El OPI destaca que el 56% de estas personas está afiliada a la Seguridad Social y que casi todos los menores de 16 y 17 años disponen ya de una autorización que les permite residir y trabajar.
A 31 de marzo de 2026, un total de 21.104 personas menores no acompañadas y jóvenes extuteladas de entre 16 y 23 años contaban con autorización de residencia en vigor en España, según la estadística publicada por el Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI).
La cifra supone un incremento del 11,3% respecto al 31 de marzo de 2025, con 2.143 personas más en el último año. Del total, el 81% corresponde a jóvenes extutelados de entre 18 y 23 años, mientras que el 19% son menores no acompañados de 16 y 17 años.
Marruecos sigue siendo la principal nacionalidad, aunque pierde peso relativo
El 48% de las personas menores no acompañadas y jóvenes extuteladas con autorización de residencia en vigor tiene nacionalidad marroquí. Le siguen Gambia, con el 14%; Argelia, con el 12%; y Senegal, con el 11%.
El informe muestra, no obstante, un cambio progresivo en la composición por nacionalidades. En marzo de 2022, las personas de nacionalidad marroquí representaban el 73% del total, mientras que en marzo de 2026 su peso se ha reducido al 48%. En sentido contrario, han aumentado las personas procedentes de Gambia, Argelia y Senegal.
El perfil sigue siendo mayoritariamente masculino
La edad media del colectivo es de 19 años y el 93% son hombres. Las mujeres representan el 7% del total, sin cambios significativos respecto a periodos anteriores.
Por nacionalidad, entre los hombres predominan Marruecos, Gambia, Argelia y Senegal. En el caso de las mujeres, las principales nacionalidades son Marruecos, Colombia, Argelia y Gambia.
El informe también refleja que algunas nacionalidades presentan una mayor proporción de mujeres, como Perú, Honduras y Colombia.
Aumentan los menores de 16 y 17 años con autorización en vigor
A 31 de marzo de 2026 había 4.060 menores no acompañados de 16 y 17 años con autorización de residencia en vigor. Esta cifra representa el 19% del total y supone un aumento del 34,7% respecto al año anterior.
Casi la totalidad de estas personas —el 98%, 3.976 menores— dispone de una autorización temporal que les habilita a residir y trabajar bajo el motivo “menor guarda o tutela con derecho a trabajar”.
El OPI destaca que esta situación contrasta con la existente antes de la reforma normativa de 2021, cuando muchas autorizaciones no reflejaban de forma expresa el derecho a trabajar, lo que dificultaba la incorporación laboral al cumplir los 16 años.
La reforma normativa consolida nuevas vías de documentación
El documento recuerda que el Real Decreto 903/2021 introdujo cambios relevantes para menores no acompañados y jóvenes extutelados, posteriormente mantenidos en gran medida por el Real Decreto 1155/2024.
Entre las principales mejoras figura la reducción del plazo para documentar a los menores no acompañados y la creación de autorizaciones específicas que permiten trabajar a partir de los 16 años.
A marzo de 2026, el principal motivo de concesión de autorización es “menor guarda o tutela con derecho a trabajar”, con 10.397 personas, el 49% del total. Le sigue “joven extutelado, que tiene autorización como menor”, con 7.216 personas, el 34%; y “joven extutelado, que no tiene autorización como menor”, con 3.172 personas, el 15%.
Solo el 2% mantiene ya autorizaciones vinculadas a motivos anteriores a la reforma normativa.
El 56% está afiliado a la Seguridad Social
El informe dedica un apartado específico a la inserción laboral. A 31 de marzo de 2026, el 56% de las personas menores no acompañadas y jóvenes extuteladas se encontraba afiliada a la Seguridad Social.
En términos absolutos, el número de personas del colectivo que estuvieron al menos un día en alta laboral pasó de 10.763 en marzo de 2025 a 11.764 en marzo de 2026.
La afiliación es mucho más elevada entre las personas jóvenes extuteladas de 18 a 23 años, donde alcanza el 66%. Entre los menores de 16 y 17 años se sitúa en el 11%, un dato que el informe vincula a que estas personas continúan dentro del sistema de protección y suelen participar en actividades formativas.
El contrato indefinido a tiempo completo es el más frecuente
Entre las personas afiliadas, el tipo de contrato mayoritario es el indefinido a tiempo completo, que representa el 41% del total.
El informe señala que este tipo de contrato ha ganado peso en los últimos años. En marzo de 2023 representaba el 32% de las personas afiliadas del colectivo, mientras que tres años después alcanza el 41%.
Hostelería, actividades administrativas y construcción concentran buena parte del empleo
Las principales actividades económicas en las que trabajan las personas menores no acompañadas y jóvenes extuteladas son la hostelería, con el 28%; las actividades administrativas y servicios auxiliares, con el 15%; y la construcción, con el 13%.
Entre los menores de 16 y 17 años, casi la mitad de las personas afiliadas trabaja en hostelería. En cambio, entre los jóvenes extutelados de 18 a 23 años el empleo aparece más repartido entre hostelería, actividades administrativas y servicios auxiliares, y construcción.
El Régimen General concentra la mayor parte de la afiliación
El 86% de las personas afiliadas del colectivo está encuadrado en el Régimen General de la Seguridad Social, con 10.084 personas a 31 de marzo de 2026.
El Sistema Especial de Trabajadores Agrarios concentra el 13%, con 1.503 personas afiliadas. El informe muestra una evolución progresiva: el peso del Régimen General ha aumentado desde el 80% en marzo de 2022 hasta el 86% en marzo de 2026, mientras que el Sistema Agrario ha descendido del 19% al 13% en el mismo periodo.
Una evolución marcada por la documentación y el acceso al empleo
Los datos del OPI muestran una consolidación progresiva de las autorizaciones introducidas tras la reforma normativa de 2021, especialmente aquellas que reconocen expresamente el derecho a trabajar.
El incremento de personas documentadas, el aumento de menores de 16 y 17 años con autorización habilitante para trabajar y la estabilidad de la afiliación a la Seguridad Social reflejan la importancia de la regularidad administrativa para favorecer los itinerarios de autonomía, inserción laboral e inclusión social de jóvenes que han pasado por el sistema de protección.