Por un Trabajo Digno, es un proyecto de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT, iniciado en el año 2006 gracias a la financiación de la Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MISSM), y desde el año 2007 también cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE), en el marco de los distintos Programas Operativos (“P.O. Lucha contra la discriminación 2007-2013”, “P. O. de Inclusión Social y de la Economía Social 2014-2020” y “Programa de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza 2021-2027 FSE+”). Este proyecto de sensibilización, tiene como objetivo prevenir la discriminación en el acceso y permanencia en el empleo así como promover la igualdad de trato en el ámbito laboral entre las personas nacionales de terceros países y la población autóctona. Entre sus acciones: sensibilizar a la sociedad mediante el Boletín Por un Trabajo Digno; informar a los trabajadores y trabajadoras sobre sus derechos y obligaciones en el ámbito laboral, elaborando y difundiendo material informativo específico; y realizar campañas de sensibilización contra la discriminación y los prejuicios como la campaña #TrabajoLibreDeBulos; dedicando siempre una especial atención a las mujeres trabajadoras extranjeras no comunitarias, así como a las personas de nacionalidad extracomunitaria que se encuentran en situación de riesgo de pobreza o exclusión.

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C.G.P.J.-Condenado por insultar a políticos y por insultos racistas a través de un canal de YouTube

Condenado a tres meses de prisión por insultar y amenazar a políticos y a personas de diferentes grupos étnicos en un canal de Youtube

La sentencia le prohíbe usar ese portal de Internet durante dos años y ordena la destrucción o borrado parte de los vídeos que elaboró

SAP V 3863/2022 – ECLI:ES:APV:2022:3863

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a tres meses de prisión por un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas reconocidos en la Constitución a un hombre que difundió en su canal de Youtube vídeos en los que injuriaba, vejaba, acosaba y amenazaba a políticos o guardias civiles de Faura, municipio en el que vivía, así como a personas de diferentes grupos étnicos residentes en España.  

La sentencia, dictada después de que las partes alcanzaran un acuerdo por el que el condenado reconocía los delitos y mostraba su conformidad con la pena, le impide también acudir al lugar de los hechos, es decir, al portal de Youtube, durante dos años, lo que implica el cierre de su canal y la imposibilidad de crear otras cuentas en el mismo.  

Además, la resolución impone al penado varias multas -una por el delito de odio antes mencionado, otras siete por otros tantos delitos leves de amenazas y una octava por un delito leve de acoso- y seis años de inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión u oficio del ámbito educativo, docente, deportivo o de tiempo libre. Por último, acuerda la destrucción y el borrado de parte de los vídeos difundido.   

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