El Informe nacional sobre no discriminación (2026) destaca la amplitud de la legislación española, pero advierte de las dificultades para aplicarla de manera efectiva. El desconocimiento de los derechos, la complejidad de los procedimientos y la desconfianza en las instituciones contribuyen a que numerosos casos de discriminación no lleguen a denunciarse.
España ha reforzado durante los últimos años su marco legal frente a la discriminación, pero todavía existe una distancia importante entre los derechos reconocidos y su aplicación efectiva. Esta es una de las principales conclusiones del Informe nacional sobre no discriminación 2026, elaborado por Ferran Camas para la Comisión Europea dentro de la red de expertos coordinada por Migration Policy Group.
El estudio analiza la aplicación en España de las directivas europeas sobre igualdad de trato durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2025 y el 1 de enero de 2026. Su publicación se produce en un contexto de transformación demográfica: a comienzos de 2025 residían en España cerca de 6,9 millones de personas extranjeras, el 14,1 % de la población. Mientras la población con nacionalidad española aumentó un 0,2 % respecto al año anterior, la extranjera creció un 6,3 %.
La Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación de 2022 amplió los motivos protegidos y los ámbitos en los que se puede reclamar. Entre ellos se encuentran el empleo, las condiciones laborales, la educación, la sanidad, la vivienda, los servicios sociales, el transporte, los medios de comunicación, internet y las redes sociales.
Cerca de 3.000 casos atendidos por discriminación racial o étnica
El servicio de asistencia y orientación a víctimas del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica registró 2.913 casos durante 2024, frente a los 2.582 del año anterior. La mayor parte, 2.343, correspondió a casos individuales.
Las personas latinoamericanas fueron las más atendidas, con 1.005 casos, seguidas por las personas afrodescendientes, con 428; las personas árabes, con 346, y las personas gitanas, con 343. Las mujeres fueron las afectadas en 1.418 casos, el 49 % del total, mientras que 270 correspondieron a menores de 18 años.
El acceso a bienes y servicios fue el ámbito con más casos individuales, 608. Le siguieron el empleo en el sector privado, con 330; la salud, con 289; la vivienda, con 221, y la educación, con 189. Además, se registraron 67 casos colectivos relacionados con el empleo.
A pesar del incremento de las situaciones atendidas, el informe advierte de que la infraenuncia continúa siendo un problema importante. Entre sus causas señala que algunas víctimas no identifican lo sucedido como discriminación, desconocen sus derechos o no saben dónde reclamar. También influyen las bajas expectativas de que la denuncia prospere, la desconfianza en las instituciones, las barreras lingüísticas y el temor a represalias o a sufrir una nueva victimización.
El origen, el apellido o el acento todavía condicionan el acceso al empleo
El informe recoge distintas formas de discriminación racial o étnica en los procesos de contratación. Entre ellas se encuentran la exclusión de candidaturas cuando la apariencia, el apellido, el lugar de residencia o el acento permiten asociar a la persona con determinados orígenes.
También se han comunicado entrevistas de trabajo en las que se pregunta directamente por el origen étnico o por la nacionalidad y en las que la respuesta termina condicionando la contratación.
La legislación considera infracciones muy graves tanto la discriminación en el acceso al empleo y en las condiciones laborales como el acoso por origen racial o étnico cuando la empresa conoce los hechos y no adopta medidas para impedirlos. Sin embargo, el informe indica que no se han publicado datos sobre las infracciones propuestas por la Inspección de Trabajo por incumplimientos de la Ley integral para la igualdad de trato desde su entrada en vigor.
Las consecuencias no afectan únicamente a las personas discriminadas. Un estudio citado en el informe calcula que las desigualdades sufridas por la población extranjera en el mercado laboral —por desempleo, sobrecualificación, menor participación laboral y diferencias salariales— representaron un coste superior a 12.000 millones de euros en 2022, alrededor del 1 % del producto interior bruto.
Las dificultades para reclamar limitan la protección efectiva
El informe considera que las normas contra la discriminación todavía son poco conocidas por la sociedad y por algunos de los principales actores del sistema jurídico. Esta falta de conocimiento repercute directamente en las víctimas, que en ocasiones terminan asumiendo la discriminación como una situación cotidiana.
También identifica obstáculos para acudir a la justicia. Los procedimientos pueden ser largos y complejos, requieren asistencia jurídica en numerosos casos y están sujetos a plazos que, en el ámbito laboral, pueden ser especialmente breves.
A ello se suma la dificultad para que la motivación racista sea reconocida. El estudio señala que existen pocas resoluciones judiciales sobre discriminación racial y que algunos hechos se tramitan como agresiones o daños sin tomar en consideración ese componente discriminatorio.
Los sindicatos y otras organizaciones pueden actuar en defensa de las personas afectadas, con su autorización, en procedimientos relacionados con la igualdad de trato. La legislación también permite intervenir en determinados casos colectivos cuando las víctimas sean numerosas o difíciles de identificar.
La autoridad contra la discriminación aún no se ha puesto en marcha
Una de las principales críticas del informe es la demora en la constitución de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, creada legalmente en 2022.
Este organismo debe proteger y promover la igualdad de trato en los ámbitos público y privado y sustituir al actual Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica. Sin embargo, al finalizar 2025 todavía no había comenzado a funcionar, pese a que en mayo de ese año se aprobaron algunas disposiciones para facilitar su puesta en marcha.
El informe reclama también recursos suficientes para las instituciones que combaten la discriminación racial o étnica y una atención especial a las mujeres gitanas y a otras mujeres que sufren discriminación por su origen.
El diagnóstico muestra que disponer de una legislación amplia no basta si las víctimas desconocen sus derechos, encuentran obstáculos para reclamar o no confían en que su denuncia obtendrá respuesta. Convertir las garantías legales en una protección accesible y efectiva continúa siendo uno de los principales retos de España en materia de igualdad de trato.