Por un Trabajo Digno, es un proyecto de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT, iniciado en el año 2006 gracias a la financiación de la Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MISSM), y desde el año 2007 también cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE), en el marco de los distintos Programas Operativos (“P.O. Lucha contra la discriminación 2007-2013”, “P. O. de Inclusión Social y de la Economía Social 2014-2020” y “Programa de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza 2021-2027 FSE+”). Este proyecto de sensibilización, tiene como objetivo prevenir la discriminación en el acceso y permanencia en el empleo así como promover la igualdad de trato en el ámbito laboral entre las personas nacionales de terceros países y la población autóctona. Entre sus acciones: sensibilizar a la sociedad mediante el Boletín Por un Trabajo Digno; informar a los trabajadores y trabajadoras sobre sus derechos y obligaciones en el ámbito laboral, elaborando y difundiendo material informativo específico; y realizar campañas de sensibilización contra la discriminación y los prejuicios como la campaña #TrabajoLibreDeBulos; dedicando siempre una especial atención a las mujeres trabajadoras extranjeras no comunitarias, así como a las personas de nacionalidad extracomunitaria que se encuentran en situación de riesgo de pobreza o exclusión.

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Casi 330.000 personas extranjeras tienen una autorización de residencia por arraigo en vigor en España

Según el Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI), a 31 de marzo de 2025, un total de 328.841 personas extranjeras cuentan con una autorización de residencia por arraigo en vigor. Esta cifra supone un incremento del 24% respecto al mismo trimestre del año anterior, y representa ya el 10% del total de autorizaciones de residencia en régimen de extranjería. Desde finales de 2020, el número se ha multiplicado por más de siete, tras las reformas introducidas en julio de 2022.

El arraigo familiar predomina: ya representa casi dos de cada tres autorizaciones

Del total de personas con residencia por arraigo, el 65% (214.669) tiene una autorización por arraigo familiar, seguido del arraigo por formación (20%; 65.788), el arraigo social (13%; 44.204) y el laboral (1%; 4.180). Mientras que las autorizaciones por arraigo familiar y formación han crecido significativamente, el arraigo social y laboral han disminuido de forma marcada: un 49,1% y un 70,6% menos, respectivamente, en el último año.

El 90% de las autorizaciones son iniciales, pero crecen con fuerza las prórrogas, sobre todo en el arraigo por formación

Nueve de cada diez autorizaciones por arraigo vigentes son de tipo inicial. Las prórrogas, aunque todavía suponen solo el 7% del total, se han duplicado en un año, impulsadas por las del arraigo por formación, que crecieron un 418,2% en ese periodo. Las modificaciones representan el 3% restante.

Las nacionalidades mayoritarias: Colombia, Marruecos y Perú suman más de la mitad de los casos

Colombia lidera el número de personas con arraigo (81.247; 25%), seguida de Marruecos (56.404; 17%) y Perú (28.108; 9%). Cuba y Venezuela completan el grupo de nacionalidades más frecuentes. El arraigo representa una vía especialmente importante de regularización para personas de Cuba, Colombia y Perú, que presentan los porcentajes más altos dentro del régimen de extranjería (43%, 37% y 30%, respectivamente).

El perfil: edad media de 38 años, equilibrio de género y gran diversidad según nacionalidad y tipo de arraigo

La edad media de las personas con autorización por arraigo es de 38 años. Las personas con arraigo por formación o laboral son las más jóvenes (34-35 años), mientras que las que acceden por arraigo familiar son mayores (40 años). El colectivo está compuesto en un 51% por mujeres, aunque hay diferencias significativas según nacionalidad: las mujeres predominan en los colectivos de Honduras (67%) o Nicaragua (66%), mientras que son minoría en los de Senegal (14%) o Marruecos (30%).

Tres de cada cuatro personas con arraigo no habían tenido autorización previa en España

El 76% de las personas con residencia por arraigo no había tenido ninguna otra autorización de residencia o estancia en vigor previamente. Entre quienes sí la habían tenido, destacan las autorizaciones por arraigo anterior (44%) y las tarjetas de familiar de nacional de la UE (16%). Es especialmente significativo el caso de la nacionalidad venezolana, donde un 23% accedió anteriormente por otras circunstancias excepcionales (principalmente razones humanitarias).

Madrid y Barcelona concentran el 30% de las personas con arraigo, pero destacan otras provincias por su crecimiento

Barcelona (50.812) y Madrid (47.830) aglutinan un tercio de los casos. Sin embargo, Madrid es la única gran provincia con reducción interanual (-1,1%). Santa Cruz de Tenerife lidera el crecimiento anual (+47,7%). Girona y Madrid presentan también reducciones trimestrales. En términos relativos, las provincias con mayor proporción de personas con arraigo sobre el total de residentes en régimen de extranjería son Asturias, Ciudad Real, Córdoba, Lugo y Ourense.

Solo el 48% de las personas con arraigo están afiliadas a la Seguridad Social: es el dato más bajo de toda la serie histórica

A finales de marzo de 2025, había 155.467 personas con autorización de residencia por arraigo afiliadas a la Seguridad Social. Este número representa un 5,4% más que hace un año, pero solo el 48% del total de personas de 16 años o más con esta autorización, el porcentaje más bajo de la serie. La mayoría (63%) de las personas afiliadas tienen arraigo familiar. El arraigo social y laboral presentan los mayores porcentajes de afiliación (86% y 80%), mientras que el formativo tiene solo un 24%.

Persisten desigualdades de género: menor afiliación femenina y más contratos parciales

El 55% de los hombres con arraigo están afiliados, frente al 42% de las mujeres. Además, hay diferencias claras en los tipos de contrato: el 54% de los hombres tiene un contrato indefinido a tiempo completo, frente al 35% de las mujeres. El contrato indefinido a tiempo parcial es más común entre las mujeres (28%, frente al 10% en hombres). Estas diferencias se reproducen también según tipo de arraigo y nacionalidad.

El perfil laboral: empleo precario, bajos niveles de cualificación y fuerte segregación por sexo

Un tercio de las personas afiliadas con arraigo está en el grupo de cotización de “Mayores de 18 años no cualificados”. Entre los hombres, la actividad principal es la construcción; entre las mujeres, es la hostelería, seguida de los empleos en el hogar y las actividades administrativas. En provincias como Huelva, Almería o Cantabria, los niveles de afiliación superan el 56%, mientras que en Ceuta y Melilla no alcanzan el 30%.
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