El juez apunta a 18 investigados en una presunta trama de regularización irregular de inmigrantes
El titular del juzgado de Instrucción número 8 de Murcia ordena continuar el procedimiento por delitos contra los derechos de los trabajadores, pertenencia a grupo criminal, falsedad documental, estafa, blanqueo de capitales y usurpación de estado civil. Los indicios apuntan a que los extranjeros debían pagar alrededor de los 5.000 euros para obtener el permiso de residencia a través de contratos de trabajo en empresas “de escasa o nula actividad”.
El magistrado del juzgado de Instrucción número 8 de Murcia, en auto notificado esta semana, acuerda que continúe el procedimiento contra 18 investigados por integrar una un grupo dedicado a ofrecer falsos contratos de trabajo a inmigrantes irregulares, principalmente africanos y magrebíes, en estado de necesidad, a través de empresas sin actividad, para regularizar su situación en España. Se cierra así la instrucción de una de las causas complejas que han motivado que este juzgado cuente con una juez de refuerzo durante tres meses.
