Por un Trabajo Digno, es un proyecto de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT, iniciado en el año 2006 gracias a la financiación de la Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MISSM), y desde el año 2007 también cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE), en el marco de los distintos Programas Operativos (“P.O. Lucha contra la discriminación 2007-2013”, “P. O. de Inclusión Social y de la Economía Social 2014-2020” y “Programa de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza 2021-2027 FSE+”). Este proyecto de sensibilización, tiene como objetivo prevenir la discriminación en el acceso y permanencia en el empleo así como promover la igualdad de trato en el ámbito laboral entre las personas nacionales de terceros países y la población autóctona. Entre sus acciones: sensibilizar a la sociedad mediante el Boletín Por un Trabajo Digno; informar a los trabajadores y trabajadoras sobre sus derechos y obligaciones en el ámbito laboral, elaborando y difundiendo material informativo específico; y realizar campañas de sensibilización contra la discriminación y los prejuicios como la campaña #TrabajoLibreDeBulos; dedicando siempre una especial atención a las mujeres trabajadoras extranjeras no comunitarias, así como a las personas de nacionalidad extracomunitaria que se encuentran en situación de riesgo de pobreza o exclusión.

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El Gobierno aprueba un real decreto para regularizar la situación administrativa de personas migrantes en España

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que establece un proceso extraordinario para regularizar la situación administrativa de personas migrantes que residen en España sin autorización de residencia. 

La medida, anunciada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, busca favorecer la inclusión social y laboral de estas personas.

Un proceso extraordinario de regularización

El real decreto regula un mecanismo excepcional dirigido a personas migrantes que se encuentran en situación administrativa irregular, permitiéndoles acceder a una autorización de residencia y trabajo si cumplen los requisitos establecidos. El objetivo es reducir la irregularidad y facilitar la incorporación de estas personas a la sociedad y al mercado laboral en condiciones de legalidad, contribuyendo al mismo tiempo a mejorar su protección social y sus derechos laborales.

Requisitos de acceso al proceso

Entre los criterios establecidos, el proceso contempla la acreditación de la residencia en España durante un periodo determinado, así como el cumplimiento de otras condiciones vinculadas a la integración social y laboral. El procedimiento también tiene en cuenta la necesidad de garantizar la seguridad jurídica y la transparencia en la tramitación de las solicitudes.

Enfoque de inclusión social y laboral

El real decreto se enmarca en una estrategia más amplia orientada a la inclusión de las personas migrantes en la sociedad y en el mercado laboral. Desde una perspectiva de género, el proceso resulta especialmente relevante para las mujeres migrantes, que presentan mayores niveles de vulnerabilidad en sectores como el trabajo doméstico y de cuidados, donde la informalidad es más elevada.

Garantía de derechos y cohesión social

El Ministerio subraya que la medida permitirá reforzar la cohesión social, garantizando el acceso a derechos básicos como el empleo, la protección social y los servicios públicos. Asimismo, el proceso pretende ofrecer una respuesta ordenada y estructurada a la realidad migratoria en España, favoreciendo la integración y la igualdad de oportunidades.
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