Por un Trabajo Digno, es un proyecto de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT, iniciado en el año 2006 gracias a la financiación de la Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MISSM), y desde el año 2007 también cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE), en el marco de los distintos Programas Operativos (“P.O. Lucha contra la discriminación 2007-2013”, “P. O. de Inclusión Social y de la Economía Social 2014-2020” y “Programa de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza 2021-2027 FSE+”). Este proyecto de sensibilización, tiene como objetivo prevenir la discriminación en el acceso y permanencia en el empleo así como promover la igualdad de trato en el ámbito laboral entre las personas nacionales de terceros países y la población autóctona. Entre sus acciones: sensibilizar a la sociedad mediante el Boletín Por un Trabajo Digno; informar a los trabajadores y trabajadoras sobre sus derechos y obligaciones en el ámbito laboral, elaborando y difundiendo material informativo específico; y realizar campañas de sensibilización contra la discriminación y los prejuicios como la campaña #TrabajoLibreDeBulos; dedicando siempre una especial atención a las mujeres trabajadoras extranjeras no comunitarias, así como a las personas de nacionalidad extracomunitaria que se encuentran en situación de riesgo de pobreza o exclusión.

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El Foro para la Integración Social de los Inmigrantes reclama más medidas contra la discriminación racial

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial (21 de marzo), el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes ha emitido una declaración recordando que la igualdad y la no discriminación son derechos fundamentales reconocidos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

La discriminación racial, una amenaza persistente

La declaración subraya que la discriminación racial sigue afectando gravemente a millones de personas en todo el mundo, incluso en entornos digitales. La incitación al odio racial en internet continúa en aumento, y los delitos de odio, muchas veces no denunciados, impiden el desarrollo de políticas efectivas.

El racismo no solo afecta la convivencia, sino que también tiene consecuencias profundas en la salud mental de sus víctimas, tal y como señalan la Comisión Europea, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF.

La salud mental de las personas migrantes, en riesgo

La OMS ha advertido sobre la necesidad de adaptar los servicios de salud mental a las necesidades de grupos vulnerables como las personas migrantes y solicitantes de asilo. UNICEF, por su parte, denuncia que la discriminación racial en la infancia puede causar traumas duraderos y afectar al bienestar físico y mental.

A nivel nacional, el Marco Estratégico de Ciudadanía e Inclusión (2023-2027) propone eliminar barreras de acceso a la sanidad pública para las personas extranjeras, incluida la formación específica del personal sanitario.

Avances legales pendientes de desarrollo

El Foro destaca que la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación prohíbe el rechazo en atención sanitaria por motivos de nacionalidad o situación administrativa. Sin embargo, la ley aún no ha sido desarrollada reglamentariamente ni se ha creado la Autoridad Independiente prevista en su texto.

Asimismo, la actual redacción del artículo 3 ter de la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, no garantiza la atención sanitaria a todas las personas en situación administrativa irregular.

Reivindicaciones del Foro

Ante esta situación, el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes:

  • Insta a la pronta creación de la Autoridad Independiente que establece la Ley 15/2022.
  • Reclama el cumplimiento de las medidas del Marco Estratégico contra el racismo y la xenofobia.
  • Pide que las políticas de salud mental incorporen las necesidades específicas de las personas migrantes, con especial atención a infancia, juventud y personas mayores.
  • Exige garantizar el acceso universal a la atención sanitaria, incluida la especializada, para todas las personas, independientemente de su situación administrativa.
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