Por un Trabajo Digno, es un proyecto de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT, iniciado en el año 2006 gracias a la financiación de la Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MISSM), y desde el año 2007 también cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE), en el marco de los distintos Programas Operativos (“P.O. Lucha contra la discriminación 2007-2013”, “P. O. de Inclusión Social y de la Economía Social 2014-2020” y “Programa de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza 2021-2027 FSE+”). Este proyecto de sensibilización, tiene como objetivo prevenir la discriminación en el acceso y permanencia en el empleo así como promover la igualdad de trato en el ámbito laboral entre las personas nacionales de terceros países y la población autóctona. Entre sus acciones: sensibilizar a la sociedad mediante el Boletín Por un Trabajo Digno; informar a los trabajadores y trabajadoras sobre sus derechos y obligaciones en el ámbito laboral, elaborando y difundiendo material informativo específico; y realizar campañas de sensibilización contra la discriminación y los prejuicios como la campaña #TrabajoLibreDeBulos; dedicando siempre una especial atención a las mujeres trabajadoras extranjeras no comunitarias, así como a las personas de nacionalidad extracomunitaria que se encuentran en situación de riesgo de pobreza o exclusión.

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Refugees Collecting Food For Dinner

El Foro para la Integración Social de los Inmigrantes alerta del retroceso en derechos para las personas refugiadas

En su declaración por el Día Mundial de las Personas Refugiadas, el FISI denuncia la falta de vías legales, los riesgos del nuevo pacto europeo y las carencias del sistema de asilo en España

Con motivo del Día Mundial de las Personas Refugiadas, el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes (FISI) ha publicado una declaración en la que expresa su preocupación ante el aumento global del desplazamiento forzoso y las limitaciones de los sistemas de protección actuales. El Foro destaca que, a mediados de 2024, más de 122,6 millones de personas en el mundo se encontraban desplazadas por conflictos, persecución o violaciones graves de derechos humanos, una cifra que se ha duplicado en apenas una década.

El FISI subraya que este contexto exige una respuesta basada en los derechos humanos, y denuncia que el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) no ha desarrollado vías legales reales y seguras para acceder a la protección internacional, dejando fuera mecanismos como los visados humanitarios, el asilo en embajadas o la flexibilización de la reagrupación familiar.

Más muertes, menos protección

La declaración recuerda que en 2024 murieron 8.938 personas en rutas migratorias, según la OIM, lo que prolonga una tendencia de aumento constante en los últimos cinco años. Esto contrasta, según el Foro, con la respuesta positiva que sí se dio a las personas desplazadas por la guerra en Ucrania, mediante la aplicación de la Directiva de Protección Temporal.

El Foro lamenta que el nuevo Pacto no contemple esta posibilidad para otras situaciones similares y critica la creación de un Reglamento de Gestión de Crisis que introduce procedimientos menos garantistas.

Países “seguros” y externalización: riesgos del nuevo pacto

Otro de los elementos criticados por el FISI es la elaboración de listados de “países seguros” que permiten denegar solicitudes de protección, incluso si dichos países no ofrecen garantías suficientes en materia de derechos humanos. Además, la posibilidad de establecer acuerdos con terceros países para externalizar el control migratorio pone en riesgo el acceso efectivo al derecho de asilo y puede exponer a las personas a situaciones de peligro.

España: obstáculos para acceder al sistema de asilo

En el caso español, el Foro denuncia la falta de acceso efectivo al procedimiento de asilo, especialmente por la imposibilidad de conseguir cita para formalizar la solicitud, lo que deja a muchas personas en situación de grave vulnerabilidad y riesgo de exclusión social.

También advierte sobre la exclusión de los solicitantes de protección internacional del proceso de arraigo, lo que puede desincentivar la presentación de solicitudes por temor a quedar fuera de otras vías de regularización.

Un desarrollo normativo con enfoque de derechos

El FISI considera crucial que el desarrollo normativo en España, en proceso de adaptación al nuevo pacto europeo, se lleve a cabo con un enfoque centrado en los derechos humanos y en la protección efectiva de las personas desplazadas. Reconoce el esfuerzo del Gobierno y de las organizaciones del Tercer Sector por mantener un sistema de acogida digno, pero subraya que es necesario reforzar los recursos, garantizar procedimientos accesibles y consolidar una protección real y efectiva.

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