Por un Trabajo Digno, es un proyecto de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT, iniciado en el año 2006 gracias a la financiación de la Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MISSM), y desde el año 2007 también cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE), en el marco de los distintos Programas Operativos (“P.O. Lucha contra la discriminación 2007-2013”, “P. O. de Inclusión Social y de la Economía Social 2014-2020” y “Programa de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza 2021-2027 FSE+”). Este proyecto de sensibilización, tiene como objetivo prevenir la discriminación en el acceso y permanencia en el empleo así como promover la igualdad de trato en el ámbito laboral entre las personas nacionales de terceros países y la población autóctona. Entre sus acciones: sensibilizar a la sociedad mediante el Boletín Por un Trabajo Digno; informar a los trabajadores y trabajadoras sobre sus derechos y obligaciones en el ámbito laboral, elaborando y difundiendo material informativo específico; y realizar campañas de sensibilización contra la discriminación y los prejuicios como la campaña #TrabajoLibreDeBulos; dedicando siempre una especial atención a las mujeres trabajadoras extranjeras no comunitarias, así como a las personas de nacionalidad extracomunitaria que se encuentran en situación de riesgo de pobreza o exclusión.

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La FRA denuncia la ineficacia de las investigaciones sobre abusos en las fronteras de la UE

Falta de avances estructurales pese a denuncias reiteradas

La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) ha publicado su actualización 2025 sobre las investigaciones de presuntos malos tratos y vulneraciones de derechos en las fronteras exteriores de la Unión. El informe concluye que, a pesar de los numerosos informes sobre violaciones graves y recurrentes contra personas migrantes y refugiadas, no se han producido cambios estructurales que mejoren la eficacia de las investigaciones nacionales.

Investigaciones judiciales con escasos resultados

Entre 2020 y 2024, al menos 135 investigaciones penales fueron abiertas en 12 Estados miembros, casi la mitad en Grecia. La mayoría se archivaron en fase previa al juicio, con solo cuatro condenas en total (tres en Hungría y una en España). Destacan las actuaciones judiciales en Grecia e Italia por los trágicos naufragios de Pylos (junio de 2023) y Cutro (febrero de 2023), que dejaron decenas de víctimas mortales, incluidos niños.

Procesos disciplinarios limitados

En el mismo periodo, se registraron al menos 161 investigaciones disciplinarias en 11 Estados miembros. Únicamente 13 derivaron en sanciones (siete en Croacia y seis en Hungría). Las conductas investigadas incluyen malos tratos, confiscaciones ilegales de bienes, e incluso casos de homicidio y violencia sexual.

Frontex y la falta de seguimiento nacional

El informe también analiza las denuncias tramitadas por la Oficina de Derechos Fundamentales de Frontex, que entre 2016 y 2024 recibió 313 quejas, de las cuales 43 fueron admitidas. En 2024 se presentaron 84 quejas, la cifra más alta hasta ahora. Aunque Frontex confirma en muchos casos indicios de violaciones de derechos, la FRA denuncia que las autoridades nacionales no suelen dar continuidad a estas investigaciones.

El papel del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictado seis sentencias en los últimos cuatro años en las que declaró ineficaces las investigaciones nacionales sobre violaciones de derechos en fronteras. Además, a julio de 2025 había 30 casos pendientes contra ocho Estados miembros. Las denuncias incluyen violencia, devoluciones sumarias, demoras en rescates marítimos y abandono de personas en condiciones de riesgo vital.

Conclusión: la necesidad de investigaciones eficaces e independientes

La FRA recuerda que los Estados tienen la obligación, conforme al Artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, de garantizar un recurso efectivo ante los tribunales cuando se vulneran los derechos. El informe insta a reforzar la independencia, imparcialidad y transparencia de las investigaciones, y a permitir la participación de las víctimas en los procesos.

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