La Red Europea de Expertos Jurídicos en Igualdad y No Discriminación analiza el caso de España
El nuevo informe 2025 de la Red Europea de Expertos Jurídicos en Igualdad de Género y No Discriminación, financiada por la Comisión Europea, concluye que España cuenta con un marco legal sólido en materia de igualdad, aunque su aplicación práctica sigue siendo insuficiente.
Crecimiento demográfico y diversidad en aumento
España alcanzó en 2024 los 48,9 millones de habitantes, con 6,5 millones de personas extranjeras. Las principales nacionalidades son marroquí (920.693), rumana (620.463) y colombiana (587.477). La población extranjera rejuvenece el país: su edad media es de 37 años, frente a los 45 de la población española.
Reformas legales clave en igualdad y no discriminación
El informe destaca avances legislativos recientes, como la Ley 15/2022 de igualdad de trato y no discriminación, que completa la transposición de las Directivas europeas 2000/43 y 2000/78.
Esta norma amplía los ámbitos protegidos (empleo, educación, sanidad, vivienda, cultura, justicia o inteligencia artificial) e introduce conceptos nuevos como la discriminación múltiple e interseccional.
En materia de diversidad sexual, la Ley 4/2023 garantiza la igualdad de las personas LGTBI y reconoce la discriminación múltiple por orientación o identidad de género. También se aprobó en 2024 la reforma del artículo 49 de la Constitución, sustituyendo el término “disminuidos” por “personas con discapacidad” y reforzando la obligación de promover su autonomía y plena inclusión.
Marco constitucional e instrumentos internacionales
El artículo 14 de la Constitución sigue siendo el pilar del principio de igualdad. La jurisprudencia constitucional ha incluido expresamente la edad, la discapacidad y la orientación sexual como causas de protección.
España ha ratificado todos los principales tratados internacionales en la materia, incluido el Protocolo 12 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Sanciones y recursos ante la discriminación
La Ley 15/2022 tipifica las infracciones leves, graves y muy graves. Las más graves pueden sancionarse con multas de hasta 500.000 euros y la suspensión de ayudas o actividades. Además, introduce la acción popular (actio popularis), que permite a sindicatos, partidos o asociaciones actuar en defensa de víctimas, incluso sin su autorización expresa.
Un nuevo organismo independiente pendiente de creación
La ley creó la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, llamada a sustituir al actual Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica.
Sin embargo, a finales de 2024 aún no se había constituido, lo que el informe considera un retraso preocupante que limita la eficacia del sistema.
Avances en discapacidad y derechos LGTBI
El informe subraya progresos en ambos campos. La estrategia estatal sobre discapacidad y las medidas de acción positiva en empleo y accesibilidad son reconocidas como buenas prácticas.
También se valora la aprobación de planes contra los delitos de odio y el reconocimiento del derecho a la autodeterminación de género.
Persisten retos en la aplicación práctica
El estudio advierte que las normas no son bien conocidas por jueces ni operadores jurídicos, lo que explica el bajo número de casos judiciales en materia de discriminación racial o étnica.
El Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial mantiene cierta actividad, pero su composición gubernamental limita su independencia.
Conclusión: marco legal sólido, ejecución insuficiente
España dispone hoy de uno de los marcos legislativos más amplios de la UE en igualdad y no discriminación. No obstante, la falta de implementación efectiva y el retraso institucional en la puesta en marcha del nuevo organismo nacional impiden que estos avances se traduzcan plenamente en la práctica.
