El último boletín de la Agencia de los Derechos Fundamentales (FRA) alerta sobre las muertes en las rutas migratorias, las devoluciones sumarias, las dificultades de acceso al asilo y los retos derivados de la aplicación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo.
La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) ha publicado la segunda edición de 2026 de su Migration and Fundamental Rights Bulletin, correspondiente al periodo comprendido entre abril y junio. El informe analiza la situación de los derechos fundamentales de las personas migrantes y refugiadas en la Unión Europea y concluye que persisten importantes riesgos para la vida, denuncias de violencia en las fronteras, dificultades para acceder a los procedimientos de asilo y carencias en la investigación de posibles vulneraciones de derechos. Al mismo tiempo, destaca algunos avances en la implantación de mecanismos independientes de supervisión previstos en el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo.
Las muertes en las rutas migratorias continúan siendo una de las principales preocupaciones
El boletín señala que, aunque las llegadas irregulares disminuyeron durante el segundo trimestre de 2026, el número de personas fallecidas o desaparecidas en las rutas migratorias sigue siendo muy elevado.
Entre abril y junio, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) registró al menos 559 personas fallecidas o desaparecidas en las rutas marítimas del Mediterráneo y del Atlántico hacia las Islas Canarias, entre ellas al menos 15 menores de edad. La FRA recuerda además que 2026 está siendo el inicio de año con mayor número de víctimas desde 2014.
El informe también recoge que entre el 1 de enero y el 13 de junio de 2026 fueron interceptadas y devueltas a Libia 9.934 personas migrantes, incluidas 202 niñas y niños, pese a los reiterados informes internacionales sobre los riesgos de sufrir graves vulneraciones de derechos humanos tras su retorno.
Continúan las denuncias por devoluciones sumarias (conocidas en España como “devoluciones en caliente”) y uso de la violencia en las fronteras
La FRA constata que durante el periodo analizado persistieron las denuncias de devoluciones sumarias (pushbacks), uso excesivo de la fuerza y obstáculos para acceder a los procedimientos de protección internacional en distintas fronteras exteriores de la Unión Europea.
El informe recoge denuncias relativas a la frontera entre Grecia y Turquía, la ruta de los Balcanes occidentales y la frontera entre Polonia, Lituania, Letonia y Bielorrusia. En varios Estados miembros continúan documentándose casos de personas migrantes devueltas sin evaluación individualizada de sus necesidades de protección internacional, así como denuncias de violencia física y malos tratos.
La Agencia advierte de que la insuficiente investigación de estas denuncias genera una percepción de impunidad que puede debilitar el Estado de derecho y la confianza en las instituciones.
El nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo introduce mayores garantías de supervisión
Desde el 12 de junio de 2026 resulta plenamente aplicable el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, que incorpora nuevas obligaciones para los Estados miembros en materia de protección de los derechos fundamentales.
Entre las principales novedades figura la creación de mecanismos nacionales independientes de supervisión encargados de controlar el respeto de los derechos fundamentales durante los procedimientos de identificación inicial y de asilo en frontera.
Según la Comisión Europea, la mayoría de los Estados miembros ya han avanzado en la designación de estos mecanismos, aunque la FRA advierte de que todavía existen diferencias importantes entre países y persisten problemas relacionados con la financiación, los recursos humanos y el acceso a la información necesaria para desarrollar su labor con plena independencia.
La protección temporal de las personas desplazadas de Ucrania entra en una nueva fase
El informe dedica un amplio apartado a la situación de las personas desplazadas por la guerra de Ucrania.
A 30 de abril de 2026, 4,37 millones de personas seguían acogidas al régimen de protección temporal en la Unión Europea. De ellas, el 43% eran mujeres adultas, el 30% menores de edad y el 27% hombres adultos.
La FRA destaca que los Estados miembros han comenzado a diseñar mecanismos para facilitar la transición desde la protección temporal hacia permisos nacionales de residencia, aunque advierte de que este proceso plantea importantes retos para garantizar la seguridad jurídica y evitar que las personas más vulnerables queden desprotegidas.
Mejoran la integración laboral y educativa, aunque persisten situaciones de vulnerabilidad
Los datos recopilados por la FRA muestran una evolución positiva en algunos indicadores de integración.
Según la información de ACNUR, el 67% de las personas desplazadas procedentes de Ucrania se encontraba trabajando en 2025, mientras que la participación en el mercado laboral alcanzaba el 74%. Asimismo, la escolarización del alumnado ucraniano en los sistemas educativos de los países de acogida aumentó del 78% al 84% entre 2024 y 2025.
No obstante, el informe advierte de que siguen existiendo importantes situaciones de vulnerabilidad. Una encuesta de la FRA revela que el 36% de las mujeres desplazadas que habían trabajado desde su llegada manifestó haber realizado trabajos sin contrato o con contratos que no reflejaban todas las horas efectivamente trabajadas. Además, el 29% declaró haber soportado jornadas excesivamente largas y el 24% afirmó haber recibido salarios inferiores a los acordados o no haber cobrado por parte del trabajo realizado.
La implantación del nuevo Sistema de Entradas y Salidas plantea desafíos en materia de derechos fundamentales
El boletín también analiza la puesta en funcionamiento del nuevo Sistema de Entradas y Salidas (EES) de la Unión Europea, operativo desde abril de 2026.
Aunque este sistema pretende reforzar la gestión de las fronteras exteriores mediante el registro electrónico de datos biométricos de personas nacionales de terceros países, la FRA advierte de diversos desafíos relacionados con la protección de datos personales, la calidad de la información registrada y el impacto sobre colectivos vulnerables.
Una encuesta realizada por la Agencia entre personal de control fronterizo refleja que más de un tercio de las personas encuestadas considera que el nuevo sistema ha incrementado los tiempos de espera en más del 50%, mientras que numerosos pasos fronterizos carecen todavía de infraestructuras adecuadas, como zonas de espera con asientos, acceso a agua potable o instalaciones suficientes para atender a personas mayores, menores o personas con discapacidad.
La FRA reclama una aplicación del Pacto plenamente respetuosa con los derechos fundamentales
Como conclusión, la Agencia considera que la aplicación del nuevo Pacto sobre Migración y Asilo constituye una oportunidad para reforzar las garantías de protección de los derechos fundamentales, siempre que vaya acompañada de mecanismos eficaces de supervisión, investigaciones independientes sobre posibles vulneraciones y recursos suficientes para los organismos responsables de velar por su cumplimiento.
Asimismo, insiste en que la gestión de las fronteras exteriores, la transición de las personas desplazadas de Ucrania hacia nuevos permisos de residencia y la implantación de nuevas herramientas digitales deben desarrollarse con pleno respeto a los derechos humanos, al principio de no devolución y al Estado de derecho.