Una radiografía completa sobre la situación de las personas migrantes y refugiadas en España. Un informe clave para reforzar las políticas públicas desde un enfoque de derechos.
El 11 de junio de 2025 se presentó en Madrid, en la sede de la Representación de la Comisión Europea, el Informe Anual 2024 del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes (FISI). Se trata de un documento de referencia para evaluar la situación de las personas migrantes, solicitantes y beneficiarias de protección internacional y temporal en España, y para proponer políticas públicas que garanticen su inclusión y el acceso real a sus derechos. En el acto participaron autoridades del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, representación dela Unión Europea, organizaciones sindicales y empresariales, organizaciones no gubernamentales y asociaciones de inmigrantes.
Durante la presentación, se insistió en la necesidad de dar prioridad a la integración frente al control migratorio, en reconocer el papel fundamental de las asociaciones de inmigrantes y en abordar los obstáculos persistentes que enfrentan, especialmente las mujeres, en el ámbito laboral y la situación específica de las personas solicitantes de protección internacional. Además, se puso de relieve el impacto del nuevo Reglamento de Extranjería y del modelo de arraigo socioformativo como elementos clave para la inclusión.
Principales hallazgos del Informe Anual 2024: entre avances legislativos y desigualdades persistentes
La normativa avanza, pero persisten importantes barreras relacionadas con las solicitudes
El informe identifica como uno de los ejes del año la aprobación del nuevo Reglamento de Extranjería, que introduce figuras como el arraigo de segunda oportunidad, la modificación del arraigo formativo y aclara algunos aspectos del proceso de reagrupación familiar. Sin embargo, alerta sobre la exclusión de los solicitantes de protección internacional de estos mecanismos y la creciente inseguridad jurídica de las personas en situación administrativa irregular. También se señala la falta de uniformidad en la aplicación práctica de estas normas, lo que genera desigualdad territorial en el acceso a derechos básicos.
El análisis incluye también la implementación del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), aprobado en mayo de 2024 y pendiente de su entrada en vigor en 2026. El FISI advierte de posibles retrocesos en derechos, especialmente en relación con la detención, las condiciones de acogida y las garantías procedimentales, y denuncia la falta de participación de la sociedad civil en su diseño.
En materia de protección internacional, España alcanzó un récord de solicitudes en 2024 (167.366), pero con serias dificultades para acceder al procedimiento, desde la obtención de citas hasta la tramitación efectiva. Las barreras administrativas, los retrasos prolongados y los obstáculos para la documentación agravan la situación de vulnerabilidad de las personas solicitantes, especialmente en provincias como Murcia, Valencia o Guadalajara.
Inserción laboral con crecimiento en afiliación, pero marcada por la precariedad y las brechas de género
El informe destaca un incremento del 8 % en la afiliación de personas extranjeras a la Seguridad Social, y un fuerte aumento de mujeres extranjeras trabajadoras (+43,4 %). No obstante, estos datos positivos conviven con una realidad laboral marcada por la precariedad: el 45 % de los trabajadores extranjeros tienen contratos temporales, persisten las brechas salariales por nacionalidad y sexo, el paro registrado de las personas extranjeras es mayor, y las mujeres migrantes continúan concentradas en sectores con bajos salarios, escaso reconocimiento y poca protección social.
También se documenta una elevada siniestralidad laboral entre la población migrante, especialmente en sectores como la hostelería, así como el impacto de la brecha digital, las dificultades de homologación de titulaciones y una protección social más precaria. El informe llama la atención sobre la necesidad de medidas más ambiciosas en formación, empleabilidad y protección social.
La integración pasa por la vivienda, la educación y la participación: el valor de la mediación intercultural y las asociaciones migrantes
Uno de los aspectos centrales del informe es la importancia de las políticas de integración y convivencia como elemento estructural para la cohesión social. El acceso a la vivienda, la participación política, la lucha contra los prejuicios culturales y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios son claves para una sociedad más inclusiva. En este ámbito, se valora especialmente el trabajo de las asociaciones de inmigrantes y la necesidad de garantizar su participación efectiva en las políticas públicas, especialmente a nivel local.
Educación intercultural e inclusión escolar
En el ámbito educativo, el informe subraya el papel fundamental de estas asociaciones en la mediación intercultural, la prevención del absentismo y la mejora de la convivencia escolar. Se reconocen buenas prácticas como el programa PROA+ o las estrategias del Consejo de Europa para una educación intercultural. No obstante, se denuncia la dificultad que enfrentan muchas entidades para acceder a financiación pública, lo que limita su continuidad y su capacidad de intervención.
El FISI propone avanzar hacia una política migratoria justa, participativa e inclusiva
El Informe Anual 2024 concluye con una serie de propuestas dirigidas a reforzar la gestión de la diversidad en España desde un enfoque de derechos. Se insiste en que es imprescindible garantizar el acceso real a los derechos, fortalecer los servicios públicos con perspectiva intercultural, y promover la participación activa de las personas migrantes en las decisiones que les afectan. Para el Foro, esta participación no es solo una cuestión de justicia, sino una condición necesaria para construir una sociedad más cohesionada, democrática y solidaria.
