Por un Trabajo Digno, es un proyecto de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT, iniciado en el año 2006 gracias a la financiación de la Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MISSM), y desde el año 2007 también cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE), en el marco de los distintos Programas Operativos (“P.O. Lucha contra la discriminación 2007-2013”, “P. O. de Inclusión Social y de la Economía Social 2014-2020” y “Programa de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza 2021-2027 FSE+”). Este proyecto de sensibilización, tiene como objetivo prevenir la discriminación en el acceso y permanencia en el empleo así como promover la igualdad de trato en el ámbito laboral entre las personas nacionales de terceros países y la población autóctona. Entre sus acciones: sensibilizar a la sociedad mediante el Boletín Por un Trabajo Digno; informar a los trabajadores y trabajadoras sobre sus derechos y obligaciones en el ámbito laboral, elaborando y difundiendo material informativo específico; y realizar campañas de sensibilización contra la discriminación y los prejuicios como la campaña #TrabajoLibreDeBulos; dedicando siempre una especial atención a las mujeres trabajadoras extranjeras no comunitarias, así como a las personas de nacionalidad extracomunitaria que se encuentran en situación de riesgo de pobreza o exclusión.

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La REM analiza la respuesta europea ante la trata de seres humanos

Especial atención a las víctimas extranjeras

La Red Europea de Migración (REM) ha publicado un nuevo informe que examina las respuestas de 25 países miembros y observadores frente a la trata de seres humanos. El documento recopila las medidas existentes y previstas para prevenir este delito, investigar sus redes, proteger a las víctimas y cooperar internacionalmente.

En 2022, el 63,1 % de las víctimas identificadas eran nacionales de terceros países, lo que representa un incremento respecto al periodo 2019-2021 (43 %). A pesar de este aumento en la detección, muchas víctimas aún no son identificadas, lo que representa uno de los principales retos señalados por los países participantes.

Refuerzo del marco legal europeo y cooperación institucional

La trata de personas es una de las violaciones más graves de los derechos humanos, y por ello la UE la ha incorporado como prioridad en su Estrategia de lucha contra la delincuencia organizada 2021-2025.

En julio de 2024, entró en vigor la revisión de la Directiva sobre la trata de seres humanos. Esta reforma introduce herramientas más estrictas para prevenir, perseguir y sancionar estos delitos, así como para mejorar la protección de las víctimas.

Además del marco legal, los Estados miembros colaboran con organismos como Europol, Frontex y Eurojust, y participan en plataformas de coordinación como EMPACT. En 2023, once países impulsaron acciones conjuntas con estas agencias fuera del territorio europeo.

Medidas nacionales e integración en políticas migratorias

La mayoría de los países han desarrollado acciones dirigidas a combatir la trata vinculada a la migración. Estas se articulan generalmente a través de estrategias más amplias en materia de migración, asilo, control de fronteras o lucha contra la delincuencia organizada.

Las iniciativas incluyen campañas de sensibilización en países de origen, formación a policías y funcionarios, programas de apoyo a víctimas y acciones de prevención. La implementación suele estar a cargo de ONG, organismos internacionales como la OIM y entidades financiadas con fondos públicos, tanto nacionales como europeos.

Cooperación con terceros países: buenas prácticas y zonas prioritarias

Un total de 13 países han compartido buenas prácticas en cooperación internacional, entre ellas la colaboración con organizaciones de la sociedad civil y con países de origen y tránsito. Las actividades incluyen el envío de oficiales de enlace, programas de refuerzo institucional, identificación de víctimas y formación técnica.

Además, nueve países, junto con Serbia y Georgia, han establecido mecanismos de cooperación estructurada para enfrentar la trata transnacional. Las zonas prioritarias para la acción conjunta son el Sahel, el Cuerno de África, el norte de África, Europa del Este y los Balcanes Occidentales.

Principales dificultades y necesidades detectadas

El informe destaca varios obstáculos comunes en la lucha contra la trata: la dificultad para identificar a las víctimas, los problemas en la coordinación internacional, los retos judiciales y la necesidad de reducir la demanda.

También se señalan barreras culturales y desconfianza institucional en algunos países de origen y tránsito, lo que complica la cooperación. La pandemia de COVID-19 trasladó parte de la actividad delictiva al entorno digital, haciendo más difícil su detección.

Frente a estos retos, los países consultados coinciden en la necesidad de reforzar la cooperación internacional, mejorar los mecanismos de identificación de víctimas y aumentar las investigaciones financieras y digitales. Al cierre de 2023, varios Estados estaban trabajando en la creación o actualización de estrategias nacionales que incluyeran una mayor colaboración con terceros países.

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