Por un Trabajo Digno, es un proyecto de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT, iniciado en el año 2006 gracias a la financiación de la Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MISSM), y desde el año 2007 también cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE), en el marco de los distintos Programas Operativos (“P.O. Lucha contra la discriminación 2007-2013”, “P. O. de Inclusión Social y de la Economía Social 2014-2020” y “Programa de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza 2021-2027 FSE+”). Este proyecto de sensibilización, tiene como objetivo prevenir la discriminación en el acceso y permanencia en el empleo así como promover la igualdad de trato en el ámbito laboral entre las personas nacionales de terceros países y la población autóctona. Entre sus acciones: sensibilizar a la sociedad mediante el Boletín Por un Trabajo Digno; informar a los trabajadores y trabajadoras sobre sus derechos y obligaciones en el ámbito laboral, elaborando y difundiendo material informativo específico; y realizar campañas de sensibilización contra la discriminación y los prejuicios como la campaña #TrabajoLibreDeBulos; dedicando siempre una especial atención a las mujeres trabajadoras extranjeras no comunitarias, así como a las personas de nacionalidad extracomunitaria que se encuentran en situación de riesgo de pobreza o exclusión.

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La UE concedió protección internacional a más de 360.000 personas solicitantes de asilo en 2025

Los países de la Unión Europea concedieron protección internacional a 361.325 personas solicitantes de asilo en 2025, según las estadísticas anuales de Eurostat.

Esta cifra supone un descenso del 18% respecto a 2024, en un contexto de reducción tanto de solicitudes como de decisiones positivas.

Descenso de decisiones favorables en el conjunto de la UE

El informe refleja que la concesión de protección internacional ha disminuido en comparación con el año anterior. En 2024, la UE había otorgado protección a más de 437.000 personas, lo que confirma una tendencia a la baja en 2025. En total, los Estados miembros adoptaron más de 1 millón de decisiones sobre solicitudes de asilo, incluyendo tanto decisiones en primera instancia como resoluciones tras recurso, lo que muestra la magnitud del sistema de asilo europeo.

El 39% de las decisiones en primera instancia fueron favorables

Uno de los datos más relevantes del informe es que el 39% de las decisiones en primera instancia dieron lugar a la concesión de protección internacional, lo que sitúa la tasa de reconocimiento por debajo de la mitad de las solicitudes analizadas. Este porcentaje refleja las dificultades para acceder al estatuto de protección y las diferencias en los resultados de los procedimientos de asilo.

Tipos de protección concedida

Entre las personas que obtuvieron protección internacional en 2025:
  • El 51% recibió estatuto de refugiado
  • El 25% obtuvo protección por razones humanitarias
  • El 24% accedió a protección subsidiaria
Estos datos muestran que el estatuto de refugiado continúa siendo la forma principal de protección, aunque existe una distribución relevante entre distintas figuras jurídicas.

Tasa de reconocimiento por nacionalidad

El mayor número de decisiones favorables en primera instancia, según la nacionalidad, se han concedido a: venezolanos (92%), ucranianos (73%) y afganos (73%). Los niveles más elevados de resoluciones favorables finales en fases de apelación o revisión se observaron en Países Bajos (46%), Lituania (43%) y Austria (35%). En contraste, en países como Letonia, República Checa, Grecia, Malta, España, Croacia, Chipre, Polonia y Eslovenia, las resoluciones positivas finales no alcanzaron el 5 % del total.

Un sistema de asilo bajo presión

El conjunto de datos pone de relieve que el sistema de asilo europeo sigue gestionando un volumen elevado de solicitudes, en un contexto de cambios en los flujos migratorios y en las políticas de protección. La evolución de las decisiones y de las tasas de reconocimiento refleja tanto la presión sobre los sistemas nacionales como la complejidad de los procedimientos de asilo en la Unión Europea.
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