La Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) reclama reforzar la protección de los derechos humanos ante el aumento de las tensiones sociales, las dificultades de acceso a la vivienda y las vulneraciones que afectan a personas migrantes y trabajadoras.
La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) ha advertido de que la crisis de la vivienda, la explotación laboral y las amenazas a los derechos fundamentales en el entorno digital constituyen algunos de los principales desafíos que afrontó la Unión Europea durante 2025. Así lo recoge su Informe sobre Derechos Fundamentales, en el que analiza la situación de los derechos humanos en un contexto marcado por la inestabilidad política internacional, los retos migratorios y las amenazas a los sistemas democráticos.
Según la FRA, la protección efectiva de los derechos fundamentales continúa enfrentándose a importantes obstáculos en ámbitos como la legislación, la gobernanza digital, la seguridad interior y el trato a las personas migrantes y solicitantes de asilo.
La crisis de la vivienda se agrava en numerosos países europeos
Uno de los principales motivos de preocupación señalados por la agencia es el deterioro del acceso a la vivienda.
El informe destaca que el incremento de los costes de la vivienda y la insuficiente disponibilidad de vivienda social y asequible están provocando que cada vez más personas tengan dificultades para mantener su hogar y afronten un mayor riesgo de exclusión residencial o sinhogarismo.
La FRA advierte además de que varios Estados miembros siguen careciendo de salvaguardas suficientes frente a los desahucios y la pérdida de vivienda, una situación que puede afectar directamente a la dignidad humana y a otros derechos fundamentales.
Por ello, la agencia reclama que las políticas de vivienda se aborden desde una perspectiva de derechos humanos y que se refuercen las medidas de protección para las personas y familias en situación de vulnerabilidad.
La explotación laboral sigue afectando a personas trabajadoras migrantes
La FRA señala que la Unión Europea depende cada vez más de personas trabajadoras migrantes para cubrir necesidades de mano de obra en distintos sectores económicos.
Sin embargo, el informe identifica importantes problemas que afectan especialmente a nacionales de terceros países, entre ellos la sobrecualificación, la discriminación en el empleo y distintas formas de explotación laboral.
La agencia advierte además de que las personas trabajadoras que sufren explotación encuentran enormes dificultades para acceder a mecanismos efectivos de justicia, reparación o compensación.
Ante esta situación, la FRA insta a ampliar las oportunidades de acceso al empleo en condiciones justas y equitativas, facilitar el reconocimiento de cualificaciones obtenidas en el extranjero y combatir las prácticas abusivas de determinadas agencias de contratación.
Las mujeres migrantes pueden verse expuestas a formas múltiples de vulnerabilidad
Aunque la nota de prensa no ofrece datos desagregados por sexo, los ámbitos analizados por la FRA tienen una especial incidencia sobre muchas mujeres migrantes que afrontan simultáneamente barreras de acceso a la vivienda, discriminación laboral y situaciones de vulnerabilidad económica.
La agencia insiste en la necesidad de garantizar que las políticas públicas incorporen mecanismos efectivos de protección para los grupos más vulnerables y que el acceso a los derechos fundamentales sea real y efectivo para todas las personas.
Crecen las preocupaciones por el discurso de odio y la protección de derechos en internet
La FRA identifica también un aumento de las amenazas a los derechos fundamentales en el entorno digital.
Según el informe, la ciudadanía europea está cada vez más expuesta al discurso de odio en línea, mientras que en algunos casos opiniones legítimas son eliminadas o bloqueadas de forma injustificada por las plataformas digitales.
La agencia considera que la falta de transparencia de algunas plataformas dificulta la aplicación efectiva de la normativa europea y advierte de que las resistencias políticas y empresariales a determinadas regulaciones pueden debilitar la protección de los derechos fundamentales y la calidad democrática.
Por ello, reclama una aplicación rigurosa de la Ley de Servicios Digitales para garantizar espacios digitales más seguros y respetuosos con los derechos humanos.
Persisten diferencias entre los valores proclamados y la realidad de los derechos
La FRA reconoce que los valores fundamentales de la Unión Europea tienen una presencia creciente en la legislación, las políticas públicas y la jurisprudencia europea.
No obstante, el informe concluye que sigue existiendo una brecha significativa entre esos principios y su aplicación práctica. Esta distancia se refleja en ámbitos como la elaboración normativa, la gobernanza digital, la seguridad interior o el trato dispensado a personas migrantes y solicitantes de asilo en las fronteras europeas.
La FRA reclama situar los derechos fundamentales en el centro de las políticas europeas
Coincidiendo con el 25º aniversario de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la agencia recuerda que este instrumento debe aplicarse de forma coherente en todos los Estados miembros.
La directora de la FRA, Sirpa Rautio, advierte de que los derechos fundamentales continúan sometidos a presión en Europa y subraya la necesidad de preservar las garantías jurídicas y democráticas que permiten hacer efectivos esos derechos.
La agencia concluye haciendo un llamamiento a las instituciones europeas y a los Estados miembros para que sitúen los derechos fundamentales en el centro de todas sus políticas y actuaciones, garantizando que todas las personas puedan disfrutar plenamente de ellos sin discriminación.