La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) ha actualizado su guía sobre la tutela de niños, niñas y adolescentes no acompañados. El documento adapta sus orientaciones al Pacto Europeo sobre Migración y Asilo y subraya que una tutela temprana, independiente y con recursos suficientes resulta esencial para prevenir la desprotección, las desapariciones y la trata de seres humanos.
Llegar a un país sin la compañía de una persona adulta responsable expone a niños, niñas y adolescentes a un mayor riesgo de violencia, explotación y trata. También les obliga a afrontar procedimientos administrativos que pueden determinar su futuro sin el apoyo de sus familias.
La segunda edición de la guía de la FRA incorpora los cambios introducidos por la normativa europea y se dirige a las administraciones y profesionales encargados de organizar y aplicar los sistemas de tutela. Sus orientaciones abarcan no solo a quienes solicitan protección internacional, sino también a víctimas de trata, menores que no piden asilo, personas apátridas y otros niños y niñas privados del cuidado familiar.
Una persona de apoyo desde el primer contacto con las autoridades
La FRA defiende que ningún niño o niña no acompañado debe afrontar en solitario los procedimientos de identificación, acogida, asilo, retorno o determinación de la edad. Desde el primer contacto con las autoridades, debe contar con una persona preparada para explicarle los trámites, escucharle, defender sus derechos y velar por su bienestar.
Cuando no sea posible nombrar inmediatamente a la persona tutora definitiva, se deberá designar una figura provisional para acompañar al menor durante las primeras actuaciones.
En las solicitudes de protección internacional, la normativa europea fija un plazo máximo de 15 días laborables para el nombramiento definitivo. Este plazo puede ampliarse hasta 25 días en circunstancias excepcionales, aunque la asistencia provisional debe mantenerse hasta que la tutela sea efectiva.
La persona tutora debe actuar con independencia y sin conflictos de intereses. La guía también reclama profesionales cualificados, formación continua y recursos humanos y económicos suficientes.
El límite de 30 menores no debe convertirse en la carga habitual
En circunstancias normales, una persona tutora no puede representar simultáneamente a más de 30 menores. Sin embargo, la FRA precisa que esta cifra es un límite máximo, no una carga de trabajo recomendable.
El número debe ser menor cuando las funciones asumidas sean amplias o los casos presenten una especial complejidad. Solo ante una presión excepcional sobre el sistema puede elevarse hasta 50 menores.
La finalidad es que la persona tutora pueda mantener un contacto periódico con cada niño o niña, conocer sus necesidades y participar de forma efectiva en las decisiones que le afectan. Los sistemas de tutela deben estar sometidos a supervisión y los menores deben disponer de procedimientos sencillos, confidenciales y seguros para presentar una queja.
Protección durante la determinación de la edad y ante las desapariciones
Cuando existan razones objetivas para pensar que una persona puede ser menor de edad, debe recibir protección y contar con una persona tutora mientras se realizan las comprobaciones.
La guía señala que las pruebas médicas solo deben emplearse como último recurso, después de examinar la documentación y utilizar métodos menos invasivos. Si la duda persiste al finalizar el procedimiento, la persona deberá ser considerada menor.
La FRA también pide evaluar individualmente los riesgos de violencia, explotación y trata. En estos casos, las decisiones sobre retorno, traslado o reunificación familiar deben valorar expresamente el peligro de que el niño o la niña vuelva a caer en redes de explotación.
La tutela temprana también puede ayudar a prevenir las desapariciones de los centros de acogida. Si se produce una, debe comunicarse sin demora a la policía y a las autoridades responsables, y la persona tutora debe continuar siguiendo el caso hasta que el menor sea localizado o finalice formalmente su responsabilidad.
Por último, la FRA advierte de la desprotección que puede producirse al cumplir los 18 años. Por ello, recomienda preparar con antelación la transición a la vida adulta y mantener el acompañamiento cuando sea necesario, especialmente si el joven todavía debe resolver cuestiones relacionadas con su residencia, nacionalidad o posible apatridia.