El OPI contabiliza 221.802 autorizaciones concedidas durante el año 2025, con un ligero descenso del 0,7% respecto a 2024, en un contexto marcado por la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería.
Durante 2025 se concedieron en España 221.802 autorizaciones de residencia por arraigo, lo que supone 1.543 menos que el año anterior (-0,7%). Según los datos publicados por el Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI), esta ligera reducción marca un punto de inflexión tras el intenso crecimiento registrado entre 2021 y 2024 y coincide con la implantación del nuevo Reglamento de Extranjería, que reorganiza las modalidades de arraigo e introduce nuevas figuras de regularización.
El arraigo representa ya el 17% de todas las autorizaciones concedidas
Las autorizaciones por arraigo continúan consolidándose como una de las principales vías de acceso a la residencia en España.
En 2025 representaron el 17% del total de autorizaciones de residencia concedidas en el régimen de extranjería, frente al 10% que suponían en 2020. En apenas cinco años, el número anual de autorizaciones por arraigo ha aumentado en 175.853, lo que equivale a un incremento del 386%.
El informe atribuye la estabilización registrada en 2025 al periodo transitorio derivado de la entrada en vigor del Real Decreto 1155/2024, que crea nuevas modalidades de arraigo y modifica la regulación del arraigo familiar, cuyos supuestos pasan parcialmente a un régimen específico para familiares de personas con nacionalidad española.
El arraigo familiar sigue siendo la modalidad más frecuente
Durante 2025, el arraigo familiar concentró 80.258 autorizaciones, el 36% del total, aunque registró una disminución del 13,9% respecto al año anterior.
Le siguen el arraigo social, con 53.740 autorizaciones (24%), y el arraigo para la formación, con 53.331 (24%), ambos también con descensos respecto a 2024.
Por su parte, las nuevas figuras introducidas por el Reglamento comienzan a consolidarse: el arraigo sociolaboral alcanzó 21.921 autorizaciones (10%), el arraigo socioformativo 9.083 (4%) y el arraigo de segunda oportunidad 697 autorizaciones durante su primer año de aplicación.
Colombia, Marruecos y Perú concentran más de la mitad de las autorizaciones
Las personas de nacionalidad colombiana volvieron a ser el principal grupo beneficiario de las autorizaciones por arraigo, con 59.163 concesiones, equivalentes al 27% del total.
Les siguen Marruecos, con 40.920 autorizaciones (18%), y Perú, con 21.111 (10%). En conjunto, estas tres nacionalidades representan el 55% de todas las autorizaciones concedidas durante 2025.
El informe destaca que los mayores incrementos anuales corresponden a las personas de nacionalidad peruana (+24,2%) y colombiana (+20,8%), mientras que las mayores reducciones se registran entre las personas de Senegal (-27,8%) y República Dominicana (-21,8%).
Mujeres y hombres presentan una distribución prácticamente equilibrada
Las mujeres representan el 49% de todas las autorizaciones concedidas por arraigo durante 2025, manteniéndose una distribución muy equilibrada entre ambos sexos.
No obstante, el peso de mujeres y hombres varía según la modalidad de arraigo. Las mujeres son mayoría en el arraigo familiar (58%), mientras que los hombres predominan en el arraigo para la formación (64%) y en el arraigo laboral (58%). En cambio, las nuevas modalidades de arraigo sociolaboral y socioformativo presentan una distribución mucho más equilibrada entre mujeres y hombres.
También existen diferencias según la nacionalidad. Las mujeres representan el 67% de las personas procedentes de Honduras y Nicaragua, mientras que únicamente alcanzan el 10% entre las personas de nacionalidad senegalesa y el 11% entre las de Pakistán.
La edad media aumenta hasta los 38 años
La edad media de las personas que obtuvieron una autorización por arraigo se situó en 38 años, dos más que en 2020.
Las personas de nacionalidad venezolana presentan la edad media más elevada, con 51 años, seguidas por las de Cuba (43 años). En el extremo opuesto se sitúan las personas procedentes de Senegal, con una media de 33 años, y las de Paraguay, Nicaragua y Pakistán, con 34 años.
Madrid y Barcelona concentran casi un tercio de las autorizaciones
La distribución territorial muestra una elevada concentración en las grandes áreas urbanas.
Las provincias de Madrid y Barcelona reunieron conjuntamente el 32% de todas las autorizaciones concedidas durante 2025, con 39.404 y 31.091 autorizaciones, respectivamente.
Les siguen Valencia, con 12.709, y Alicante, con 10.844 autorizaciones. De estas cuatro provincias, únicamente Madrid registró un incremento respecto al año anterior (+20%), mientras que Barcelona, Valencia y Alicante experimentaron descensos.
El informe también destaca los importantes aumentos registrados en Segovia (+122,7%) y Soria (+106%), mientras que las mayores reducciones corresponden a Girona (-50,1%), Melilla (-33,2%) y Almería (-30,8%).
La mayoría obtiene con el arraigo su primera autorización de residencia
El 77% de las autorizaciones concedidas durante 2025 correspondieron a personas que no habían tenido anteriormente ninguna autorización de residencia o estancia en vigor, por lo que el arraigo constituye su primera autorización administrativa.
El 23% restante sí había contado previamente con alguna autorización. Entre estas personas, el motivo anterior más frecuente fue otra autorización por arraigo (62%), seguida de la estancia por estudios (11%) y de la tarjeta de familiar de ciudadanía de la Unión Europea, Asociación Europea de Libre Comercio o Reino Unido (8%).
La reforma del Reglamento redefine las modalidades de arraigo
El informe concluye que 2025 constituye un año de transición hacia el nuevo modelo de arraigo establecido por el Reglamento de Extranjería aprobado en 2024.
La aparición de nuevas modalidades, como el arraigo sociolaboral, el socioformativo y el de segunda oportunidad, junto con la reorganización del arraigo familiar, explica buena parte de los cambios observados en la distribución de las autorizaciones concedidas durante el año y marca el inicio de una nueva etapa en la regulación de esta vía de acceso a la residencia en España.