El último informe de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales denuncia retrasos, interferencias y vacíos legales en las operaciones de salvamento
La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) ha publicado la actualización de su informe “Operaciones de búsqueda y rescate en el Mediterráneo y derechos fundamentales”, donde advierte que las operaciones de búsqueda y rescate de migrantes en el Mediterráneo Central siguen viéndose obstaculizadas por demoras, interferencias políticas y una creciente criminalización de las ONG que actúan en el mar.
El documento, correspondiente al periodo enero–abril de 2025, recoge que en esos meses murieron más de 800 personas intentando cruzar hacia Europa, mientras que cerca de 7.000 fueron interceptadas y devueltas a Libia, a pesar de los riesgos documentados sobre las graves violaciones de derechos humanos existentes en ese país.
Restricciones legales y puertos lejanos para desembarcar
La FRA destaca que algunos Estados miembros de la UE han impuesto nuevas obligaciones legales a las ONG, como la obligación de acudir de inmediato al puerto asignado —a menudo lejano— tras un rescate, lo que limita su capacidad de realizar múltiples salvamentos seguidos. También señala que hay vacíos legales en la normativa europea, lo que genera incertidumbre operativa y jurídica para quienes realizan labores de salvamento.
Además, el informe documenta interferencias de los Estados en los rescates coordinados por barcos comerciales, retrasando o dificultando la asistencia a las personas en peligro, y alerta de procedimientos de desembarco que no siempre garantizan un trato digno o el acceso a solicitar el asilo.
Llamamiento a una mayor coordinación y respeto a los derechos fundamentales
La FRA subraya que los Estados miembros están obligados a respetar los derechos fundamentales de las personas rescatadas y reclama una cooperación más eficaz entre los Estados de la UE, las autoridades nacionales y las organizaciones civiles.
El informe insiste en que salvar vidas debe ser la prioridad absoluta y que los principios de humanidad, no devolución y dignidad en el trato deben guiar toda respuesta en el Mediterráneo.
