Por un Trabajo Digno, es un proyecto de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT, iniciado en el año 2006 gracias a la financiación de la Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MISSM), y desde el año 2007 también cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE), en el marco de los distintos Programas Operativos (“P.O. Lucha contra la discriminación 2007-2013”, “P. O. de Inclusión Social y de la Economía Social 2014-2020” y “Programa de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza 2021-2027 FSE+”). Este proyecto de sensibilización, tiene como objetivo prevenir la discriminación en el acceso y permanencia en el empleo así como promover la igualdad de trato en el ámbito laboral entre las personas nacionales de terceros países y la población autóctona. Entre sus acciones: sensibilizar a la sociedad mediante el Boletín Por un Trabajo Digno; informar a los trabajadores y trabajadoras sobre sus derechos y obligaciones en el ámbito laboral, elaborando y difundiendo material informativo específico; y realizar campañas de sensibilización contra la discriminación y los prejuicios como la campaña #TrabajoLibreDeBulos; dedicando siempre una especial atención a las mujeres trabajadoras extranjeras no comunitarias, así como a las personas de nacionalidad extracomunitaria que se encuentran en situación de riesgo de pobreza o exclusión.

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La FRA advierte: los centros de retorno planificados no deben ser zonas sin derechos

La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA)  ha expresado su preocupación por la propuesta de establecer centros de retorno para migrantes en terceros países, enfatizando que estos no deben convertirse en espacios donde se vulneren los derechos humanos, especialmente cuando se trata de personas en situaciones vulnerables como menores, mujeres, personas mayores y con discapacidad.

Preocupaciones sobre los centros de retorno en terceros países

La Unión Europea está considerando la creación de centros de retorno en países fuera de sus fronteras para gestionar a los migrantes cuya solicitud de asilo ha sido denegada o que se encuentran en proceso de expulsión. La FRA ha señalado que estos centros no deben operar al margen de las normas de derechos humanos que rigen en la UE. La directora de la FRA, Sirpa Rautio, afirmó: “Los centros de retorno previstos no pueden convertirse en zonas exentas de derechos”.

Protección de personas en situaciones vulnerables

La FRA subraya la necesidad de salvaguardar los derechos de las personas migrantes en situaciones de vulnerabilidad, incluyendo:

  • Menores de edad: Deben recibir protección especial, asegurando su bienestar y acceso a servicios esenciales.
  • Mujeres: Es crucial garantizar su seguridad y protección contra cualquier forma de violencia o explotación.
  • Personas mayores y con discapacidad: Se debe asegurar que reciban la atención y el apoyo necesarios, respetando su dignidad y derechos.

La FRA enfatiza que cualquier medida relacionada con el retorno de migrantes debe alinearse con los estándares internacionales de derechos humanos y las leyes de la UE, asegurando que los derechos de estos grupos vulnerables sean plenamente respetados.

Recomendaciones de la FRA

La Agencia insta a la Unión Europea y a sus Estados miembros a:

  • Garantizar condiciones dignas: Asegurar que los centros de retorno proporcionen condiciones de vida adecuadas y respeten la dignidad humana.
  • Acceso a procedimientos legales justos: Ofrecer a los migrantes la posibilidad de acceder a procedimientos legales equitativos y transparentes.
  • Supervisión independiente: Establecer mecanismos de monitoreo independientes para verificar el cumplimiento de los derechos humanos en estos centros.
  • Los niños y niñas nunca deben ser enviados a centros de retorno.

 

La FRA enfatiza que la gestión de la migración debe basarse en el respeto y la protección de los derechos fundamentales de todas las personas, independientemente de su estatus migratorio.

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