajo mantuvo en 2025 un intenso ritmo de creación de empleo. España aportó el 45 % de todo el empleo generado en la Unión Europea durante el año y alcanzó un máximo histórico de 22,5 millones de personas ocupadas en el cuarto trimestre. El desempleo descendió por debajo de los 2,5 millones de personas y la tasa de paro se situó en el 10 %, su nivel más bajo desde 2007, aunque todavía continúa siendo significativamente superior a la media europea.
Dentro de esta evolución, el CES destaca especialmente la aportación de la población de origen migrante. En 2025, la inmigración fue responsable del 80 % del aumento de la población activa y superó el 21 % del empleo total. La creación de empleo de los últimos años se ha apoyado de forma destacada en esta población, que se ha convertido en un factor clave para el crecimiento de la actividad y de la ocupación.
La Memoria también constata avances en la calidad del empleo. La contratación indefinida volvió a crecer por encima del empleo total y la tasa de temporalidad descendió hasta el 14,9 %, el nivel más bajo de la serie histórica y equiparable al promedio europeo. No obstante, España continúa registrando la mayor rotación laboral de la Unión Europea y mantiene elevados niveles de desempleo, trabajo a tiempo parcial involuntario y sobrecualificación.
Una aportación esencial frente al envejecimiento demográfico
El CES considera la inmigración un fenómeno estructural que responde a las oportunidades del mercado laboral español y constituye una fuente de riqueza económica, cultural y social. Su aportación adquiere especial relevancia en un contexto marcado por el envejecimiento de la población y la reducción de las cohortes en edad de trabajar.
La llegada de personas trabajadoras extranjeras, especialmente jóvenes, contribuye a equilibrar la estructura por edades y a mitigar las consecuencias de una población activa cada vez más envejecida. Además de compensar la reducción de la fuerza laboral, su incorporación al mercado de trabajo amplía el potencial de crecimiento económico y contribuye a la sostenibilidad del sistema mediante sus cotizaciones y su participación en la actividad productiva.
La inmigración también sostiene la creación de hogares jóvenes y parte del consumo agregado. En el ámbito territorial, el CES señala que puede contribuir al repoblamiento de las zonas rurales, siempre que las políticas públicas no se limiten a fomentar la llegada de población joven, sino que faciliten su arraigo y el desarrollo de sus proyectos vitales.
El creciente peso de la inmigración, de las mujeres y de las personas trabajadoras de más edad está configurando una fuerza laboral cada vez más diversa. Por ello, el CES considera que la gestión de la igualdad y la diversidad debe ocupar un lugar central en las políticas de empleo y en las relaciones laborales.
Persisten desigualdades y obstáculos para la inclusión
Pese a su contribución al empleo y al crecimiento, las personas de origen migrante continúan registrando niveles de vida material considerablemente inferiores a la media. El CES advierte, además, de que las políticas de acceso a la nacionalidad presentan un amplio margen de mejora respecto a los países del entorno europeo.
También persisten desigualdades en el acceso a la formación. La participación de las personas trabajadoras extranjeras en la formación programada por las empresas es inferior al peso que representan dentro de la población ocupada. Para corregir estas brechas, la Memoria reclama una actuación coordinada de los servicios de empleo, el sistema educativo y la formación para el empleo, que incluya el reconocimiento de las titulaciones obtenidas en el extranjero, las capacidades y la experiencia laboral.
La regularidad administrativa constituye, según el CES, el principal vehículo para la inclusión e integración social de las personas migrantes, al evitar situaciones de vulnerabilidad y exclusión. Al mismo tiempo, el organismo alerta de la creciente instrumentalización política de la inmigración por parte de corrientes xenófobas y de la difusión de discursos que pretenden establecer diferencias en el acceso a los servicios públicos en función del origen nacional, poniendo en riesgo los fundamentos del modelo de cohesión social.
La Memoria muestra así que la inmigración no solo está sosteniendo buena parte del crecimiento de la población activa y del empleo, sino que resulta fundamental para afrontar los cambios demográficos de España. Garantizar la igualdad de trato, la regularidad administrativa, el reconocimiento de las cualificaciones y el acceso a un empleo digno es imprescindible para que esta aportación se traduzca en una inclusión laboral y social efectiva.