El Consejo de Europa y el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia presentaron en Madrid un marco de actuación que sitúa la igualdad, la participación y el sentido de pertenencia como elementos esenciales para construir sociedades inclusivas y democracias más fuertes.
El pasado 15 de octubre se celebró en Madrid el evento de alto nivel «Sociedades inclusivas, democracias más fuertes: construir un futuro compartido donde todas las personas puedan contribuir, pertenecer y prosperar», organizado por el Comité de Expertos en Inclusión Intercultural del Consejo de Europa (ADI-INT), en colaboración con el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE).
El encuentro reunió a autoridades europeas, nacionales, regionales y locales, responsables políticos, personas expertas, representantes de la juventud, organizaciones de la sociedad civil y profesionales. Los debates abordaron cómo responder a las transformaciones demográficas, sociales, culturales, tecnológicas y económicas que atraviesan las sociedades europeas y cómo convertir la diversidad en un factor de cohesión y fortalecimiento democrático.
Uno de los principales contenidos del encuentro fue la presentación y lanzamiento de los «10 Principios para Sociedades Inclusivas y Democracias Más Fuertes», elaborados conjuntamente por ADI-INT y OBERAXE en el marco del Programa Ciudades Interculturales del Consejo de Europa.
Los principios ofrecen un marco para trasladar los valores de la igualdad, la inclusión y la participación a las políticas y actuaciones de las administraciones públicas, la sociedad civil, las comunidades locales, el ámbito académico, las empresas y la ciudadanía.
La diversidad como parte de un proyecto común
El documento parte de una idea central: la diversidad, cuando se reconoce y se gestiona de manera inclusiva, constituye un recurso para el desarrollo social, cultural, económico y democrático.
El primer principio, «Vivimos juntos, libres e iguales», sitúa la igualdad y la dignidad como punto de partida de cualquier sociedad democrática. Reconoce que no todas las personas parten de las mismas condiciones y que algunas encuentran obstáculos específicos o desigualdades persistentes. Alcanzar una igualdad efectiva exige tener en cuenta estas diferencias y adoptar las medidas necesarias para que nadie quede atrás.
El segundo principio propone reconocer la diversidad como una fortaleza y una oportunidad. Las instituciones, los espacios públicos, las plantillas y las políticas deben reflejar la pluralidad de la sociedad para ganar legitimidad y aproximarse a la realidad de las personas a las que sirven.
Esta visión se completa con el tercer principio, que llama a actuar contra todas las formas de discriminación y odio en todos los ámbitos de la vida. El texto incluye expresamente la discriminación relacionada con el sexo, el origen nacional o social, el color, la lengua, la religión, la orientación sexual, la identidad de género, la edad, la discapacidad y la condición de persona migrante o refugiada, entre otros motivos.
El Consejo de Europa defiende la necesidad de eliminar los obstáculos que impiden participar en igualdad, combatir los prejuicios y garantizar asistencia efectiva y canales seguros para comunicar situaciones de discriminación. También pide prestar atención a los casos en los que distintas desigualdades se acumulan y refuerzan entre sí, así como a las prácticas discriminatorias arraigadas en el funcionamiento de las instituciones y organizaciones.
Participar, relacionarse y sentirse parte de la sociedad
Los principios conceden una importancia especial a las relaciones entre personas de distintos orígenes y a la participación en la vida colectiva. El cuarto propone crear vínculos y favorecer una interacción positiva que refuerce el sentido de pertenencia.
Para ello, plantea generar espacios de encuentro y diálogo respetuoso que permitan conocerse, reducir los prejuicios y construir un «nosotros» compartido y plural. Estas relaciones contribuyen a disminuir la polarización y las divisiones sociales y fortalecen la confianza y la solidaridad.
El quinto principio defiende el derecho de todas las personas a participar. La participación democrática no se limita al voto, sino que comprende la intervención en las estructuras sociales, culturales, económicas y políticas de la vida cotidiana: asociaciones, centros educativos, barrios, lugares de trabajo, iniciativas culturales o deportivas y espacios de consulta y decisión.
El sexto principio reclama que la inclusión forme parte de la vida cotidiana y de todas las políticas públicas. Este enfoque debe estar presente en el empleo, la educación, los servicios sanitarios y sociales, los barrios, la cultura, el ocio y los lugares donde se adoptan decisiones. Las instituciones, la sociedad civil y la ciudadanía deben colaborar para que los servicios y actuaciones respondan a las necesidades de toda la población.
El séptimo principio recuerda que la inclusión se construye con todas las personas y beneficia al conjunto de la sociedad. No debe entenderse como una política dirigida exclusivamente a determinados grupos, sino como un bien común que reduce las desigualdades, evita la competencia por los recursos y favorece comunidades más justas y cohesionadas.
Convivencia intercultural, entorno digital y evaluación de las políticas
El octavo principio plantea desarrollar las capacidades necesarias para convivir en sociedades diversas. La empatía, la cooperación, el pensamiento crítico y la capacidad de cuestionar ideas sin fundamento ayudan a comprender las diferencias, prevenir la discriminación y resolver los conflictos mediante el diálogo. Estas capacidades deben promoverse desde edades tempranas mediante la educación, la sensibilización y las experiencias cotidianas.
El noveno se centra en la necesidad de proteger un entorno digital respetuoso, seguro, plural y fiable. El documento advierte de que la desinformación y los discursos de odio generan miedo y desconfianza, deterioran la convivencia y debilitan la democracia.
Frente a estas amenazas, propone reforzar el pensamiento crítico, los conocimientos sobre los medios de comunicación y el uso responsable de las herramientas digitales, además de facilitar el acceso a una información fiable. También reclama la implicación de las instituciones públicas, las plataformas digitales, los medios, las organizaciones sociales y la ciudadanía para prevenir la manipulación informativa y actuar frente a los contenidos que incitan al odio o vulneran derechos.
El décimo principio propone medir, evaluar, compartir y aprender para mejorar. Las políticas de inclusión deben apoyarse en información fiable, analizar sus resultados y comprobar si tienen efectos diferentes sobre distintos grupos de población. El documento destaca también la necesidad de escuchar a las personas afectadas y tener en cuenta experiencias y perspectivas diversas.
Estos diez principios pretenden contribuir al Nuevo Pacto Democrático para Europa impulsado por el Consejo de Europa. Su objetivo es convertir la inclusión intercultural en actuaciones concretas y recordar que la fortaleza de la democracia depende también de que todas las personas puedan participar, sentirse reconocidas y formar parte de un proyecto común.