El personal de la Inspección de Trabajo desempeña un papel crucial en la protección de los derechos de las personas trabajadoras, nacionales de terceros países, en la UE.
Este manual de formación de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE (FRA) les ofrece una capacitación tanto respecto a la legislación de la Unión Europea como a estrategias prácticas para combatir la explotación laboral y garantizar condiciones de trabajo dignas.
El rol clave de los inspectores laborales
Las personas trabajadoras extracomunitarias se enfrentan a vulnerabilidades específicas, desde condiciones precarias de residencia hasta dependencia económica y desconocimiento de sus derechos.
Según el manual, los y las inspectoras de trabajo tienen la responsabilidad de:
- Identificar casos de explotación laboral: Mediante entrevistas privadas y confidenciales con las personas trabajadoras, sin la presencia de la parte empleadora o de otros posibles intermediarios.
- Proveer información sobre derechos: Asegurar que todas las personas trabajadoras, independientemente de su estatus migratorio, conozcan sus derechos fundamentales y sepan cómo acceder a mecanismos de denuncia.
- Actuar como intermediarios: En casos de explotación, el personal de la Inspección de Trabajo debe coordinarse con organizaciones de apoyo y las fuerzas y cuerpos de seguridad, para facilitar el acceso a justicia y compensación.
Medidas preventivas y de apoyo
El informe destaca la importancia de prevenir la explotación a través de:
- Campañas de concienciación: Promoviendo los derechos laborales entre las personas trabajadoras y la parte empleadora, utilizando herramientas multilingües como folletos, plataformas digitales y líneas de atención telefónica.
- Mecanismos de denuncia accesibles: Fomentar sistemas de denuncias anónimas y simplificadas, incluyendo formularios en los idiomas nativos de las personas trabajadoras afectadas.
- Protección frente a represalias: Garantizar que las personas trabajadoras puedan presentar denuncias sin temor a perder sus empleos o recibir una orden de expulsión.
Además, la Inspección de Trabajo debe colaborar con sindicatos y ONG para identificar los casos de explotación y proporcionar apoyo legal y psicológico a las víctimas.
