Por un Trabajo Digno, es un proyecto de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT, iniciado en el año 2006 gracias a la financiación de la Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MISSM), y desde el año 2007 también cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE), en el marco de los distintos Programas Operativos (“P.O. Lucha contra la discriminación 2007-2013”, “P. O. de Inclusión Social y de la Economía Social 2014-2020” y “Programa de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza 2021-2027 FSE+”). Este proyecto de sensibilización, tiene como objetivo prevenir la discriminación en el acceso y permanencia en el empleo así como promover la igualdad de trato en el ámbito laboral entre las personas nacionales de terceros países y la población autóctona. Entre sus acciones: sensibilizar a la sociedad mediante el Boletín Por un Trabajo Digno; informar a los trabajadores y trabajadoras sobre sus derechos y obligaciones en el ámbito laboral, elaborando y difundiendo material informativo específico; y realizar campañas de sensibilización contra la discriminación y los prejuicios como la campaña #TrabajoLibreDeBulos; dedicando siempre una especial atención a las mujeres trabajadoras extranjeras no comunitarias, así como a las personas de nacionalidad extracomunitaria que se encuentran en situación de riesgo de pobreza o exclusión.

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El 5,8% de la población de la UE declara haberse sentido discriminada al buscar vivienda

Y la percepción se duplica entre quienes están en riesgo de pobreza.

En 2024, el 5,8% de las personas mayores de 16 años en la Unión Europea afirmó haberse sentido discriminada al buscar vivienda en los últimos cinco años, según datos de Eurostat. La proporción se eleva hasta el 10,1% entre quienes están en riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE), evidenciando una fuerte brecha vinculada a la vulnerabilidad socioeconómica.

España, Eslovenia y Francia, entre los porcentajes más altos

A nivel nacional, España (9,0%), Eslovenia (8,9%) y Francia (8,3%) registraron los porcentajes más elevados de personas que declararon sentirse discriminadas al buscar vivienda. En el extremo opuesto, Croacia (0,4%), Hungría (0,7%) e Italia y Rumanía (0,9%) presentaron los valores más bajos.

Cuando se analiza específicamente a las personas en riesgo de pobreza o exclusión social, las diferencias se amplían de forma significativa. En este grupo, las tasas alcanzan el 17,0% en Bélgica, el 16,6% en Chipre, el 15,9% en España y el 15,5% en Francia.

La discriminación es el doble entre personas en riesgo de pobreza

En el conjunto de la UE, la percepción de discriminación en el acceso a la vivienda es más del doble entre las personas en riesgo de pobreza (10%) que entre quienes no lo están (5%). Esta tendencia se observa en 24 Estados miembros. Solo Grecia, Malta y Croacia registraron valores ligeramente superiores entre las personas sin riesgo.

Las mayores brechas entre ambos grupos se detectaron en Chipre (14,7 puntos porcentuales), Bélgica (11,3 puntos), y España y Chequia (9,2 puntos). En cambio, Estonia y Letonia presentaron diferencias muy reducidas, mientras que Lituania registró la misma proporción para ambos grupos (2,5%).

Asequibilidad y sobrecarga del coste de la vivienda

El informe también analiza la dimensión económica del acceso a la vivienda. En 2024, el 8,2% de la población de la UE vivía en hogares que destinaban el 40% o más de sus ingresos disponibles al pago de la vivienda, indicador conocido como tasa de sobrecarga del coste de la vivienda.

Grecia registró la tasa más elevada (28,9%), seguida de Dinamarca (14,6%), Alemania (12,0%), Suecia (10,6%) y Chequia (9,2%). En contraste, las tasas más bajas (por debajo del 4%) se observaron en Chipre (2,4%), Croacia (3,7%) y Eslovenia (3,8%).

Vulnerabilidad social y acceso a la vivienda: una brecha estructural

Los datos de Eurostat ponen de relieve la estrecha relación entre vulnerabilidad socioeconómica, discriminación percibida y dificultades de acceso a vivienda asequible. La mayor incidencia de discriminación entre personas en riesgo de pobreza o exclusión social evidencia que las desigualdades materiales se traducen también en barreras en el mercado residencial.

El análisis conjunto de percepción de discriminación y sobrecarga económica muestra que el acceso a la vivienda continúa siendo uno de los principales factores de desigualdad en la UE.

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