Por un Trabajo Digno, es un proyecto de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT, iniciado en el año 2006 gracias a la financiación de la Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MISSM), y desde el año 2007 también cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE), en el marco de los distintos Programas Operativos (“P.O. Lucha contra la discriminación 2007-2013”, “P. O. de Inclusión Social y de la Economía Social 2014-2020” y “Programa de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza 2021-2027 FSE+”). Este proyecto de sensibilización, tiene como objetivo prevenir la discriminación en el acceso y permanencia en el empleo así como promover la igualdad de trato en el ámbito laboral entre las personas nacionales de terceros países y la población autóctona. Entre sus acciones: sensibilizar a la sociedad mediante el Boletín Por un Trabajo Digno; informar a los trabajadores y trabajadoras sobre sus derechos y obligaciones en el ámbito laboral, elaborando y difundiendo material informativo específico; y realizar campañas de sensibilización contra la discriminación y los prejuicios como la campaña #TrabajoLibreDeBulos; dedicando siempre una especial atención a las mujeres trabajadoras extranjeras no comunitarias, así como a las personas de nacionalidad extracomunitaria que se encuentran en situación de riesgo de pobreza o exclusión.

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El documento alerta de que la regularidad administrativa no pone fin a la precariedad laboral de las personas migrantes

Con motivo del Día Mundial de la Población, que se conmemora el 11 de julio, UGT ha publicado el informe “La inserción laboral desde la irregularidad administrativa”. El estudio analiza, a partir del empleo de las personas titulares de autorizaciones por arraigo, cómo influye el acceso a la regularidad administrativa en la posterior inserción laboral de las personas migrantes y pone de manifiesto que abandonar la irregularidad no implica, por sí solo, abandonar la precariedad.

La forma de acceder a la residencia legal condiciona la forma de acceder al mercado laboral. La necesidad de abandonar cuanto antes la situación administrativa irregular, la dificultad para conseguir una oferta de empleo y la necesidad de mantener un trabajo para conservar o renovar la autorización, limitan las posibilidades de elección y orientan la inserción hacia determinados sectores económicos.

En este sentido, las autorizaciones de residencia por arraigo constituyen una herramienta esencial para facilitar el paso a un trabajo regularizado. Sin embargo, ese tránsito se produce mayoritariamente hacia actividades caracterizadas por salarios bajos, elevada temporalidad y escasas posibilidades de promoción profesional.

Las mujeres concentran mayoritariamente su incorporación al mercado de trabajo en el empleo doméstico y la hostelería, mientras que los hombres lo hacen principalmente en agricultura, construcción y otras actividades tradicionalmente masculinizadas. Estas diferencias reproducen la segregación ocupacional existente en el mercado laboral español, aunque también muestran una singularidad: entre los titulares de autorizaciones por arraigo aparecen con mayor frecuencia mujeres en sectores masculinizados, como la construcción, y hombres en actividades feminizadas, como el trabajo doméstico o los servicios a edificios y jardinería. No obstante, esta situación pierde peso en el caso de las personas migrantes con autorizaciones previas ordinarias de residencia y trabajo.

El informe señala que el 72% de las mujeres titulares de autorizaciones por arraigo desempeñan ocupaciones elementales y que más de nueve de cada diez se concentran en los grupos de ocupación con menores salarios medios. Estos datos son muy superiores a los de los hombres, 53,2%, pero los hombres con el tiempo tienden mayoritariamente a salir de esos puestos y la mayoría de las mujeres, más del 50%, esa situación se cronifica.

Es muy probable que la inserción laboral de las personas que han obtenido una autorización en el marco del proceso extraordinario de regularización, sea similar a la de las personas titulares de autorizaciones por arraigo. Es necesario, dignificar las condiciones de trabajo de determinadas ocupaciones, como es el caso de las trabajadoras del hogar además de promover medidas que permitan a las personas regularizadas acceder a otras ocupaciones diferentes mediante servicios de orientación para el empleo con itinerarios que incluyan formación y reconocimiento de competencias dirigidos a los puestos de trabajo que, en función de su capacitación previa o adquirida, las personas quieran y puedan ocupar.

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