La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea señala que al menos 852 personas murieron o desaparecieron en las rutas marítimas hacia Europa entre julio y septiembre de 2026. El boletín dedica especial atención a las llegadas a Ceuta, que pusieron a prueba la capacidad de acogida y protección de la infancia en España.
La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) ha publicado el tercer número de su Boletín sobre Migración y Derechos Fundamentales de 2026, que analiza la situación de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas entre el 1 de julio y el 30 de septiembre.
El documento examina las vulneraciones de derechos en las fronteras exteriores, las operaciones de rescate marítimo, las restricciones a la ayuda humanitaria y los primeros meses de aplicación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo. También aborda la protección de la infancia y la situación de las personas desplazadas por la guerra de Ucrania.
La FRA advierte de que continúan las denuncias de expulsiones colectivas, uso excesivo de la fuerza, malos tratos, confiscación de pertenencias, detenciones ilegales y dificultades para acceder a los procedimientos de asilo en distintas fronteras europeas.
Las llegadas a Ceuta pusieron a prueba el sistema de protección
El boletín presta especial atención a la llegada a Ceuta de más de 72.000 personas procedentes de Marruecos a finales de julio. Según las informaciones recogidas por la FRA, al menos 88 murieron al intentar alcanzar la ciudad a nado y entre el 90 % y el 95 % regresó a Marruecos durante las siguientes 24 o 48 horas.
Organizaciones de la sociedad civil denunciaron que algunos de estos retornos se realizaron sin estudiar individualmente cada caso, algo que el Gobierno español negó. La FRA también recoge informaciones sobre el uso de material antidisturbios durante el desalojo de personas que permanecían en las playas. El Gobierno comunicó a la Agencia que únicamente se aplicaron las medidas disuasorias mínimas y estrictamente necesarias.
Entre los principales problemas detectados se encuentran los riesgos para la vida, las condiciones de acogida y la protección de niños y niñas. La llegada de numerosos menores, muchos de ellos aparentemente no acompañados, obligó a ampliar de urgencia la capacidad de acogida y mostró dificultades para identificarlos, registrarlos y alojarlos adecuadamente. El Defensor del Pueblo reconoció los esfuerzos realizados, pero alertó sobre la presencia de menores viviendo en la calle.
El boletín también recoge una sentencia del Tribunal Supremo de junio de 2026, según la cual las personas interceptadas cuando nadan hacia Ceuta o Melilla no pueden ser devueltas mediante el procedimiento especial de rechazo en frontera. Al no existir en el mar una frontera física, deben aplicarse los procedimientos ordinarios, con sus correspondientes garantías y la posibilidad de solicitar asilo.
Al menos 852 personas murieron o desaparecieron en tres meses
Aunque las llegadas por vía marítima disminuyeron, las muertes y desapariciones continuaron siendo muy elevadas. Entre julio y septiembre, al menos 852 personas murieron o desaparecieron en el Mediterráneo y en la ruta atlántica hacia Canarias.
La ruta de África occidental hacia las islas Canarias registró 283 personas muertas o desaparecidas, entre ellas cinco menores. En el Mediterráneo occidental se contabilizaron 229, incluidas ocho menores; en el Mediterráneo oriental, 199, entre ellas 36 menores, y en el Mediterráneo central, 141, incluidas cuatro menores.
La FRA recuerda que las organizaciones civiles de búsqueda y salvamento desempeñan una labor esencial, pero continúan encontrando obstáculos para operar. Desde 2017 se han iniciado 105 procedimientos administrativos o penales contra organizaciones que realizan rescates en el Mediterráneo central.
El boletín también advierte del riesgo de que las medidas contra el tráfico ilícito de personas terminen afectando a quienes prestan ayuda humanitaria. La futura normativa europea deberá incluir garantías suficientes para evitar la criminalización de las personas migrantes y de quienes les proporcionan asistencia.
El Pacto Europeo comienza a aplicarse con mecanismos todavía incompletos
El Pacto Europeo sobre Migración y Asilo se aplica plenamente desde el 12 de junio de 2026. Entre sus garantías figura la creación de mecanismos independientes que supervisen el respeto a los derechos fundamentales durante los controles fronterizos.
Sin embargo, al finalizar septiembre, cinco Estados miembros todavía no habían designado al organismo encargado de esta supervisión ni tenían una norma en tramitación para hacerlo. Solo 15 países habían establecido mediante una disposición legal la base de su mecanismo independiente y únicamente siete habían comenzado a realizar visitas de seguimiento.
La FRA considera que la falta de una base jurídica sólida puede generar incertidumbre, limitar los recursos disponibles y reducir la eficacia de estos mecanismos.
También persisten deficiencias en la investigación de las posibles vulneraciones cometidas en las fronteras. Entre 2020 y 2025, las autoridades judiciales de doce Estados miembros abrieron al menos 322 investigaciones penales preliminares, pero solo nueve finalizaron con una condena: ocho en Hungría y una en España.
La Agencia subraya que el éxito del Pacto dependerá de su aplicación efectiva conforme a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Esto incluye garantizar el derecho de asilo, la prohibición de las devoluciones a lugares donde exista riesgo de persecución o malos tratos, los derechos de la infancia y el acceso a recursos judiciales efectivos.
La protección temporal para las personas desplazadas de Ucrania se amplía hasta 2028
La Unión Europea ha prorrogado hasta el 4 de marzo de 2028 la protección temporal para las personas desplazadas por la guerra de Ucrania, de la que se benefician cerca de 4,4 millones de personas.
No obstante, la nueva decisión excluye a quienes estén sujetos a obligaciones militares en Ucrania, una medida que afecta principalmente a hombres de entre 23 y 60 años. La FRA señala que estas personas conservan el derecho a solicitar protección internacional y que la negativa a realizar el servicio militar puede justificar una solicitud en determinadas circunstancias.
El boletín también alerta de que varios Estados están reduciendo las ayudas de emergencia y exigiendo una mayor autonomía económica a las personas refugiadas. Estos cambios pueden generar dificultades para acceder a la vivienda, al empleo y a las prestaciones sociales.
La FRA concluye que la gestión de la migración no puede limitarse al control de las fronteras. Las muertes en las rutas marítimas, los acontecimientos de Ceuta y las dificultades para aplicar las nuevas garantías europeas muestran la necesidad de situar la protección de la vida y la dignidad humana en el centro de las políticas migratorias.