Por un Trabajo Digno, es un proyecto de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT, iniciado en el año 2006 gracias a la financiación de la Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MISSM), y desde el año 2007 también cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE), en el marco de los distintos Programas Operativos (“P.O. Lucha contra la discriminación 2007-2013”, “P. O. de Inclusión Social y de la Economía Social 2014-2020” y “Programa de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza 2021-2027 FSE+”). Este proyecto de sensibilización, tiene como objetivo prevenir la discriminación en el acceso y permanencia en el empleo así como promover la igualdad de trato en el ámbito laboral entre las personas nacionales de terceros países y la población autóctona. Entre sus acciones: sensibilizar a la sociedad mediante el Boletín Por un Trabajo Digno; informar a los trabajadores y trabajadoras sobre sus derechos y obligaciones en el ámbito laboral, elaborando y difundiendo material informativo específico; y realizar campañas de sensibilización contra la discriminación y los prejuicios como la campaña #TrabajoLibreDeBulos; dedicando siempre una especial atención a las mujeres trabajadoras extranjeras no comunitarias, así como a las personas de nacionalidad extracomunitaria que se encuentran en situación de riesgo de pobreza o exclusión.

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El papel de las finanzas sostenibles en la lucha contra la trata de personas: una estrategia clave contra la explotación

La trata de personas es un crimen organizado complejo que se beneficia de la estructura del sistema financiero global. El reciente informe del Grupo de Coordinación Interinstitucional contra la Trata de Personas (ICAT) titulado Finanzas sostenibles y trata de personas, destaca el papel crucial que juegan las finanzas sostenibles en la prevención y el combate de este delito.

Este artículo analiza los principales hallazgos del informe, destacando la trata con fines de explotación laboral y la situación de las mujeres víctimas de este delito.

El papel del sector financiero en la trata de personas

El informe destaca que el sector financiero facilita indirectamente la trata de personas al financiar empresas que se benefician de la explotación laboral en sus cadenas de suministro. La falta de regulaciones adecuadas y de diligencia debida en derechos humanos por parte de inversores y bancos permite que estas prácticas continúen. Para combatir este problema, ICAT recomienda la implementación de regulaciones financieras más estrictas, como la inclusión de criterios de debida diligencia en derechos humanos en las decisiones de inversión y financiación. También se destaca la necesidad de fortalecer los mecanismos de inteligencia financiera para identificar transacciones sospechosas relacionadas con la trata.

La trata con fines de explotación laboral

El informe menciona explícitamente la trata de seres humanos con fines de explotación laboral, señalando que las empresas que dependen de trabajo forzoso pueden recibir financiación sin ser debidamente investigadas. Se insta a inversores y entidades financieras a revisar sus carteras para evitar contribuir a la explotación de trabajadoras y trabajadores en sectores de alto riesgo, como la agricultura, la construcción y la manufactura.

Las mujeres y la trata de personas

ICAT subraya que las mujeres son particularmente vulnerables a la trata de personas, especialmente en sectores como el servicio doméstico, la industria textil y el trabajo sexual forzado. Se recomienda que las iniciativas de financiamiento sostenible incorporen enfoques con perspectiva de género, asegurando que los fondos y estrategias de inversión apoyen a las mujeres en riesgo y promuevan su acceso a oportunidades económicas seguras.

Y en conclusión…

El informe de ICAT deja claro que el sector financiero no solo debe evitar contribuir a la trata de personas, sino que también debe desempeñar un papel activo en su erradicación. A través de regulaciones más estrictas, la debida diligencia en derechos humanos y el apoyo a iniciativas con perspectiva de género, las finanzas sostenibles pueden ser una herramienta clave para combatir la explotación y proteger a las víctimas de la trata.
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