La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) publica su informe de 2025
La Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE (FRA) ha publicado su Informe Anual 2025, un análisis que refleja con crudeza los desafíos a los que se enfrenta Europa en materia de derechos humanos. Entre las principales preocupaciones del informe: manipulación en procesos electorales, exclusión de colectivos vulnerables, violencia contra las mujeres y discriminación hacia migrantes y minorías.
Procesos electorales bajo presión: desinformación y exclusión
El informe subraya que las elecciones en la UE no siempre garantizan los derechos fundamentales para todas las personas:
- Grupos excluidos del voto: personas con discapacidad, población sin hogar, personas migrantes, minorías étnicas y lingüísticas enfrentan barreras prácticas y legales para ejercer su derecho al voto.
- Campañas electorales manipuladas: el uso de algoritmos y la desinformación online socavan la transparencia de los procesos.
- Falta de accesibilidad: materiales electorales no adaptados, locales inaccesibles o ausencia de información en idiomas comprensibles limitan la participación de millones de personas.
La FRA insiste en que las elecciones deben ser justas, transparentes e inclusivas, y reclama a los Estados miembros adaptar sus sistemas para eliminar estas desigualdades, instándoles a:
- Garantizar accesibilidad electoral a todos los ciudadanos y ciudadanas.
- Fortalecer la alfabetización digital y mediática.
- Supervisar campañas políticas y uso de algoritmos.
- Luchar contra la incitación al odio y la discriminación online durante campañas electorales.
Violencia contra las mujeres: una emergencia persistente
El informe dedica un capítulo completo a la violencia de género, destacando que:
- 1 de cada 3 mujeres en la UE ha sufrido violencia física o sexual.
- 1 de cada 3 ha sido acosada sexualmente en el trabajo, en la mayoría de los casos por hombres.
- Las mujeres sufren el mayor volumen de odio online, con contenidos misóginos y sexualizados.
En 2024 se aprobó una Directiva europea contra la violencia machista y doméstica, pero la FRA advierte que el reto ahora es implementar esta ley con eficacia y garantizar el acceso real a la justicia y a la protección para las víctimas.
Violencia contra mujeres extranjeras y migrantes
- Vulnerabilidad aumentada: el informe señala que las mujeres migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo enfrentan un mayor riesgo de violencia de género, especialmente en contextos de dependencia administrativa, económica o legal. Esta situación se agrava si carecen de permisos de residencia o si dependen de su pareja para mantener el estatus legal.
- Obstáculos para denunciar: muchas mujeres extranjeras no denuncian la violencia por miedo a la deportación o porque desconocen sus derechos y los servicios disponibles. Además, la falta de intérpretes o de personal formado para atender casos interculturales reduce aún más su acceso a la justicia.
- Discriminación institucional: el informe advierte que algunos servicios públicos no ofrecen respuestas adecuadas a mujeres migrantes víctimas de violencia. En ocasiones, enfrentan actitudes discriminatorias por parte de profesionales o incluso son derivadas a servicios no especializados.
- Impacto del estatus migratorio: el estatus legal influye decisivamente en la protección que reciben. Por ejemplo, las mujeres con permisos temporales o en situación irregular tienen menos acceso a refugios, ayudas y recursos especializados.
Racismo estructural y discriminación contra migrantes
El informe denuncia una fuerte persistencia del racismo, la xenofobia y la islamofobia en la UE:
- El 47 % de las personas musulmanas encuestadas dice haber sufrido discriminación racial.
- El 37 % de las personas judías afirma haber sido hostigada por su identidad.
- La discriminación interseccional (por origen, religión, color de piel) es frecuente y afecta de forma más grave a quienes combinan varias identidades estigmatizadas.
También se denuncia el racismo institucional en fuerzas policiales y servicios públicos, y la criminalización de organizaciones humanitarias que ayudan a migrantes. La FRA urge a los Estados miembros a reforzar los organismos de igualdad, garantizar datos desagregados y sancionar la discriminación.
Conclusión: la democracia solo se sostiene si es para todas las personas
El Informe 2025 de la FRA es claro: la democracia, la seguridad y la prosperidad no pueden construirse sobre la exclusión ni el silencio de colectivos discriminados. Los derechos fundamentales deben ser el cimiento de cualquier estrategia política y social en la UE.
