El Informe sobre la Trata de Personas 2026 del Departamento de Estado de los Estados Unidos reconoce los avances de España en la identificación y atención a las víctimas. Sin embargo, alerta de dificultades para detectar la trata entre la población migrante, de la escasa asistencia prestada a las víctimas de explotación laboral y de la insuficiencia de algunos recursos especializados.
Coincidiendo con el 18 de octubre, Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos, analizamos las principales conclusiones para España del Informe sobre la Trata de Personas 2026, conocido internacionalmente como informe TIP y publicado anualmente por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
El informe mantiene a España en el nivel 1. En esta categoría se incluyen los países cuyos gobiernos cumplen plenamente los estándares mínimos establecidos por la legislación estadounidense para combatir la trata de personas. Esta clasificación no significa, sin embargo, que el problema esté resuelto ni que las medidas adoptadas sean suficientes.
El Departamento de Estado reconoce el aumento de las víctimas identificadas y de las posibles víctimas atendidas, así como el incremento de las investigaciones policiales. Al mismo tiempo, señala que descendieron los procedimientos penales y las condenas y que persisten importantes obstáculos para identificar y proteger a todas las víctimas.
Más víctimas identificadas, pero menos enjuiciamientos y condenas
Las fuerzas de seguridad identificaron formalmente a 858 víctimas de trata durante 2025, frente a las 505 del año anterior. Del total, 514 eran mujeres, 333 hombres y 11 menores. Por modalidades, se identificaron 374 víctimas de trata con fines de explotación sexual y 484 de explotación laboral.
Las organizaciones financiadas con fondos públicos atendieron, además, a 10.253 posibles víctimas, un aumento considerable respecto a las 6.967 de 2024. La inmensa mayoría, 10.223, eran posibles víctimas de trata sexual. En cambio, solo once personas atendidas lo fueron por posibles situaciones de explotación laboral, una diferencia que el informe considera indicativa de las carencias existentes en la atención a esta modalidad de trata.
La actividad policial también aumentó. En 2025 se desarrollaron 173 investigaciones y fueron detenidas 563 personas sospechosas: 416 por trata sexual y 147 por explotación laboral. En 2024 se habían realizado 141 investigaciones y 407 detenciones.
Esta evolución no se trasladó a los tribunales. El número de personas enjuiciadas descendió de 110 a 74 y las condenas pasaron de 59 a 44. De estas últimas, 41 correspondieron a trata sexual y tres a explotación laboral. Como dato positivo, 43 de las 44 personas condenadas recibieron penas de prisión superiores a un año, una proporción del 98 %, muy por encima del 69,5 % registrado el año anterior.
La identificación sigue dependiendo de las fuerzas de seguridad
Una de las principales objeciones del informe es que las fuerzas de seguridad continúan siendo las únicas facultadas para identificar formalmente a las víctimas de todas las modalidades de trata. Aunque los servicios sociales y determinadas organizaciones pueden acreditar administrativamente a las víctimas de trata sexual, esta posibilidad no se extiende en las mismas condiciones a quienes sufren explotación laboral.
Para acceder a determinadas prestaciones, las posibles víctimas deben someterse a una entrevista policial, incluso cuando no quieran participar en el procedimiento penal. El informe advierte de que esta exigencia puede dejar fuera del sistema de protección a quienes desconfían de las autoridades, temen represalias o no se reconocen como víctimas.
Las dificultades resultan especialmente graves en los contextos migratorios. Según el documento, la capacidad policial es insuficiente para identificar a todas las posibles víctimas entre las personas que llegan a Canarias, Ceuta y Melilla. También alerta de que algunas mujeres que entran en España mediante redes de tráfico ilícito de personas no son detectadas inicialmente como posibles víctimas, aunque posteriormente puedan quedar sometidas a explotación sexual.
El informe reclama igualmente una mejor protección frente a la posibilidad de que las víctimas sean sancionadas o procesadas por actos ilícitos que se hayan visto obligadas a cometer como consecuencia directa de la trata.
La atención disponible presenta, además, diferencias territoriales. El documento señala la falta de servicios específicos en La Rioja, Ceuta y Melilla y considera insuficientes los recursos destinados a hombres, menores y víctimas de explotación laboral. También detecta carencias para atender a personas con discapacidad, problemas de salud mental o adicciones.
La explotación se desplaza a internet y a espacios privados
El informe describe una transformación de los métodos utilizados para captar, controlar y explotar a las víctimas. Las redes recurren cada vez más a las plataformas digitales, las redes sociales, las aplicaciones móviles, las emisiones en directo y la web oscura.
En la trata sexual aumentan la captación por internet y el uso de viviendas privadas y apartamentos alquilados como lugares de explotación, en sustitución de los clubes y otros establecimientos más visibles. También se utilizan falsas relaciones sentimentales, ofertas de trabajo inexistentes, deudas impuestas y drogodependencias para someter a mujeres y niñas.
Las principales víctimas de estas redes son mujeres extranjeras, especialmente procedentes de Sudamérica. El informe señala también la vulnerabilidad de las mujeres chinas, de las personas refugiadas —principalmente mujeres, niñas y niños que han huido de la guerra en Ucrania— y de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, expuestos a la explotación sexual y a la mendicidad forzada.
La explotación laboral afecta cada vez más a hombres y mujeres en la agricultura, la industria textil, la construcción, la restauración, la pesca de altura, el comercio, los cuidados, el trabajo doméstico y los establecimientos de belleza. El reclutamiento engañoso de personas migrantes, especialmente procedentes de Marruecos, incrementa el riesgo de trata en el sector agrícola.
El documento identifica asimismo la explotación de víctimas vietnamitas y chinas en actividades agrícolas y plantaciones de cannabis, así como la captación fraudulenta de jóvenes deportistas de América Latina y África, trasladados a España con la promesa de jugar al fútbol y sometidos posteriormente a condiciones abusivas.
España continúa sin un plan integral actualizado
El Departamento de Estado reconoce el incremento de los recursos destinados a la prevención y la protección, así como la aprobación de nuevas medidas contra la trata sexual dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
No obstante, España sigue sin disponer de un nuevo plan integral que abarque todas las modalidades de trata. El anterior Plan de Acción Nacional expiró en 2023 y, aunque su aplicación fue revisada durante 2025, al cierre del periodo analizado todavía no había comenzado la elaboración del siguiente. También había finalizado el plan contra el trabajo forzoso.
El informe señala que las fuerzas de seguridad siguen siendo las únicas que pueden identificar formalmente a las víctimas de todas las modalidades de trata. También advierte de la insuficiencia de los recursos dirigidos a hombres, menores y personas sometidas a explotación laboral, así como de las diferencias territoriales en la atención disponible.
La permanencia de España en el nivel 1 reconoce los esfuerzos realizados, pero no elimina las carencias detectadas. El informe reclama una mayor capacidad para identificar a las posibles víctimas entre la población migrante, más recursos para atender modalidades distintas de la explotación sexual y una respuesta adaptada a los riesgos asociados a las rutas migratorias y a las nuevas formas de captación y control mediante la tecnología.