Por un Trabajo Digno, es un proyecto de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT, iniciado en el año 2006 gracias a la financiación de la Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MISSM), y desde el año 2007 también cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE), en el marco de los distintos Programas Operativos (“P.O. Lucha contra la discriminación 2007-2013”, “P. O. de Inclusión Social y de la Economía Social 2014-2020” y “Programa de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza 2021-2027 FSE+”). Este proyecto de sensibilización, tiene como objetivo prevenir la discriminación en el acceso y permanencia en el empleo así como promover la igualdad de trato en el ámbito laboral entre las personas nacionales de terceros países y la población autóctona. Entre sus acciones: sensibilizar a la sociedad mediante el Boletín Por un Trabajo Digno; informar a los trabajadores y trabajadoras sobre sus derechos y obligaciones en el ámbito laboral, elaborando y difundiendo material informativo específico; y realizar campañas de sensibilización contra la discriminación y los prejuicios como la campaña #TrabajoLibreDeBulos; dedicando siempre una especial atención a las mujeres trabajadoras extranjeras no comunitarias, así como a las personas de nacionalidad extracomunitaria que se encuentran en situación de riesgo de pobreza o exclusión.

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Inmigración y empleo en España: retos de integración

El crecimiento de la inmigración: motor demográfico y laboral

El Real Instituto Elcano ha publicado un análisis sobre la inmigración y el mercado laboral en España, elaborado por Carmen González Enríquez y José Pablo Martínez, donde se pone de manifiesto un cambio estructural sin precedente.

España cuenta ya con más de 9 millones de inmigrantes (todas aquellas personas “nacidas en el extranjero”), lo que representa el 18% de su población total. A este dato se suma la segunda generación (descendientes nacidos en España, pero cuyos progenitores han nacido en el extranjero), que supera los 3,1 millones.

Desde el fin de la pandemia, la inmigración crece a un ritmo de 600.000 personas netas al año, evitando así el declive poblacional que amenaza a países con baja natalidad como España (1,12 hijos por mujer).

El 90% del nuevo empleo, ocupado por inmigrantes

El impacto de esta población en el mercado laboral es extraordinario: el 90% del nuevo empleo creado entre enero de 2024 y marzo de 2025 ha sido ocupado por personas inmigrantes, que ya representan el 23% de la población ocupada.

Sectores como el empleo del hogar (71%), la hostelería (45%), la construcción (32%) o la agricultura (31%) dependen en gran medida de la mano de obra extranjera, principalmente procedentes de países con una renta per cápita baja (inferior a la de España).

Educación, segmentación y sobrecualificación

Uno de los principales retos es el bajo nivel educativo de buena parte de la inmigración, sobre todo entre la población africana y asiática. Solo el 26% de las personas inmigrantes procedentes de países de renta baja tienen estudios superiores, frente al 49% de las autóctonas. Esta situación se traduce en una concentración de trabajadores inmigrantes en empleos de baja cualificación.

A esto se suma un problema preocupante: el 54% de las personas inmigrantes con título universitario están infraempleadas, es decir, trabaja en puestos que no requieren su formación, en parte por el lento proceso de la homologación de títulos.

Segunda generación: el reto invisible

Aunque nacieron en España, muchos jóvenes descendientes de inmigrantes enfrentan dificultades similares (o mayores) que sus progenitores. La tasa de abandono educativo en este grupo alcanza el 33%, triplicando la de los jóvenes autóctonos. Este abandono limita sus oportunidades laborales y reproduce la segmentación social.

El 39% de las personas nacidas en España, descendientes de inmigrantes y mayores de 25 años, solo tiene la ESO como máximo nivel educativo, lo que los confina a empleos de baja cualificación y dentro de ellos a las categorías más bajas, y a una mayor exposición al desempleo.

Brechas laborales y salariales persistentes

Las tasas de ocupación son más bajas entre las personas inmigrantes que entre las autóctonas, sobre todo entre las procedentes de África (con una brecha de 28 puntos porcentuales) y en las segundas generaciones nacidas en España con progenitores inmigrantes, que presentan una diferencia de 11 puntos respecto a las personas autóctonas.

Las tasas de actividad también muestran diferencias relevantes, en particular entre los grupos con menor nivel educativo o con estructuras familiares más tradicionales. Por ejemplo, solo el 46% de las mujeres africanas están activas en el mercado laboral, frente al 84% de las autóctonas.

Como resultado, las tasas de paro son muy superiores entre las personas inmigrantes procedentes de países con menor renta y, en especial, las de origen africano, que triplican la tasa de paro de la población autóctona. También las segundas generaciones tienen una alta tasa de paro que duplica la de sus coetáneos nacidos de progenitores españoles.

En el plano salarial, las diferencias también son evidentes. Según la estadística de bases medias de cotización de la Tesorería General de la Seguridad Social, las personas nacionales de países de renta baja cotizan 532 euros menos al mes que las personas españolas, mientras que las nacionales de países de renta alta superan en 179 euros la base media de las españolas. Estas cifras reflejan desigualdades estructurales en el tipo de empleo y nivel salarial que ocupan los distintos grupos.

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