Naciones Unidas advierte de que las nuevas directrices sobre migración y expulsión impulsadas por el Consejo de Europa podrían restringir garantías fundamentales y aumentar los riesgos de vulneraciones de derechos humanos.
Un grupo de expertos independientes de Naciones Unidas ha expresado su “profunda preocupación” por la reciente Declaración de Chișinău, adoptada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa, al considerar que introduce orientaciones políticas sobre migración y expulsión que pueden debilitar la protección de los derechos de las personas migrantes y socavar la prohibición absoluta de la tortura y los malos tratos.
Según los expertos, la gobernanza migratoria debe mantenerse basada en los derechos humanos y la gestión de las fronteras no puede realizarse a costa de garantías fundamentales como la prohibición de la tortura, el acceso a recursos efectivos o el principio de no discriminación.
La ONU cuestiona el predominio del enfoque de control migratorio
Los expertos consideran que la Declaración materializa preocupaciones que ya habían manifestado anteriormente sobre determinadas políticas migratorias europeas. Entre ellas señalan la priorización del control coercitivo de la migración, las restricciones al acceso al asilo, la ampliación de la detención y de las expulsiones, así como el debilitamiento de las garantías procesales.
A su juicio, estas medidas pueden incrementar el riesgo de que las personas migrantes se enfrenten a situaciones de muerte, tortura, malos tratos, desapariciones forzadas o persecución.
Preocupación por la limitación del control del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
El documento también cuestiona el énfasis que la Declaración otorga al principio de subsidiariedad y al margen de apreciación de los Estados en materia migratoria.
Los expertos advierten de que la consideración de que las autoridades nacionales están “mejor posicionadas” para valorar cuestiones relacionadas con la migración y el asilo podría debilitar la función supervisora del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Según Naciones Unidas, este planteamiento no debe utilizarse para justificar medidas incompatibles con las obligaciones internacionales asumidas por los Estados ni para reducir los mecanismos independientes de control y supervisión.
La externalización del asilo y los centros de retorno generan dudas sobre su compatibilidad con los derechos humanos
Los expertos muestran especial preocupación por algunas de las medidas recogidas en la Declaración, entre ellas el procesamiento extraterritorial de solicitudes de asilo, la creación de centros de retorno y la cooperación con países de tránsito considerados inseguros para las personas migrantes.
Según el comunicado, estas fórmulas de externalización plantean serias dudas sobre su compatibilidad con el derecho internacional de los derechos humanos, especialmente en relación con el principio de no devolución, que impide trasladar a una persona a un lugar donde pueda sufrir persecución, tortura u otras violaciones graves de derechos.
Naciones Unidas alerta sobre posibles interpretaciones restrictivas de la prohibición de la tortura
Aunque la Declaración reafirma formalmente la prohibición absoluta de la tortura y los malos tratos, los expertos consideran preocupante que se plantee la necesidad de mantener un umbral “alto” y evitar “restricciones innecesarias” en las decisiones de expulsión.
Los firmantes recuerdan que estas garantías existen precisamente para asegurar que la prohibición de la tortura y de los malos tratos se aplique de forma efectiva y sin excepciones. También muestran preocupación por el uso de garantías diplomáticas y por la limitada consideración de factores socioeconómicos y sanitarios en las decisiones de retorno, elementos que podrían debilitar la protección preventiva frente a posibles vulneraciones de derechos.
Mujeres, niñas y otros colectivos vulnerables podrían verse especialmente afectados
El comunicado subraya que determinados grupos pueden verse afectados de manera desproporcionada por políticas migratorias centradas principalmente en la aplicación coercitiva de la normativa.
Entre ellos figuran niños y niñas, supervivientes de tortura, personas con discapacidad, personas mayores, miembros de minorías nacionales, étnicas, religiosas o lingüísticas, víctimas de trata y de formas contemporáneas de esclavitud, personas LGTB y defensores y defensoras de derechos humanos que trabajan en apoyo de las personas migrantes.
Los expertos destacan además los riesgos específicos que afrontan las mujeres y las niñas, incluyendo violencia de género, violencia sexual, trata de seres humanos, matrimonios forzados y dificultades de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Advierten de que la ausencia de evaluaciones sensibles al género y de salvaguardas adecuadas puede hacer que estos riesgos pasen inadvertidos y deriven en graves vulneraciones de derechos.
La ONU reclama mantener el enfoque basado en los derechos humanos
Los expertos concluyen que la credibilidad del sistema internacional de derechos humanos y del Estado de derecho depende del respeto estricto de los principios fundamentales, especialmente en un contexto marcado por importantes desafíos migratorios.
Por ello, insisten en que los Estados solo podrán cumplir plenamente sus obligaciones internacionales garantizando los derechos de todas las personas sin discriminación, incluidas las personas migrantes y solicitantes de protección internacional.