Por un Trabajo Digno, es un proyecto de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT, iniciado en el año 2006 gracias a la financiación de la Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MISSM), y desde el año 2007 también cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE), en el marco de los distintos Programas Operativos (“P.O. Lucha contra la discriminación 2007-2013”, “P. O. de Inclusión Social y de la Economía Social 2014-2020” y “Programa de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza 2021-2027 FSE+”). Este proyecto de sensibilización, tiene como objetivo prevenir la discriminación en el acceso y permanencia en el empleo así como promover la igualdad de trato en el ámbito laboral entre las personas nacionales de terceros países y la población autóctona. Entre sus acciones: sensibilizar a la sociedad mediante el Boletín Por un Trabajo Digno; informar a los trabajadores y trabajadoras sobre sus derechos y obligaciones en el ámbito laboral, elaborando y difundiendo material informativo específico; y realizar campañas de sensibilización contra la discriminación y los prejuicios como la campaña #TrabajoLibreDeBulos; dedicando siempre una especial atención a las mujeres trabajadoras extranjeras no comunitarias, así como a las personas de nacionalidad extracomunitaria que se encuentran en situación de riesgo de pobreza o exclusión.

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Un experto de la ONU insta a una respuesta urgente frente a la trata de niños y niñas en conflictos

Protección especializada y acción inmediata, claves para víctimas en entornos de guerra

En un comunicado, un experto independiente de la ONU ha subrayado que las víctimas infantiles de la trata en contextos de conflicto requieren medidas urgentes y especializadas de protección, dado que su situación se agrava cuando los derechos fundamentales no se garantizan.

Formas múltiples de explotación en escenarios de guerra

El experto alerta de que los niños y niñas atrapados en conflictos pueden ser objeto de:

  • Trabajo forzoso o servidumbre
  • Participación en combates o apoyo a grupos armados
  • Mendicidad forzada, matrimonio forzado o adopciones ilegales entre países.
    Se destaca que muchos estados detienen o procesan a menores asociados a grupos armados en lugar de reconocerlos como víctimas de trata, lo que viola el principio de no castigo de las víctimas.

Obstáculos estructurales y riesgo elevado

El informe identifica una correlación significativa entre la trata de niños en conflicto y sistemas de protección infantil debilitados, administración de justicia deficiente, proliferación de armas ligeras y carencias en los procesos de desarme y desmovilización.
Asimismo, la falta de identificación temprana de víctimas implica riesgos de detención arbitraria, separación familiar, repatriación o ausencia de tutela consciente.

Recomendaciones para una política basada en derechos humanos

Para responder a esta crisis, el comunicado del experto apunta varias líneas de actuación:

  • Reconocer explícitamente a los niños y niñas víctimas de trata de personas en conflicto como tales, y priorizar su recuperación, integración y reunificación familiar con enfoque de derechos humanos.
  • Crear mecanismos de identificación temprana mediante cribado y derivación efectivos, con acceso humanitario sin restricciones, tutela para menores separados o no acompañados, y acceso real a la protección internacional, incluido el asilo.
  • Establecer unidades especializadas en organismos policiales, judiciales y fiscales que garanticen la protección de testigos y víctimas infantiles, y respeten su dignidad.

Conclusión: la urgencia de actuar

El comunicado advierte que la inacción frente a la trata de niños y niñas en contextos de conflicto tiene consecuencias devastadoras: privación de infancia, vulneración del derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, y un retroceso en la protección internacional de la niñez.
El experto hace un llamamiento a los estados para que eleven la respuesta de protección de menores a la altura del riesgo, especialmente en zonas afectadas por conflicto armado, para garantizar que los niños y niñas sean protegidos y no víctimas olvidadas.

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