Por un Trabajo Digno, es un proyecto de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT, iniciado en el año 2006 gracias a la financiación de la Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MISSM), y desde el año 2007 también cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE), en el marco de los distintos Programas Operativos (“P.O. Lucha contra la discriminación 2007-2013”, “P. O. de Inclusión Social y de la Economía Social 2014-2020” y “Programa de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza 2021-2027 FSE+”). Este proyecto de sensibilización, tiene como objetivo prevenir la discriminación en el acceso y permanencia en el empleo así como promover la igualdad de trato en el ámbito laboral entre las personas nacionales de terceros países y la población autóctona. Entre sus acciones: sensibilizar a la sociedad mediante el Boletín Por un Trabajo Digno; informar a los trabajadores y trabajadoras sobre sus derechos y obligaciones en el ámbito laboral, elaborando y difundiendo material informativo específico; y realizar campañas de sensibilización contra la discriminación y los prejuicios como la campaña #TrabajoLibreDeBulos; dedicando siempre una especial atención a las mujeres trabajadoras extranjeras no comunitarias, así como a las personas de nacionalidad extracomunitaria que se encuentran en situación de riesgo de pobreza o exclusión.

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Día Mundial de las Personas Refugiadas -20 de junio de 2025-

El derecho al asilo es un derecho universal, aquí y en todo el mundo

UGT insta al Gobierno a que la trasposición de las normas que componen el Pacto Europeo de Migración y Asilo, garanticen los derechos de todas las personas migrantes.

Madrid, 20 de junio de 2025.- En estos tiempos difíciles en que nuevos y antiguos conflictos obligan a las personas a huir de sus países, encontramos estados practicando políticas contrarias a los derechos humanos básicos y persiguiendo y deportando a personas migrantes.

En este contexto, la defensa y protección del derecho a asilo y a la movilidad humana, obligada o voluntaria, emerge como una prioridad global en nuestras sociedades. En España y en la Unión Europea.

Según los datos de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, a finales de abril de 2025, había más de 122 millones de personas desplazadas por la fuerza, 73 millones dentro de su propio país y 42 millones que huyen a otros países. Contrariamente a lo que se cree, la mayoría de los refugiados se quedan en países con ingresos bajos y medios y solo el 23% llegan a los países más ricos.

La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores insta al Gobierno español a que la trasposición de las normas que componen el Pacto Europeo de Migración y Asilo, garanticen los derechos de todas las personas migrantes. No podemos admitir, entre otros aspectos que incluye el Pacto, que se externalicen a países terceros las obligaciones en materia de protección, que se instaure el procedimiento acelerado para resolver las solicitudes de asilo que puede dejar sin protección a personas que reúnen los requisitos o que sean internadas las personas solicitantes mientras se resuelve su solicitud.

Mejorar el Reglamento de Extranjería

El sindicato considera que es necesario reiterar que, con más de 200.000 personas solicitantes de asilo en España que se encontraban todavía en trámite tras la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería el pasado 20 de mayo, no podrán normalizar su situación porque no se han resuelto sus expedientes de solicitud con celeridad

Por ello UGT urge a llegar a un acuerdo en torno a la Iniciativa Legislativa Popular sobre la regularización de las personas migrantes que se está tramitando en el Congreso de Diputados, con la finalidad de ofrecer una solución a estos solicitantes de asilo.

Así mismo, el sindicato insta a todos los grupos políticos y al conjunto de la sociedad a dar respuesta a los retos pendientes y limitaciones que aún tiene esta norma. Es necesario poner a disposición vías legales y seguras de entrada en nuestro país que mejoren y agilicen los procesos de acogida. No es aceptable que estos procesos, por trabas administrativas, tarden años en llegar generando una situación de aun mayor vulnerabilidad a las personas que más lo necesitan.

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