Por un Trabajo Digno, es un proyecto de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT, iniciado en el año 2006 gracias a la financiación de la Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MISSM), y desde el año 2007 también cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE), en el marco de los distintos Programas Operativos (“P.O. Lucha contra la discriminación 2007-2013”, “P. O. de Inclusión Social y de la Economía Social 2014-2020” y “Programa de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza 2021-2027 FSE+”). Este proyecto de sensibilización, tiene como objetivo prevenir la discriminación en el acceso y permanencia en el empleo así como promover la igualdad de trato en el ámbito laboral entre las personas nacionales de terceros países y la población autóctona. Entre sus acciones: sensibilizar a la sociedad mediante el Boletín Por un Trabajo Digno; informar a los trabajadores y trabajadoras sobre sus derechos y obligaciones en el ámbito laboral, elaborando y difundiendo material informativo específico; y realizar campañas de sensibilización contra la discriminación y los prejuicios como la campaña #TrabajoLibreDeBulos; dedicando siempre una especial atención a las mujeres trabajadoras extranjeras no comunitarias, así como a las personas de nacionalidad extracomunitaria que se encuentran en situación de riesgo de pobreza o exclusión.

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Cómo gestionan los países de la UE los centros de protección y el compromiso local

Distribución estratégica de solicitantes y centros

Un reciente informe de la Red Europea de Migración (REM) examina cómo 23 países miembros de la red (y Serbia) distribuyen las personas que solicitan protección internacional y dónde ubican los centros de acogida. Quince países aplican criterios definidos para distribuir solicitantes, mientras que 17 países (más Serbia) organizan internamente la ubicación de los centros de acogida. Los criterios emplean demografía regional, infraestructura, cercanía a servicios y evaluación de necesidades individuales como salud, situación familiar o vulnerabilidad. Algunos estados han incorporado herramientas algorítmicas para optimizar emparejamientos entre solicitantes y ubicación geográfica.

Participación de comunidades locales: de formal a improvisada

Solo cinco países cuentan con planes de comunicación formal previa para la apertura de nuevos centros de acogida. La mayoría, sin embargo, consulta con autoridades locales o representantes electos antes o durante la puesta en marcha de dichos centros. Dieciséis países también involucran a la comunidad local mediante actividades como reuniones vecinales, circular informativa, sesiones abiertas o designación de puntos de contacto. Por ejemplo: en Bélgica se distribuyen folletos, se celebran sesiones informativas y se asignan interlocutores locales; en Irlanda funcionan foros de integración comunitaria; en Países Bajos existen directrices nacionales para orientar a los municipios.

Refuerzo de servicios locales y apoyo financiero

Siete países han establecido mecanismos para canalizar recursos adicionales hacia servicios locales afectados —como atención sanitaria, educación o transporte público— en las zonas con centros de acogida. Irlanda creó tres líneas de financiación propias para ONG y grupos comunitarios; Croacia y Eslovaquia canalizan apoyos mediante proyectos del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI).

Obstáculos frecuentes y prácticas prometedoras

El informe señala que muchos países enfrentan resistencia social, falta de voluntad política, tensión entre niveles de administración y dificultades de coordinación institucional. Tales obstáculos no solo retrasan la apertura de centros, sino que pueden limitar su integración con la comunidad local. No obstante, emergen buenas prácticas agrupadas en cinco ámbitos:
  • Medidas preparatorias antes de abrir centros;
  • Estrategias de involucramiento y convivencia comunitaria;
  • Apoyo financiero a municipios anfitriones;
  • Comunicación clara y proactiva con partes interesadas;
  • Mecanismos de coordinación continua tras apertura.

Hacia políticas más equilibradas e inclusivas

Este informe de la REM aporta una visión comparada valiosa sobre cómo se reparten los solicitantes de protección internacional y cómo los gobiernos interactúan con los territorios locales. El informe podría servir de guía a responsables políticos, autoridades locales, organizaciones de la sociedad civil y demás actores interesados en diseñar modelos de acogida más sostenibles, equilibrados e integradores.
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