El Área Confederal de Migraciones conjuntamente con UGT Albacete, presentan un análisis que pone de manifiesto la contribución de las personas migrantes al crecimiento demográfico y al mercado laboral de Castilla-La Mancha, al tiempo que evidencia las desigualdades que persisten en el acceso al empleo y las condiciones de trabajo.
La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT), en el marco del proyecto Por un Trabajo Digno. Contra el racismo y por la convivencia en los centros de trabajo, ha elaborado un nuevo documento de la serie «Desmontando prejuicios y estereotipos», centrado en la realidad de la población de nacionalidad extranjera en Castilla-La Mancha y, especialmente, en la provincia de Albacete.
El informe, que acompaña al taller #TrabajoLibreDeBulos previsto en Albacete el 24 de noviembre, reúne datos demográficos, laborales y sociales que permiten combatir las ideas preconcebidas sobre la migración y reconocer su aportación a la sociedad y a la economía.
La población migrante, fundamental para el crecimiento demográfico
Uno de los principales datos del informe es el papel decisivo de la población extranjera en el crecimiento demográfico de Castilla-La Mancha. Entre 2021 y 2025, la comunidad autónoma incrementó su población en 73.873 personas, de las cuales 66.207 tenían nacionalidad extranjera. Esto significa que el 89,3 % del crecimiento de población de la región se debió al aumento de personas de nacionalidad extranjera.
La situación resulta especialmente significativa en las provincias de Albacete, Ciudad Real y Cuenca, donde el crecimiento de la población extranjera compensó la pérdida de habitantes de nacionalidad española.
En Albacete, la población total aumentó en 4.025 personas durante este periodo. Sin embargo, este crecimiento solo fue posible gracias al incremento de 9.707 personas extranjeras, que compensaron la reducción de 5.682 habitantes de nacionalidad española.
Los datos también reflejan la importancia de la migración frente al envejecimiento demográfico. En Castilla-La Mancha, el 22,2 % de la población española tiene 65 años o más, frente al 4,5 % de la población extranjera. En Albacete, estos porcentajes se sitúan en el 22,5 % y el 3,2 %, respectivamente.
Más de 119.000 personas extranjeras afiliadas a la Seguridad Social en Castilla-La Mancha
La contribución de las personas migrantes al mercado laboral constituye otro de los aspectos destacados del documento.
En septiembre de 2026, Castilla-La Mancha registraba 119.599 personas extranjeras afiliadas a la Seguridad Social, lo que representaba el 14,4 % del total de la afiliación en la comunidad autónoma.
Su presencia resulta especialmente relevante en determinados sectores económicos. Las personas de nacionalidad extranjera representaban el 55,2 % de la afiliación al Sistema Especial Agrario y el 41,8 % de la correspondiente al Sistema Especial de Empleados de Hogar.
En la provincia de Albacete, 20.079 personas afiliadas a la Seguridad Social tenían nacionalidad extranjera, el 12,4 % del total. Su participación en el sector agrario es particularmente significativa, ya que representan el 63,7 % de las personas afiliadas a este sistema especial.
Estas cifras evidencian la importancia del trabajo de las personas migrantes en actividades esenciales para la economía regional, especialmente en la agricultura, la hostelería, la construcción y los cuidados.
Persisten importantes desigualdades laborales
El informe también pone de manifiesto que la contribución de las personas migrantes al mercado de trabajo no siempre se corresponde con unas condiciones laborales equitativas.
En Castilla-La Mancha, las mujeres representan únicamente el 37,5 % de la afiliación extranjera a la Seguridad Social, mientras que en Albacete este porcentaje desciende al 32,8 %.
Además, el análisis refleja una importante concentración de las personas trabajadoras extranjeras en determinadas ocupaciones. En la provincia de Albacete, el 75,1 % de las mujeres extranjeras ocupadas y el 53,2 % de los hombres extranjeros se concentran en los grupos de ocupaciones elementales y de servicios de restauración, personales, protección y ventas.
La situación de las mujeres extranjeras merece especial atención. En Castilla-La Mancha, su tasa de paro alcanza el 33,15 %, la tercera más elevada del país, únicamente por detrás de Ceuta y Melilla.
Estos indicadores ponen de relieve la necesidad de avanzar hacia un mercado laboral que garantice la igualdad de trato, combata la discriminación por origen o nacionalidad y favorezca el acceso a empleos de calidad.
Los datos contradicen los prejuicios sobre el uso de los servicios públicos
El documento también aborda algunas de las ideas preconcebidas más extendidas sobre la población migrante, especialmente las relacionadas con el acceso a las prestaciones sociales y los servicios sanitarios.
En Castilla-La Mancha, las personas extranjeras representan el 7,8 % de quienes son titulares de rentas mínimas y el 18,7 % de las personas titulares del Ingreso Mínimo Vital.
En el ámbito sanitario, los datos muestran que, de los más de 26 millones de visitas a Atención Primaria registradas en Castilla-La Mancha durante 2024, el 10 % correspondió a personas nacidas en el extranjero, pese a que este colectivo representaba el 15 % de la población autonómica.
Estas cifras contradicen los discursos que atribuyen a la población migrante un uso desproporcionado de los recursos sanitarios y refuerzan la importancia de recurrir a información contrastada para evitar la difusión de bulos.
#TrabajoLibreDeBulos: información para combatir la discriminación
Desde 2019, UGT desarrolla la campaña #TrabajoLibreDeBulos, una iniciativa de sensibilización que busca contrarrestar los prejuicios y estereotipos sobre las personas migrantes mediante información veraz y datos contrastados.
El nuevo documento dedicado a Castilla-La Mancha y Albacete se enmarca en esta labor de sensibilización y pone de manifiesto que la migración contribuye al crecimiento demográfico, al sostenimiento de sectores productivos y al desarrollo económico y social.
Al mismo tiempo, evidencia que siguen existiendo desigualdades que requieren respuestas desde las políticas públicas, el diálogo social y la acción sindical.
Combatir el racismo y la xenofobia en el ámbito laboral exige desmontar los discursos basados en prejuicios y promover una convivencia sustentada en la igualdad de derechos, el respeto y la dignidad de todas las personas trabajadoras.
El proyecto Por un Trabajo Digno. Contra el racismo y por la convivencia en los centros de trabajo está financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y cofinanciado por el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI).