Por un Trabajo Digno, es un proyecto de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT, iniciado en el año 2006 gracias a la financiación de la Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MISSM), y desde el año 2007 también cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE), en el marco de los distintos Programas Operativos (“P.O. Lucha contra la discriminación 2007-2013”, “P. O. de Inclusión Social y de la Economía Social 2014-2020” y “Programa de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza 2021-2027 FSE+”). Este proyecto de sensibilización, tiene como objetivo prevenir la discriminación en el acceso y permanencia en el empleo así como promover la igualdad de trato en el ámbito laboral entre las personas nacionales de terceros países y la población autóctona. Entre sus acciones: sensibilizar a la sociedad mediante el Boletín Por un Trabajo Digno; informar a los trabajadores y trabajadoras sobre sus derechos y obligaciones en el ámbito laboral, elaborando y difundiendo material informativo específico; y realizar campañas de sensibilización contra la discriminación y los prejuicios como la campaña #TrabajoLibreDeBulos; dedicando siempre una especial atención a las mujeres trabajadoras extranjeras no comunitarias, así como a las personas de nacionalidad extracomunitaria que se encuentran en situación de riesgo de pobreza o exclusión.

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El Consejo de Europa alerta del aumento del discurso de odio y pide una respuesta institucional más firme en España

La ECRI señala la necesidad de reforzar las políticas contra el racismo y la intolerancia

La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), órgano del Consejo de Europa, advierte de que los discursos de odio y las expresiones racistas están ganando espacio en el debate público y político en España.

El informe subraya que el lenguaje estigmatizador contra personas migrantes, musulmanas y gitanas se ha vuelto más visible, especialmente en medios de comunicación, redes sociales y algunos discursos institucionales.

Según la ECRI, esta normalización del discurso de odio contribuye a la polarización social y al deterioro del debate democrático, además de aumentar el riesgo de agresiones y delitos motivados por prejuicios.

Discurso de odio y redes sociales: una expansión preocupante

El documento destaca que las plataformas digitales han multiplicado la difusión de mensajes racistas y xenófobos, a menudo sin una respuesta suficiente por parte de las autoridades o de las propias empresas tecnológicas.
Aunque existen mecanismos de denuncia, la ECRI considera que no son plenamente eficaces y que las víctimas suelen desconocer los canales adecuados para reportar ataques o recibir apoyo.

Asimismo, la Comisión llama la atención sobre la falta de recursos específicos para la vigilancia y persecución del discurso de odio en línea, y pide que se refuercen las medidas de cooperación entre las fuerzas de seguridad, la fiscalía especializada y los organismos de igualdad.

Delitos de odio: subregistro y necesidad de formación

La ECRI reconoce los avances realizados por España en la recopilación de datos sobre delitos de odio, pero advierte de un subregistro persistente, tanto en la denuncia por parte de las víctimas como en la clasificación de los hechos por las autoridades.

La Comisión insta a mejorar la formación del personal policial, judicial y fiscal para asegurar una identificación correcta de los delitos motivados por racismo, xenofobia, antisemitismo, islamofobia o antigitanismo.

También recomienda garantizar asistencia jurídica gratuita y apoyo psicológico especializado a las víctimas, así como reforzar la colaboración con la sociedad civil, las ONG y las comunidades afectadas.

Racismo institucional y responsabilidad pública

El informe señala que las instituciones públicas deben liderar la lucha contra la intolerancia, revisando sus propios procedimientos para evitar prácticas discriminatorias.

La ECRI recuerda que los responsables políticos y los representantes públicos tienen un deber especial de moderación en su lenguaje, ya que sus declaraciones pueden legitimar comportamientos racistas o xenófobos.

La Comisión insta a los partidos políticos y a los medios de comunicación a adoptar códigos de conducta contra el discurso de odio y a aplicar sanciones claras en los casos en que se incite a la discriminación o se estigmatice a colectivos vulnerables.

Recomendaciones prioritarias

La ECRI formula varias recomendaciones clave:

  • Reforzar la respuesta penal y administrativa frente a los delitos y discursos de odio.
  • Impulsar campañas públicas de sensibilización, especialmente dirigidas a jóvenes y usuarios de redes sociales.
  • Aumentar la formación de los agentes públicos en materia de diversidad y no discriminación.
  • Garantizar recursos suficientes para las oficinas de atención a víctimas y organismos de igualdad.

Un llamamiento a la responsabilidad colectiva

El Consejo de Europa concluye que la lucha contra el racismo y la intolerancia no puede recaer solo en las víctimas o las organizaciones civiles, sino que exige un compromiso firme de todas las instituciones públicas.
La ECRI subraya que España dispone de una base legal sólida, pero advierte que su aplicación efectiva sigue siendo el principal desafío ante el auge del discurso de odio y la desinformación en el espacio público.

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