La explotación sexual continúa siendo la principal finalidad de la trata de seres humanos investigada en España. De las 804 víctimas identificadas o en grave riesgo detectadas en esta modalidad, 803 eran mujeres o niñas. La Fiscalía también alerta del crecimiento de la trata laboral y de las nuevas formas de captación y control mediante internet.
La Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado, presentada este mes de septiembre, ofrece una radiografía de la trata de seres humanos y de los delitos de prostitución coactiva investigados durante 2025. Sus conclusiones adquieren especial relevancia ante la conmemoración, el 23 de septiembre, del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños.
La Fiscalía contabilizó 1.246 posibles víctimas de trata: 875 habían sido identificadas formalmente y otras 371 se encontraban en situaciones consideradas de grave riesgo. La cifra es un 57,9 % superior a la registrada el año anterior, aunque se trata de datos provisionales correspondientes a investigaciones que continúan abiertas.
Este incremento contrasta con la mayor estabilidad del número de investigaciones. La Fiscalía abrió 165 diligencias de seguimiento, frente a las 150 de 2024. De ellas, 121 estaban relacionadas exclusivamente con la explotación sexual, que representó el 73 % del total. Se investigaron además 23 casos de trata laboral, diez que combinaban explotación laboral y sexual, cuatro vinculados a actividades delictivas, otros cuatro relacionados con matrimonios forzados y dos que unían explotación laboral y actividades delictivas. También se registró un caso destinado conjuntamente a la comisión de delitos y la mendicidad.
Los datos judiciales de la Fiscalía sitúan en 204 los procedimientos por trata tramitados durante el año, frente a los 181 de 2024. También aumentaron los escritos de acusación: se presentaron 46, un 76,9 % más que el año anterior. De ellos, 34 correspondían a trata con fines de explotación sexual.
La explotación sexual tiene rostro de mujer
La Memoria contabiliza 804 víctimas de trata sexual identificadas o en grave riesgo. De ellas, 797 eran mujeres adultas, cuatro eran niñas, dos eran mujeres transexuales y una era un hombre. La práctica totalidad de las víctimas, por tanto, eran mujeres o menores de edad de sexo femenino.
La Fiscalía señala además un claro cambio en los países de procedencia. Entre el 70 % y el 80 % de las víctimas eran latinoamericanas. Destacaban especialmente las mujeres colombianas, que pasaron de 242 en 2024 a 329 en 2025, y las venezolanas, con 109 víctimas. Al menos el 54,5 % procedía de estos dos países. También se identificaron víctimas de Paraguay y Brasil, junto con un aumento de mujeres procedentes de China, Tailandia y Vietnam.
España no aparece únicamente como país de destino. Algunas investigaciones muestran que también se utiliza como punto de tránsito hacia otros países europeos y como base desde la que las redes controlan a distancia a mujeres trasladadas a Francia, Alemania, Países Bajos o Malta.
La Fiscalía detecta igualmente un cambio en el perfil de las víctimas y en los métodos utilizados por los tratantes. Algunas mujeres sabían que ejercerían la prostitución en España o lo habían hecho anteriormente en sus países, pero fueron engañadas sobre las condiciones reales que encontrarían: jornadas abusivas, coacciones, control y explotación. Esta circunstancia dificulta su reconocimiento como víctimas y puede restar credibilidad a sus testimonios, pese a que el engaño sobre las condiciones constituye también una forma de captación.
Las redes sociales y las páginas de anuncios tienen un peso creciente. En 18 investigaciones la captación se produjo a través de internet, en 24 fue directa y en otras 15 se combinaron ambos métodos. La Fiscalía advierte, además, de que las imágenes de contenido sexual difundidas en la red pueden terminar utilizándose para amenazar y controlar a las mujeres.
En 2025 se dictaron 21 sentencias de primera instancia relacionadas con la trata sexual: once fueron condenatorias por trata, cuatro impusieron condenas por otros delitos y seis resultaron absolutorias. Las sentencias reconocieron como víctimas de trata sexual a 37 mujeres, una de ellas menor de edad.
Aumentan las víctimas de explotación laboral
La Memoria confirma también el crecimiento de la trata con fines de explotación laboral. En 2025 se localizaron 384 víctimas, un 54,8 % más que el año anterior. La mayoría eran hombres: 335, frente a 22 mujeres, mientras que en otros 27 casos no constaba el sexo.
Los principales ámbitos afectados fueron la agricultura y la ganadería, el servicio doméstico, la hostelería, la limpieza, la construcción, los talleres y los salones de masaje y estética. Uno de los casos más significativos se produjo en el sector agrícola de Albacete, donde fueron detectadas inicialmente 267 posibles víctimas, principalmente hombres de origen nepalí en una situación de especial vulnerabilidad.
La Fiscalía considera que esta modalidad está proliferando y señala investigaciones similares en Castellón, Zaragoza, Murcia y Soria. Sin embargo, advierte de que siguen faltando recursos de alojamiento y atención adecuados, especialmente para los hombres. Esta desprotección puede provocar que las víctimas abandonen los centros de acogida, no puedan ser localizadas y los procedimientos terminen archivados.
A las víctimas de explotación sexual y laboral se suman 27 personas sometidas a trata para realizar actividades delictivas, una de ellas menor de edad. También se investigaron cuatro matrimonios forzados cuyas víctimas eran niñas procedentes de Rumanía, Mali y Senegal. La Fiscalía alerta, además, sobre la llegada a Canarias de mujeres muy jóvenes y niñas de países de África occidental que podrían estar siendo trasladadas a otros Estados europeos para contraer matrimonios concertados.
Crecen los procedimientos por prostitución coactiva
La Fiscalía estima que durante 2025 se abrieron 153 procedimientos judiciales por prostitución coactiva o lucrativa, frente a los 127 del año anterior.
Se presentaron 41 escritos de acusación y se dictaron 34 sentencias. Las diligencias supervisadas por la unidad especializada permitieron detectar 96 víctimas, entre ellas cinco menores, e investigar a 111 personas.
La Memoria recuerda que muchos de estos procedimientos no se refieren únicamente a la imposición directa de la prostitución, sino también a situaciones de explotación derivadas de la vulnerabilidad de las víctimas. Entre las condiciones descritas figuran las restricciones a la libertad de movimiento, la imposibilidad de rechazar clientes, las jornadas sin descanso, el hacinamiento, la obligación de consumir drogas o de mantener relaciones sexuales sin protección.
La Fiscalía advierte de que estas prácticas no pueden considerarse condiciones “normales” por el hecho de producirse en contextos de prostitución. Sin embargo, demostrar la situación de necesidad de las víctimas y las condiciones de explotación continúa siendo uno de los principales obstáculos en los tribunales.
A esta dificultad se añade el traslado frecuente de las mujeres entre pisos, chalets y viviendas de alquiler turístico contratadas por periodos muy breves. Esta movilidad reduce las posibilidades de detectar a las víctimas, impide establecer un lugar fijo para las vigilancias y los registros y complica la determinación del juzgado competente. Frente a estas nuevas formas de explotación, la Fiscalía destaca la importancia de las denuncias, incluidas las llamadas anónimas al teléfono de atención a víctimas de trata, que ya han permitido iniciar varias investigaciones.