Por un Trabajo Digno, es un proyecto de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT, iniciado en el año 2006 gracias a la financiación de la Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MISSM), y desde el año 2007 también cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE), en el marco de los distintos Programas Operativos (“P.O. Lucha contra la discriminación 2007-2013”, “P. O. de Inclusión Social y de la Economía Social 2014-2020” y “Programa de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza 2021-2027 FSE+”). Este proyecto de sensibilización, tiene como objetivo prevenir la discriminación en el acceso y permanencia en el empleo así como promover la igualdad de trato en el ámbito laboral entre las personas nacionales de terceros países y la población autóctona. Entre sus acciones: sensibilizar a la sociedad mediante el Boletín Por un Trabajo Digno; informar a los trabajadores y trabajadoras sobre sus derechos y obligaciones en el ámbito laboral, elaborando y difundiendo material informativo específico; y realizar campañas de sensibilización contra la discriminación y los prejuicios como la campaña #TrabajoLibreDeBulos; dedicando siempre una especial atención a las mujeres trabajadoras extranjeras no comunitarias, así como a las personas de nacionalidad extracomunitaria que se encuentran en situación de riesgo de pobreza o exclusión.

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Las solicitudes de asilo en la EU+ descendieron un 20% en 2025, mientras España recibió 143.000

El Informe sobre el asilo 2026 de la Agencia de Asilo de la Unión Europea sitúa a España como el tercer país de la EU+ con mayor número de solicitudes, por detrás de Alemania y Francia. En el conjunto de la EU+ se presentaron 822.000 solicitudes, la cifra más baja desde 2021, mientras la tasa de reconocimiento de protección internacional descendió del 42% al 29%.

Las solicitudes de asilo en los países de la EU+ disminuyeron por segundo año consecutivo durante 2025, hasta situarse en 822.000, según el Informe sobre el asilo 2026 de la Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA).

La cifra supone una reducción de aproximadamente una quinta parte respecto a 2024 y constituye el nivel más bajo registrado desde 2021. El descenso se produjo en un año marcado por los preparativos para la aplicación del Pacto sobre Migración y Asilo, que entró en su fase operativa a partir de junio de 2026.

Al mismo tiempo, alrededor de 4,5 millones de personas desplazadas procedentes de Ucrania continuaban acogidas a protección temporal en los países de la EU+, una cifra que se ha mantenido relativamente estable desde comienzos de 2023.

España fue el tercer país con más solicitudes de asilo

Alemania continuó siendo el principal país receptor de solicitudes de asilo en 2025, con 163.000, aunque registró una reducción de casi un tercio respecto al año anterior. Le siguieron Francia, con 152.000; España, con 143.000; e Italia, con 134.000.

España también se situó entre los países con una mayor incidencia de las solicitudes en relación con su población. Mientras que el promedio de la EU+ fue de aproximadamente 1.800 solicitudes por millón de habitantes, Grecia alcanzó las 5.900 y Chipre las 4.500. A continuación se situaron España, Bélgica y Suiza, con alrededor de 2.900 solicitudes por millón de habitantes cada uno.

Además, el informe recoge que la Comisión Europea consideró a España, junto con Chipre, Grecia e Italia, como países «bajo presión migratoria», lo que les permitía acceder al contingente de solidaridad de la UE con la entrada en vigor del Pacto. Para 2026 se fijaron unas necesidades de 21.000 reubicaciones o contribuciones financieras por un total de 420 millones de euros.

Afganistán y Venezuela, las principales nacionalidades solicitantes

Las solicitudes de asilo se concentraron en un número relativamente reducido de nacionalidades. Las personas de Afganistán representaron el 14% del total, seguidas de las procedentes de Venezuela, con el 11%; Siria, con el 5%; Bangladés, con el 4%; y Turquía, también con el 4%.

El informe destaca asimismo el fuerte crecimiento de las solicitudes reiteradas, que aumentaron un 39% respecto a 2024 y alcanzaron un máximo histórico. Estas solicitudes representaron el 15% del total presentado durante 2025, la proporción más elevada registrada hasta el momento.

La EUAA señala como una explicación plausible de este aumento una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de octubre de 2024 relativa a las mujeres afganas. Según recoge el informe, la sentencia estableció que el género y la nacionalidad eran suficientes para considerar que las mujeres afganas podían estar expuestas a actos de persecución, lo que habría contribuido al incremento de las solicitudes reiteradas de personas de nacionalidad afgana.

Casi 874.000 resoluciones en primera instancia

Mientras descendía el número de nuevas solicitudes, los países de la EU+ emitieron en 2025 casi 874.000 resoluciones en primera instancia, la cifra más elevada desde 2017.

El aumento estuvo impulsado fundamentalmente por un mayor número de denegaciones, especialmente entre personas nacionales de países con tasas de reconocimiento iguales o inferiores al 20%. Alemania, Francia y España, por este orden, fueron los países que dictaron un mayor número de resoluciones.

Los expedientes pendientes de resolución en primera instancia disminuyeron, pasando de 986.000 en 2024 a 863.000 en 2025, una reducción aproximada del 13%. La EUAA señala, no obstante, que este descenso estuvo relacionado principalmente con la reducción del número de nuevas solicitudes, mientras que el incremento de los recursos mantuvo una carga de trabajo elevada en las diferentes instancias.

La tasa de reconocimiento descendió del 42% al 29%

Uno de los cambios más destacados del año fue el descenso de la tasa de reconocimiento de la protección internacional, que pasó del 42% en 2024 al 29% en 2025.

La EUAA considera plausible que esta reducción estuviera relacionada, al menos parcialmente, con la suspensión de la toma de decisiones respecto a personas solicitantes sirias, una nacionalidad que había representado una parte importante de las resoluciones positivas durante los años anteriores.

Entre las 69 nacionalidades para las que se dictaron al menos 1.000 resoluciones durante 2025, 42 registraron tasas de reconocimiento inferiores al 20%. Las personas nacionales de Turquía, Venezuela, Bangladés y Colombia recibieron, conjuntamente, un tercio de todas las resoluciones negativas. No obstante, el informe precisa que a las personas venezolanas se les concedió con frecuencia alguna forma de protección nacional

En el extremo contrario, las tasas de reconocimiento oscilaron entre el 70% y el 90% para las personas solicitantes procedentes de Sudán, Mali, Haití, Ucrania y Myanmar/Birmania, países afectados por situaciones de conflicto elevado o extremo.

Persisten obstáculos para la integración y el acceso al empleo

El informe dedica también atención a la situación de las personas que ya han obtenido protección internacional. Los países de la EU+ continuaron desarrollando estrategias y medidas dirigidas a favorecer su acceso al mercado laboral y a la educación.

Sin embargo, la EUAA señala que las personas beneficiarias de protección internacional continuaron encontrando obstáculos en todos los países de la EU+ para aprender el idioma, acceder a la educación y encontrar empleo. A estas dificultades se añaden los problemas de acceso a la vivienda, que siguen condicionando sus perspectivas de integración.

Las organizaciones de la sociedad civil continuaron desempeñando un papel importante en este proceso mediante la prestación de diferentes servicios destinados a facilitar la integración.

El informe también recoge que algunos gobiernos mantuvieron restricciones a las llegadas mediante reagrupación familiar como medida para reducir la presión sobre los sistemas de asilo, acogida y, en determinados casos, los sistemas sociales nacionales y municipales. Al mismo tiempo, señala que ACNUR, otras organizaciones internacionales, el ámbito académico y organizaciones de la sociedad civil han advertido reiteradamente del posible impacto negativo que unas normas más restrictivas en materia de reagrupación familiar pueden tener sobre la integración.

Unas 4,5 millones de personas continuaban bajo protección temporal

A finales de 2025, aproximadamente 4,5 millones de personas se encontraban bajo protección temporal en los países de la EU+, fundamentalmente como consecuencia del desplazamiento provocado por la invasión rusa de Ucrania.

La cifra permanecía relativamente estable desde comienzos de 2023. En relación con el tamaño de su población, Chequia, Polonia y Eslovaquia eran los países que acogían a un mayor número de personas desplazadas de Ucrania.

Durante 2025, los países de la EU+ avanzaron hacia soluciones a más largo plazo, entre ellas la posibilidad de transitar desde la protección temporal hacia otros permisos nacionales de residencia. Paralelamente, continuaron desarrollándose medidas de integración, especialmente en los ámbitos del empleo y la educación.

El informe señala que los denominados «centros de unidad», establecidos en diversos países de la EU+ como espacios de apoyo a las personas beneficiarias de protección temporal, ofrecen asistencia en materia de empleo, cursos de idiomas, asesoramiento y, en algunos casos, apoyo para el retorno voluntario.

Las solicitudes de menores no acompañados disminuyeron un tercio

En 2025 se registraron 22.000 solicitudes de asilo de personas menores no acompañadas autodeclaradas, aproximadamente un tercio menos que en 2024 y la cifra más baja desde 2020.

Alemania recibió el mayor número, con 4.100 solicitudes, casi una quinta parte del total, seguida de Países Bajos, con 3.600; Italia, con 3.400; y Grecia, con 3.100. España aparece como el séptimo país de la EU+ con mayor número de solicitudes de menores no acompañados.

Más de la mitad de estas solicitudes correspondieron a cinco nacionalidades: Afganistán, con 2.800; Eritrea, con 2.400; Egipto y Somalia, con 2.300 cada una; y Siria, con 2.100. 1

La EUAA advierte además de que uno de los retos continúa siendo la aplicación efectiva de las garantías para las personas solicitantes con necesidades especiales, incluidas las personas menores. El Pacto contempla una identificación más rápida de estas necesidades y apoyos adaptados tanto durante los procedimientos como en la acogida.

El informe señala, sin embargo, que en varios países se han registrado condiciones de acogida inadecuadas y apoyos insuficientes, relacionados, entre otras cuestiones, con la falta de recursos o los retrasos en la financiación. También recoge preocupaciones sobre la privación de libertad de personas con necesidades especiales, particularmente niños y niñas.

Menos reasentamientos y admisiones humanitarias

El reasentamiento y la admisión humanitaria también experimentaron dificultades durante 2025 debido a limitaciones políticas, operativas y financieras.

De los 61.000 compromisos asumidos por catorce países dentro del programa de reasentamiento y admisión humanitaria de la UE para 2024-2025, aproximadamente 10.000 personas refugiadas llegaron a los países de la EU+ durante 2025, que se sumaron a las cerca de 14.000 llegadas de 2024.

Después de diez años en los que las personas sirias habían sido la principal nacionalidad reasentada, en 2025 pasaron a ocupar la primera posición las personas de Afganistán, con 2.900, seguidas de las de Siria, con 1.800; República Democrática del Congo, con 1.600; y Sudán, con 1.400.

Para el período 2026-2027, nueve países presentaron contribuciones por 10.430 plazas, de las que 8.330 corresponden a reasentamiento y 2.100 a admisión humanitaria.

En conjunto, el Informe sobre el asilo 2026 refleja un año caracterizado por la reducción de las solicitudes de protección internacional, pero también por importantes retos relacionados con la tramitación de los procedimientos, la acogida, la integración de las personas beneficiarias, la protección de menores y personas con necesidades especiales y la transición hacia el nuevo marco establecido por el Pacto sobre Migración y Asilo. El documento sitúa además a España entre los principales países receptores de solicitudes de asilo de la EU+ durante 2025, tanto en términos absolutos como en relación con su población.

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