El Defensor del Pueblo reclama un aumento de la vivienda pública y protegida, más ayudas al alquiler y respuestas estables frente a la emergencia residencial. Su informe sobre el derecho a una vivienda digna recoge que los hogares extranjeros no propietarios necesitan el equivalente a 7,6 años de renta neta para comprar una vivienda, frente a los 6,8 años del conjunto de los hogares.
El Defensor del Pueblo ha publicado el informe monográfico “La efectividad del derecho a una vivienda digna y adecuada. Un problema social crítico”, en el que dirige 35 recomendaciones a las administraciones públicas para afrontar la falta de vivienda asequible en España.
El documento parte de una investigación iniciada de oficio en junio de 2025 en las 17 comunidades autónomas, Ceuta y Melilla y los diez ayuntamientos de los municipios más poblados. Sus conclusiones señalan que la escasez de vivienda pública, el aumento de los precios y las deficiencias en la planificación y coordinación administrativa impiden que amplios sectores de la población puedan ejercer de manera efectiva este derecho.
El informe reconoce expresamente el derecho de las personas extranjeras residentes en España a disfrutar de una vivienda digna, adecuada y accesible, y aporta algunos datos que permiten apreciar las dificultades particulares de los hogares extranjeros.
Los hogares extranjeros necesitan 7,6 años de renta para comprar una vivienda
Según los datos del Banco de España recogidos en el informe, un hogar no propietario necesita destinar, de media, el equivalente a 6,8 años de su renta neta para comprar una vivienda en su municipio de residencia. Entre los hogares extranjeros, el esfuerzo aumenta hasta los 7,6 años.
La diferencia refleja una menor capacidad económica para acceder a la propiedad, aunque el informe no ofrece un análisis detallado de sus causas ni desglosa la situación de la población extranjera en el mercado del alquiler.
La compra resulta especialmente difícil para quienes tienen empleos precarios, salarios bajos o escasa capacidad de ahorro. Esta situación desplaza una parte creciente de la demanda hacia el alquiler, en un mercado caracterizado también por la falta de oferta y la subida continuada de los precios.
El 30,6 % de la población que vive de alquiler dedica más del 40 % de sus ingresos a pagarlo, 10,3 puntos por encima de la media de la Unión Europea. El Defensor del Pueblo advierte de que la falta de asequibilidad afecta con mayor intensidad a las personas y familias con menores ingresos y puede empujarlas hacia la pobreza y la exclusión social.
Más vivienda pública y procedimientos de adjudicación transparentes
España dispone de un parque de vivienda social reducido, equivalente al 3,3 % de las viviendas principales en 2024. Por ello, una parte central de las recomendaciones se dirige a ampliar de manera permanente el parque público y protegido, especialmente el destinado al alquiler, hasta alcanzar como mínimo la media europea.
El Defensor del Pueblo pide que se preste especial atención a las familias con menores, especialmente las monoparentales; las víctimas de violencia de género; las personas jóvenes, con discapacidad o mayores.
El informe propone que la adjudicación de vivienda protegida se realice mediante procedimientos transparentes y eficaces, con baremos públicos que valoren la necesidad de vivienda y las circunstancias personales, familiares y económicas.
También reclama una regulación adecuada de los registros de demandantes, respuestas dentro de plazo y resoluciones motivadas. Estas garantías son especialmente importantes para evitar que las dificultades para acreditar ingresos o configurar las unidades de convivencia se conviertan en obstáculos para acceder a una vivienda pública.
Mientras no haya suficientes viviendas disponibles, el Defensor del Pueblo propone estudiar prestaciones económicas subsidiarias que permitan a los grupos con mayores dificultades alquilar una vivienda en el mercado. También plantea ampliar las ayudas al alquiler, evitar que se agoten antes de atender todas las solicitudes que cumplen los requisitos y adaptar los límites máximos de renta subvencionable a los precios reales.
Respuestas estables frente a la exclusión residencial
Las recomendaciones incluyen la creación de viviendas suficientes para atender emergencias residenciales mediante procedimientos más rápidos y flexibles. El objetivo es ofrecer una respuesta inmediata ante desahucios, derrumbes, catástrofes u otras circunstancias sobrevenidas, sin obligar a las familias a esperar los plazos habituales de adjudicación.
El informe reclama también sistemas que detecten de forma anticipada el riesgo de exclusión residencial a partir de indicadores como el impago del alquiler o la hipoteca, el desempleo, el endeudamiento, la pobreza energética o la ausencia de una red familiar y social.
En los casos de chabolismo e infravivienda, el Defensor del Pueblo pide convertir en prioridad el realojo rápido de sus habitantes en viviendas dignas y entornos urbanos adecuados. Para ello, las administraciones deben censar los asentamientos, coordinarse con los agentes sociales, aprovechar la financiación estatal y europea y acompañar los realojos con medidas sociales continuadas.
Respecto al sinhogarismo, propone crear un parque suficiente de viviendas que permita ofrecer soluciones estables y superar el alojamiento temporal como única respuesta. Mientras se alcanza ese objetivo, reclama reforzar los recursos residenciales y mejorar su calidad.
Las 35 recomendaciones configuran una respuesta amplia a la crisis de vivienda: mayor inversión pública, planificación a largo plazo, coordinación entre administraciones, más vivienda protegida en alquiler, ayudas eficaces y actuaciones frente a los desahucios y la exclusión residencial. Su aplicación resulta especialmente relevante para quienes tienen menos ingresos y mayores dificultades para acceder al mercado, entre ellos numerosos hogares de origen migrante.