Por un Trabajo Digno, es un proyecto de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT, iniciado en el año 2006 gracias a la financiación de la Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MISSM), y desde el año 2007 también cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE), en el marco de los distintos Programas Operativos (“P.O. Lucha contra la discriminación 2007-2013”, “P. O. de Inclusión Social y de la Economía Social 2014-2020” y “Programa de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza 2021-2027 FSE+”). Este proyecto de sensibilización, tiene como objetivo prevenir la discriminación en el acceso y permanencia en el empleo así como promover la igualdad de trato en el ámbito laboral entre las personas nacionales de terceros países y la población autóctona. Entre sus acciones: sensibilizar a la sociedad mediante el Boletín Por un Trabajo Digno; informar a los trabajadores y trabajadoras sobre sus derechos y obligaciones en el ámbito laboral, elaborando y difundiendo material informativo específico; y realizar campañas de sensibilización contra la discriminación y los prejuicios como la campaña #TrabajoLibreDeBulos; dedicando siempre una especial atención a las mujeres trabajadoras extranjeras no comunitarias, así como a las personas de nacionalidad extracomunitaria que se encuentran en situación de riesgo de pobreza o exclusión.

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Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños -23 de septiembre de 2024-

Urge tramitar el Anteproyecto de Ley Orgánica Integral contra la Trata de seres humanos

Son necesarias medidas como la penalización a los consumidores de estos servicios o la difusión pública de contenidos que inciten a cometer estos delitos.

En el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de mujeres, niñas y niños, UGT advierte sobre los datos preocupantes de la Memoria 2024 de la Fiscalía General del Estado, según los cuales, en 2023, se incrementaron un 27,47% las Diligencias de Seguimiento por trata de seres humanos con fines de explotación sexual, con respecto a 2022. 

El informe señala, además, que el número de víctimas identificadas por este delito pasaron de 231 a 543, lo que supone un incremento del 135%.  Y ello, pese a las enormes dificultades que supone, para su detección e investigación, el hecho de que la mayoría de la explotación sexual se ubica en pisos, chalets y casas particulares, lo que también conlleva que las víctimas estén sometidas a un mayor control. 

Como en años anteriores, la gran mayoría de las víctimas identificadas, el 95,7% en 2023, son mujeres y además migrantes. Entre el 70% y el 80% de las víctimas de trata con fines de explotación sexual son latinoamericanas y mayoritariamente de nacionalidad colombiana, mientras que las víctimas de nacionalidad española no llegan al 3%.

Según los datos del macroestudio sobre trata, explotación sexual y prostitución de mujeres, avanzados por el Ministerio de Igualdad, en España se han identificado a 114.576 mujeres en situación de explotación sexual y prostitución, de las cuales, el 80,7% (92.496) podrían estar en riesgo de trata y el 28% de las mujeres en situación de prostitución tienen entre 18 y 24 años.

Abordar esta realidad desde una perspectiva de género

Estas cifras ponen de manifiesto un imparable incremento de la “moderna esclavitud” que supone la explotación sexual y la trata con esta finalidad, cuyas víctimas son mayoritariamente mujeres y niñas, por lo que UGT no puede estar más de acuerdo con la Fiscalía General del Estado al reivindicar “un abordaje de género, que asuma sin ambages la situación de mayor vulnerabilidad en que se encuentran las mujeres” y, añadimos, las migrantes. 

Por todo ello, es necesaria la tramitación urgente del Anteproyecto de Ley Orgánica Integral contra la Trata de Seres Humanos, que pondrá en marcha importantes instrumentos para luchar contra la explotación sexual, como la penalización de los consumidores de estos servicios, prestaciones o actividades de las víctimas, y la tipificación como delito de las “tercerías locativas” y de la distribución o difusión pública a través de internet etc., de contenidos que inciten a la comisión de estos delitos.

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