Por un Trabajo Digno, es un proyecto de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT, iniciado en el año 2006 gracias a la financiación de la Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MISSM), y desde el año 2007 también cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE), en el marco de los distintos Programas Operativos (“P.O. Lucha contra la discriminación 2007-2013”, “P. O. de Inclusión Social y de la Economía Social 2014-2020” y “Programa de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza 2021-2027 FSE+”). Este proyecto de sensibilización, tiene como objetivo prevenir la discriminación en el acceso y permanencia en el empleo así como promover la igualdad de trato en el ámbito laboral entre las personas nacionales de terceros países y la población autóctona. Entre sus acciones: sensibilizar a la sociedad mediante el Boletín Por un Trabajo Digno; informar a los trabajadores y trabajadoras sobre sus derechos y obligaciones en el ámbito laboral, elaborando y difundiendo material informativo específico; y realizar campañas de sensibilización contra la discriminación y los prejuicios como la campaña #TrabajoLibreDeBulos; dedicando siempre una especial atención a las mujeres trabajadoras extranjeras no comunitarias, así como a las personas de nacionalidad extracomunitaria que se encuentran en situación de riesgo de pobreza o exclusión.

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El arraigo alcanza cifras récord en España: más de 350.000 personas con autorización de residencia

El Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI) analiza el impacto de las últimas reformas normativas

A 30 de junio de 2025, 352.089 personas extranjeras contaban con una autorización de residencia por arraigo en vigor, según el Observatorio Permanente de la Inmigración, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Esta cifra supone un aumento del 23 % respecto al año anterior y multiplica por seis el número registrado hace cuatro años.

Predomina el arraigo familiar

El arraigo familiar concentra el 67 % de las autorizaciones (234.798 personas), seguido del arraigo para la formación (20 %, 69.849 personas) y el arraigo social (12 %, 43.636 personas). Los nuevos tipos de arraigo creados por el Real Decreto 1155/2024 —sociolaboral, socioformativo y de segunda oportunidad— apenas suman 30 personas, al haberse implantado solo 41 días antes de la fecha de referencia.

Crecimiento impulsado por las reformas

Desde la reforma de julio de 2022, que introdujo el arraigo para la formación, las cifras se han disparado. En cuatro años, las personas con autorización por arraigo han pasado de 56.357 a 352.089, un incremento del 525 %.

Nacionalidades más frecuentes

Las nacionalidades colombiana, marroquí y peruana representan conjuntamente más de la mitad del total (51 %). Colombia lidera la estadística con 88.879 personas, seguida de Marruecos (59.277) y Perú (30.951). Por sexos, las mujeres suponen el 51 % del total, aunque su presencia es mayor en el arraigo familiar (58 %) y menor en el arraigo para la formación (34 %).

Edad media y estructura del colectivo

La edad media de las personas con autorización por arraigo es de 39 años, un año más que en 2024. Las personas de nacionalidad venezolana y cubana son las más mayores (51 y 44 años de media, respectivamente), mientras que las de Nicaragua, Paraguay y Senegal son las más jóvenes (en torno a los 34 años).

Concentración territorial

Barcelona y Madrid concentran el 31 % del total de autorizaciones (54.924 y 51.910 personas, respectivamente), seguidas de Valencia (6 %) y Alicante (5 %). Las provincias con mayores aumentos anuales son Palencia (+67,5 %) y Lugo (+64,5 %), mientras que ninguna provincia experimentó descensos.

Inserción laboral: el 52 % está afiliado a la Seguridad Social

A mediados de 2025, 179.506 personas con autorización por arraigo estaban afiliadas a la Seguridad Social, un 14,7 % más que el año anterior. Representan el 52 % del total de personas de 16 años o más con esta autorización. La mayoría trabaja con un arraigo familiar (65 %) o social (21 %). El arraigo laboral apenas supone el 2 % del total.

Brecha de género en el empleo

El 59 % de los hombres con arraigo está afiliado a la Seguridad Social, frente al 45 % de las mujeres. Los hombres trabajan principalmente en la construcción (22 %) y las actividades administrativas (13 %), mientras que las mujeres se concentran en la hostelería (26 %) y el empleo doméstico (15 %).

Predominan los contratos indefinidos

El 43 % de las personas afiliadas tiene un contrato indefinido a tiempo completo, seguido del indefinido a tiempo parcial (17 %) y del fijo discontinuo (14 %). Este perfil marca una evolución positiva respecto a 2020, cuando predominaban los contratos eventuales.

Conclusión: el arraigo, vía principal de regularización en España

El informe del OPI confirma que el arraigo se ha convertido en la principal vía de acceso a la residencia legal en España, especialmente desde la introducción del arraigo para la formación. Sin embargo, persisten desequilibrios por sexo, nacionalidad y territorio, así como una inserción laboral desigual que plantea nuevos retos para la integración social y económica.
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