Por un Trabajo Digno, es un proyecto de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT, iniciado en el año 2006 gracias a la financiación de la Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MISSM), y desde el año 2007 también cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE), en el marco de los distintos Programas Operativos (“P.O. Lucha contra la discriminación 2007-2013”, “P. O. de Inclusión Social y de la Economía Social 2014-2020” y “Programa de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza 2021-2027 FSE+”). Este proyecto de sensibilización, tiene como objetivo prevenir la discriminación en el acceso y permanencia en el empleo así como promover la igualdad de trato en el ámbito laboral entre las personas nacionales de terceros países y la población autóctona. Entre sus acciones: sensibilizar a la sociedad mediante el Boletín Por un Trabajo Digno; informar a los trabajadores y trabajadoras sobre sus derechos y obligaciones en el ámbito laboral, elaborando y difundiendo material informativo específico; y realizar campañas de sensibilización contra la discriminación y los prejuicios como la campaña #TrabajoLibreDeBulos; dedicando siempre una especial atención a las mujeres trabajadoras extranjeras no comunitarias, así como a las personas de nacionalidad extracomunitaria que se encuentran en situación de riesgo de pobreza o exclusión.

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Las solicitudes de asilo en la UE caen un 23 % en el primer semestre de 2025

Un cambio en el mapa de las solicitudes

La Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA) ha publicado su revisión semestral de tendencias, que muestra un descenso del 23 % en las solicitudes de asilo presentadas en los países de la UE+ durante la primera mitad de 2025. En total, se registraron 399.000 solicitudes, frente a las más de 500.000 del mismo periodo en 2024.

Este cambio se debe principalmente a la drástica reducción de las solicitudes de nacionales sirios, que pasaron de ser el principal grupo durante más de una década a caer un 66 % (25.000 solicitudes). Tras este descenso, Venezuela se convirtió en la principal nacionalidad solicitante, con 49.000 casos, un aumento del 31 % respecto al año anterior.

Francia y España superan a Alemania

La variación en las nacionalidades también modificó los principales países receptores. Francia (78.000) y España (77.000) recibieron más solicitudes que Alemania (70.000), seguida de Italia (64.000) y Grecia (27.000). Grecia fue, sin embargo, el país con más solicitudes en relación a su población: una por cada 380 residentes.

En el caso de los venezolanos, el 93 % presentó su solicitud en España, favorecidos por lazos lingüísticos, la presencia de comunidades ya asentadas y una protección específica otorgada por las autoridades españolas.

Otros grupos solicitantes

Los afganos representaron la segunda nacionalidad más numerosa con 42.000 solicitudes, aunque en descenso desde 2023. También aumentaron las solicitudes de ucranianos (16.000, +29 %), concentradas en Francia y Polonia, pese a que más de 4,3 millones siguen bajo protección temporal. En contraste, las solicitudes de bangladesíes (17.000) y turcos (17.000)cayeron un 26 % y un 41 %, respectivamente.

Tasa de reconocimiento en mínimos históricos

La tasa de reconocimiento en primera instancia alcanzó solo el 25 %, la más baja registrada hasta la fecha. Este dato se explica, en gran medida, por la suspensión en varios países del examen de las solicitudes sirias y por factores estadísticos derivados de la retirada de expedientes.

Existen, sin embargo, notables diferencias entre nacionalidades. Mientras que para bangladesíes, pakistaníes o nigerianos las tasas se mantuvieron bajas (entre el 4 % y el 10 %), para malíes alcanzaron el 79 % y para haitianos el 86 %. Francia concentró el 99 % de las solicitudes haitianas, que aumentaron un 57 %.

Más de 900.000 solicitudes pendientes

A finales de junio de 2025, 918.000 solicitudes de asilo seguían pendientes de resolución en primera instancia. Además, la mitad de las solicitudes presentadas procedían de nacionalidades con tasas de reconocimiento inferiores al 20 %, que en el futuro podrían estar sujetas a procedimientos acelerados bajo las nuevas normas que entrarán en vigor en junio de 2026.

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